[Traducción del artículo original: Sinais trocados: a quem interessa novas grandes hidrelétricas na Amazônia?]

Desde el punto de vista de la generación eléctrica, ya no son necesarias nuevas centrales hidroeléctricas en Brasil. No obstante, el Gobierno Federal ha anunciado otras tres grandes centrales hidroeléctricas en la región.

Por Alessandra Mathyas, Sérgio Guimarães y Brent Millikan

 2/03/2022 13h56 Actualizado hace una semana

A mediados de enero, dos noticias algo antagónicas sorprendieron a quienes siguen el sector energético brasileño. La primera fue la apertura de la consulta pública del Plan Decenal de Energía – PDE 2031, elaborado por un equipo multidisciplinar de la Empresa de Investigación Energética (EPE), vinculada al Ministerio de Minas y Energía. La otra, el anuncio de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) de ampliar los estudios de viabilidad de tres grandes centrales hidroeléctricas en la cuenca del Tapajós. ¿Por qué estos dos hechos son antagónicos? Discutamos.

El PDE 2031 detalla en todo un capítulo sobre cuestiones socioambientales, el impacto del cambio climático en el sector energético, aludiendo a las «incertidumbres sobre la futura disponibilidad hídrica». Según el análisis presentado en el plan, «aunque hay imprecisiones y limitaciones en los modelos de proyección climática, hay conclusiones concretas de que hay un cambio en los patrones de temperatura», lo que debería llevar a «probables consecuencias en las precipitaciones».

A esto se suma la cuestión pluviométrica, la demanda de uso del agua en otros sectores y los cambios en el uso y cobertura del suelo (deforestación), que afectan directamente al régimen de lluvias y a las reservas subterráneas que llegan a los ríos. Aun así, el plan presenta un escenario con ocho nuevas centrales hidroeléctricas previstas para entrar en funcionamiento en los próximos diez años.

Los dos últimos años ya han puesto en jaque la capacidad de generación hidroeléctrica de Brasil. No es casualidad que haya sido necesario encender más centrales térmicas, sobre todo desde julio de 2021, alcanzando una cantidad del 26% del total de la energía consumida en el país (17.000 mil MW med). Las lluvias de finales de año aliviaron un poco el caudal y los reservorios, pero la población brasileña sigue y seguirá pagando la factura de esta generación termoeléctrica, mayoritariamente fósil -con fuertes implicaciones en las emisiones de gases de efecto invernadero-, al menos en los próximos cinco años. Esto nos lleva a la conclusión de que es

muy difícil planificar a la luz de la disponibilidad de reservorios, sobre todo cuando se depende excesivamente de la hidroelectricidad, recordando que los estudios indican que los efectos del clima sobre el régimen de lluvias y las reservas de agua serán cada vez mayores, con previsiones de reducción de caudales, incluso en la Amazonia.

Anunciar ahora estudios para otras tres grandes hidroeléctricas en la Amazonia, además de tres represas ya incluidas en el PDE 2031, da la impresión de que se trata de una «medición de la temperatura» de los agentes del gobierno en un año electoral. Según las noticias de ANEEL, las tres presas estarían situadas en el río Jamanxim, afluente del río Tapajós, denominándose Jamanxim, Cachoeira do Caí y Cachoeira dos Patos, con una potencia total de 2,2 MW. En conjunto, las presas inundarían más de 60 mil hectáreas, incluidas importantes zonas del territorio indígena Sawre Muybu, del pueblo Munduruku, el Parque Nacional Jamanxim y los bosques nacionales Jamanxim, Itaituba 1 e Itaituba 2.

En realidad, ANEEL está sacando del baúl viejos proyectos, planificados hace más de diez años como parte del llamado «Complejo Tapajós», que incluiría grandes y polémicas presas en el eje principal del río Tapajós: São Luiz do Tapajós, Jatobá y Chacorão. En 2016, el IBAMA suspendió la licencia de la UHE São Luiz do Tapajós, debido a graves defectos en los estudios de impacto ambiental, incluso en lo que respecta a sus efectos acumulativos con otros proyectos. A la justificación se añade el hecho de que inundaría el territorio indígena de Sawre Muybu, provocando el desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas, lo que sería inconstitucional.

