Por Isaac Alejo Reyes
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
El último 9 de abril se realizó una audiencia clave(1) en la Corte Superior de Justicia de Ucayali: se revisaron las apelaciones a la sentencia que, en febrero de este año, condenó a 28 años de prisión y al pago de una reparación civil de 200 mil soles a los responsables del asesinato de cuatro defensores indígenas ashéninkas: Edwin Chota, Francisco Pinedo, Leoncio Quintisima y Jorge Ríos, miembros de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto que fueron asesinados en 2014 por denunciar la tala ilegal en la región Ucayali; audiencia que representa un nuevo intento por alcanzar justicia, luego de más de una década de espera.
Recordemos que los cuatro líderes indígenas fueron asesinados el 1 de septiembre de 2014, en medio de un contexto de amenazas previas tras las denuncias que habían formulado en contra de taladores ilegales. Desde entonces, este caso se ha convertido en un símbolo, no solo por ser uno de los primeros en destacar la situación de los defensores ambientales frente a diversas amenazas que restringen sus derechos, sino también por ilustrar las innumerables barreras para acceder a la justicia y combatir la impunidad.
Pese a ello, han transcurrido once años desde los crímenes y aún no hay condenas firmes, ni reparación integral para las familias. Once años en los que los huérfanos de las víctimas crecieron en un ambiente hostil, marcado por la ausencia de sus padres y las amenazas constantes a sus familias por exigir justicia.
La tragedia de Saweto no se limita a cuatro muertes, sino que es un espejo de la vulnerabilidad que enfrentan los defensores ambientales en el Perú. Las familias de las víctimas cargan con consecuencias devastadoras, tales como el impacto económico que dejó en condiciones precarias a los familiares de los defensores, quienes en muchos casos tuvieron que abandonar sus estudios para trabajar. El daño emocional es igualmente profundo: es el caso, por ejemplo, de las viudas, forzadas a viajar continuamente para seguir el proceso judicial en medio de amenazas por parte de los imputados, y en marco de investigaciones que inicialmente fueron impulsadas en un idioma ajeno al suyo.
Mientras tanto, los acusados gozan de impunidad y han seguido desarrollando sus actividades en libertad pese a la sentencia de primera instancia, por ello es imprescindible que se confirme la sentencia en segunda instancia, cerrando así el proceso. Además, las denuncias por tala ilegal interpuesta en el 2013 por los líderes fallecidos no tienen sentencias hasta la actualidad.
Saweto, lamentablemente, no es un caso aislado. Existe un patrón presente en distintos casos como el de Quinto Inuma, quien fue asesinado en 2023 en medio de distintas amenazas de taladores ilegales a quienes había denunciado como parte de las acciones en búsqueda de la seguridad jurídica territorial para su comunidad. A la fecha ya son 35 casos, según la organización indígena nacional AIDESEP, y la pregunta detrás es si en alguno se ha logrado alcanzar la justicia.
Este caso refleja la necesidad de repensar la forma de administrar justicia con enfoque intercultural para la investigación de los delitos. Así también, necesitamos más fiscalías especializadas en derechos humanosy plazos razonables para que los procesos penales por crímenes contra defensores sean ágiles.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que en un contexto de alta violencia como el que atraviesa la Amazonía, necesitamos fortalecer las medidas preventivas, integrando y reconociendo mecanismos de autoprotección comunitaria, tales como: El Sistema de Alertas y Acciones Tempranas (SAAT) de AIDESEP, el Centro de información satelital indígena “Imenko Tsiroti” de ORAU, las Guardias Indígenas del pueblo Shipibo y Kakataibo, la Policía Comunal Awajún y otros, que buscan responder a las crecientes presiones territoriales, que son cada vez más notorias.
La apuesta de estas iniciativas busca en muchos casos articularse con aquellas que lidera el Estado peruano, como es el caso del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derecho Humanos, a cargo del Ministerio de Justicia y las Mesas regionales para la protección de personas defensoras de los derechos humanos.
Frente a esta situación, es necesario que el sistema de justicia actúe condenando a los culpables de los asesinatos, porque no podemos permitir que las economías ilícitas como la tala ilegal, minería ilegal y deforestación sigan creciendo a merced de amenazas y asesinatos de nuestros defensores ambientales. Porque la justicia no puede seguir negándose a quienes protegen la vida y nuestros bosques. Porque como dijo el filósofo Séneca: Nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia tardía.
Notas
(1) Audiencia de apelación de segunda instancia en la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali donde fueron revisadas las apelaciones presentadas a la sentencia de primera instancia, dictada el 27 de febrero de 2024.
*Audiencia de segunda instancia caso Saweto Corte Superior de Justicia de Ucayali. Foto: Carlos Quispe/DAR.