Santiago de Chile, 23 de septiembre de 2019.- Inadecuado acceso a la información para ejercer efectivamente sus derechos colectivos o mecanismos de reparación, en medio de un contexto de políticas agresivas de inversión en infraestructura y en el sector extractivo como respuesta a la crisis económica, son desencadenantes de conflictos sociales en América Latina y el Caribe.
Dado que las actividades extractivas se realizan, sobre todo, en zonas rurales y territorios de pueblos indígenas, es necesario aclarar algunos panoramas respecto al enfoque intercultural y de género en el marco de los derechos humanos y las empresas. Es por ello que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) realizaron un side event en el marco de la Cuarta Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, realizado en Santiago de Chile, el 3 y 4 de septiembre del 2019.
Bajo el título “Enfoque diferencial para la protección de personas defensoras de derechos humanos y su acceso a mecanismos de reparación”, el evento buscó dar a conocer las iniciativas regionales, como el Acuerdo de Escazú, y nacionales (Protocolo de Defensores de Perú) que representan oportunidades para la protección efectiva de los defensores y defensoras indígenas; y la problemática del acceso a la reparación.
Programa de Defensores de la COICA
Sandra Tukup. Foto: Facebook @onudh.
El evento contó con la participación de líderes y lideresas indígenas de federaciones indígenas de Guatemala y Perú. Por parte del Programa de Defensores y Defensoras Indígenas de la COICA, Sandra Tukup mencionó la importancia de desarrollar mecanismos para la atención inmediata y efectiva de defensoras y defensores indígenas amazónicos, quienes padecen situaciones de amenaza, violencia, criminalización y persecución, en un escenario de vulneración de sus derechos y sus territorios. La realidad de la cuenca amazónica es desconsoladora: “en Colombia, existen asesinatos de dirigentes y dirigentas, en Brasil su presidente afirma que los pueblos indígenas no tienen derechos, en Ecuador con los casos de Tundayme y Nankints y la explotación minera, desde el Programa de Defensores y Defensoras de la COICA se han realizado acciones de incidencia”, informó Tukup. Además, agregó que el programa centralizará la información de casos de los 9 países de la cuenca amazónica para desarrollar “protocolos de respuesta y formatos para atención y seguimiento de casos, por ejemplo declaraciones, redes de comunicación, acciones legales nacionales y a nivel de cortes internacionales, etc.”
Esta realidad no es la excepción en Centroamérica, Ana Reina, defensora Maya Ixil, informó que las cifras de criminalización en Guatemala han sido alarmantes, solo en 2017 se registraron 13 asesinatos de hermanos y hermanas defensores, y en 2018 fueron asesinados 26 personas en defensa de los derechos humanos, defensa de los recursos hídricos, de los territorios y de los bienes naturales. “La tribunalización a defensores es el uso indebido del derecho penal para controlar, castigar o impedir su lucha. Tenemos casos de encarcelados por 3 años y sin ninguna compensación emocional y económica por parte del Estado y de las Empresas, a pesar que fueron declarados inocentes y eximidos de los cargos en su contra. Esto ha empeorado en el actual Gobierno de Guatemala”.
En el caso de la situación de las mujeres de las zonas de sacrificio en resistencia de Quintero y Puchuncaví, Hernán Ramírez, en su presentación, comentó que el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) contabilizó 1699 atenciones de urgencias por contaminación en la zona, y a la fecha no encuentran una repuesta por las industrias contaminantes que operan.
En el caso peruano, Agilio Semperi del COMARU compartió la experiencia indígena de los programas de vigilancia y monitoreo, como fuente de información para la reparación ambiental y social. Además, precisó la urgencia de que estos programas sean tomados en cuenta en los procesos de fiscalización ambiental.
“Camisea es la primera experiencia de explotación de gas a gran escala en la Amazonía peruana. El Lote 88 se superpone sobre la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, en más del 70%, donde habitan pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. En la actualidad la población indígena tienen graves problemas de salud por contaminación, ha disminuido la pesca y la caza por la contaminación de los ríos. Gracias al Programa de Monitoreo Indígena de COMARU se ha hecho seguimiento a las actividades del proyecto. El fortalecimiento e institucionalidad de este sistema de vigilancia indígena para que sea parte del SINEFA es vital”.
Agilio Semperi Borja
Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
#EscazúAHORA y Protocolo de Defensores
Valeria Torres de la Comisión Económica para América Latina y El caribe (CEPAL) detallo los beneficios del Acuerdo de Escazú. Este Acuerdo es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones vinculantes en proteger específicamente a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, también llamados “defensores ambientales”.
Entre los beneficios de ratificar el Acuerdo, resaltó que contribuye con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, a través de la gobernanza, y la transparencia de las principales obligaciones nacionales (de los Estados hacia sus sociedades), ello con apoyo regional: asistencia, cooperación y fortalecimiento de capacidades entre Estados. En la actualidad, el Acuerdo de Escazú ha sido suscrito por 17 países y se necesitan 11 ratificaciones para su entrada en vigor. Oficialmente, Guyana es el único país que lo ha ratificado.
Al respecto, Patricia Tipian de la Defensoría del Pueblo (Perú) manifestó que dentro del mandato constitucional del Perú se debe defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, por lo que el Acuerdo de Escazú prevalece la protección de los defensores ambientales. Perú ha suscrito el acuerdo y está pendiente en el Legislativo su ratificación. De igual modo, destacó la aprobación del Protocolo de Defensores para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos. Este protocolo fue elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Perú) como un instrumento de buenas prácticas, ya que propicia, a través de la articulación de acciones con las autoridades e instituciones competentes, una adecuada y eficaz investigación, juzgamiento, sanción y reparación en casos de ataques dirigidos a personas defensoras de derechos humanos.
Fotos: Facebook @onudh.