En los últimos años se produjo un abandono de empresas internacionales como Engie (antes GDF Suez) y EDF del consorcio de empresas «Grupo de Estudos Tapajós» liderado por Eletrobras. Ahora, con la privatización de Eletrobras y las amenazas de graves retrocesos en la legislación sobre licencias ambientales y derechos indígenas, hay aún más dudas sobre la gobernabilidad de estos proyectos, generando más inseguridad sobre los riesgos legales, financieros y de reputación, con fuertes implicaciones para el atractivo de estos proyectos para los inversores internacionales.

También hay otros factores que aderezan este caldero de contradicciones que intenta resucitar presas hidroeléctricas ya rechazadas en el pasado. Brasil quiere entrar cada vez más en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero para ello debe seguir criterios socioambientales muy estrictos. Las cuestiones legales y judiciales que aún involucran a las últimas grandes hidroeléctricas de la Amazonia (Santo Antônio, Jirau, Belo Monte, Teles Pires, entre otras), sumadas al daño ambiental y a la violación de los derechos de los pueblos originarios son puntos negativos para el país.

¿Brasil estaría realmente dispuesto a aumentar la negatividad en el ámbito internacional al seguir defendiendo las grandes presas hidroeléctricas, en un contexto de cambio climático acelerado y especialmente en un bioma ya tan amenazado? Un bioma que, por otro lado, ¿tiene un gran potencial energético de energía solar y las más variadas fuentes de biomasa? ¿Estaría dispuesto a poner en riesgo el bioma y sus habitantes, en interminables disputas legales que retrasan y hacen económicamente inviable un proyecto del tamaño de una gran presa hidroeléctrica y de las líneas de transmisión necesarias? Recordemos que el costo inicial de Belo Monte fue de 16.000 millones de reales, pero cuando se inauguró la última turbina, en 2019, ya había superado los 40.000 millones de reales, sin contar el valor del daño ambiental, tímidamente presupuestado en más de 1.000 millones de reales.

Volviendo al PDE 2031, donde se insiste en la construcción de las hidroeléctricas de Bem Querer, Tabajara y Castanheira en la Amazonía para la década, y teniendo como supuestos argumentos los costos del cambio climático sobre el sector energético, no tiene sentido que, en un año electoral tan importante, se vuelva a traer a colación la amenaza de las grandes represas en cuencas ya tan sensibles a otros daños como la minería ilegal, la deforestación, la persecución de líderes indígenas y comunitarios.

Las justificaciones de que estas plantas también traerían el desarrollo sostenible a la región, puestos de trabajo, infraestructuras, además de ser más baratas que otras fuentes, no están respaldadas por la historia de este tipo de proyectos en la región.

Y conviene recordar que todavía hay muchas personas sin acceso a la energía en torno a las plantas. Los municipios donde se ubican los proyectos tienen el IDH más bajo de la región. Y los puestos de trabajo no son perennes ni regionales, ya que requieren mano de obra altamente cualificada.

Desde el punto de vista de la generación eléctrica, ya no son necesarias nuevas centrales hidroeléctricas en el país.

Esta es la conclusión de un amplio estudio realizado en colaboración por el Gobierno Federal y la Cooperación Alemana (GiZ) con un consorcio de consultores especializados, que muestra cómo las fuentes de energía renovables variables (eólica y solar) pueden integrarse en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) sin afectar al suministro y con un almacenamiento adecuado. Para ello, es necesario invertir en un sólido sistema de transmisión que garantice un funcionamiento seguro, fiable y estable, que permita la complementariedad de las fuentes en diferentes regiones.

Al entender estos hechos, vale la pena insistir una vez más en la pregunta del título: ¿quién está interesado en las nuevas grandes centrales hidroeléctricas en la Amazonia?

* Alessandra Mathyas, Sérgio Guimarães y Brent Millikan son miembros del Grupo de Trabajo sobre Infraestructuras, una red de más de 40 organizaciones unidas para debatir modelos de desarrollo sostenible.