Elaborado por: Denisse Linares | DAR-Programa Amazonía
La Amazonía es uno de los biomas más importantes para la sobrevivencia de la humanidad. Sin embargo, sufre una crisis climática sin precedentes, debido a los altos índices de deforestación, la cual implica disputas territoriales que han puesto en riesgo la vida de los defensores y defensoras ambientales e indígenas. Frente a ello, es urgente que se cambie la forma de planificación como país, donde la presencia del sector privado debe desempeñarse bajo condiciones de responsabilidad y respeto a los pueblos indígenas.
Sobre el préstamo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo al Gobierno peruano por US$50 millones, denominado “Programa para impulsar el financiamiento de la inversión privada en la Amazonía Peruana: Oportunidad de apalancar la Bioeconomía”. El préstamo beneficiará a pequeños, medianos y grandes productores; y será administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). Según el BID, el programa, mediante la bioeconomía, se alinea con los esfuerzos del Gobierno peruano para la reducción de la deforestación.
En su diagnóstico, el BID se refiere principalmente a la situación de pobreza en la que se encuentran las regiones amazónicas, por lo que tiene como objetivo la eliminación de las barreras para acceder a créditos en bionegocios, como una alternativa de solución, pero no señala cómo ello contribuiría a la lucha contra el cambio climático. Por ello, es importante analizar los riesgos y oportunidades del préstamo en relación a la crisis climática y sobre el respeto de los derechos indígenas.
Sin duda, uno de los problemas a enfrentar en las regiones amazónicas es la pobreza. Los bionegocios podrían contribuir a mejorar la situación, siempre que se priorice el desarrollo local y que sean económicamente sostenibles. Sin embargo, el BID señala que actualmente no es posible determinar la exclusión de las comunidades de los beneficios del proyecto. Ello iría en contra del objetivo del programa, debido a que la mayor población en situación de pobreza es la de los pueblos indígenas. En ese sentido, es necesario que el BID asegure criterios para que los pueblos indígenas accedan a los préstamos.
El BID señala que existen posibles impactos debido a la mala implementación por parte de los productores, y conflictos por tierras y recursos. Frente a ello, es necesario que el BID y COFIDE trabajen con el MINAM y sus instituciones adscritas, así como los pueblos indígenas, la sociedad civil y la academia, asegurando la distribución justa de beneficios, implemente la evaluación ambiental estratégica; y recoja los planes de vida de los pueblos indígenas, entre otros.
El préstamo también debe asegurar que no se incluirán monocultivos[1], ya que son la causa principal de la deforestación[2], de manera que presente soluciones reales contra la crisis climática, evitando agronegocios de este tipo.
Por otro lado, el préstamo indica que, actualmente no es posible determinar si financiarán subproyectos que generen el reasentamiento involuntario y afectaciones a pueblos indígenas. Al respecto, el BID debe asegurar el respeto a la vida, territorio y a la consulta previa de los pueblos indígenas. Recordemos que el Perú es uno de los países más peligrosos para defender la naturaleza. Por tanto, el programa tiene la responsabilidad de no intensificar las amenazas y contribuir en mejorar dicha situación.
Finalmente, el préstamo del BID debe actuar con responsabilidad frente a los problemas que están enfrentando los pueblos indígenas en la Amazonía, priorizando los beneficios locales y con avances reales para la lucha contra las actividades que han agudizado la crisis climática.
[1] Tomado de: Informe Defensoría del Pueblo
[2] Ver estudio