- ORPIAN denuncia la presencia de mineros ilegales en el río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
- A un mes ocurridos los derrames de petróleo del oleoducto norperuano, las comunidades nativas Awajun y Wampis de la reserva Santiago Comaina exigen mayor presencia de las autoridades ambientales.
- Nuevas amenazas y la poca presencia del estado hace que indígenas planteen llevar sus exigencias a instancias internacionales.
En la provincia de Condorcanqui, al norte de la región Amazonas, la presencia de mineros ilegales continúa en las márgenes del río Santiago. Como denuncia Edwin Montenegro, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana del Norte del Perú (ORPIAN-P), la minería ilegal viene afectando a cerca de 70 mil nativos de las etnias Awajun y Wampis que habitan en la reserva Santiago Comaina.
“La minería ilegal cada vez está aumentando y eso es un peligro porque no hay nadie que esté monitoreando esta actividad”, sostuvo Montenegro. Como pudo comprobar un equipo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) invitado por la organización indígena, las dragas y máquinas que advierten la presencia de mineros ilegales, así como la destrucción del bosque que genera la actividad, puede observarse en la quebrada Pastazio, al nivel de la comunidad nativa Yutupis.
Los mineros ilegales se encuentran ampliando sus fronteras hacia distintas quebradas del río Santiago. Según refieren los comuneros de comunidad nativa, los mineros extraen entre 40 y 100 gramos de oro por día y utilizan mercurio para procesar el mineral. El oro es llevado posteriormente en la ruta hacia Bagua y finalmente vendido en la ciudad de Chiclayo.
A pesar de las intervenciones realizadas los años 2014 y 2015 por la Comisión en Asuntos de Formalización de la Minería de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la zona, esta actividad aún no ha logrado ser detenida por las autoridades. “Hemos puesto una queja ante el Fiscal de la Nación y el Ministerio del Ambiente para que las autoridades competentes puedan actuar. Esta actividad está dañando la amazonia”, refirió el líder de ORPIAN, por lo cual “las mismas comunidades y sus organizaciones ejecutan sus sistemas de vigilancia indígena, estando pendiente que el Estado reconozca e incluya oficialmente estos esfuerzos al sistema nacional de gestión ambiental”.
Según cifras del Ministerio del Ambiente, más de 50mil hectáreas de bosques han sido deforestadas en la región Madre de Dios por causa de la minería ilegal. En la misma región, en la ciudad de Puerto Maldonado, 78% de los adultos posee niveles de mercurio superiores a los permitidos por la Organización Mundial de la Salud.