Lima 26 de enero del 2021.- Recientemente, se ha hecho pública una comunicación enviada por las representantes de las Relatorías de las Naciones Unidas relacionadas con la promoción y protección de los derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (PDDH)1 hacia el Estado peruano. En el documento señalan la urgente atención que debe realizar el Estado ante los casos de hostigamiento y asesinatos identificados en la Amazonía y en el contexto de las protestas pacíficas contra el expresidente Manuel Merino.
El documento solicita al Estado peruano, entre otros puntos, lo siguiente: (i) proporcionar información sobre la situación actual de las investigaciones respecto al asesinato de Roberto Pacheco, defensor de los derechos ambientales en Madre de Dios; (ii) identificar cómo los órganos del Estado estarían respetando los estándares internacionales y ordenamiento interno relacionados con las PDDH y derechos indígenas; (iii) brindar información sobre las investigaciones realizadas sobre las amenazas en contra de Demetrio Pachecho, Miguel Guimaraes, Herlin Odicio Estrella, Jesus Cahuasa, Berlin Diques y Jamer López; e, (iv) indicar las medidas concretas que se llevaron a cabo para garantizar la protección dichos defensores.
El Estado peruano tiene un plazo de 60 días para atender la petición de los relatores. La información recabada; así como el informe ante el Consejo de Derechos Humanos, será publicada en el sitio web de la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. La difusión de esta comunicación coincide con el desarrollo de una nueva Mesa Multiactor, organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) con la finalidad de recoger comentarios sobre el diagnóstico de PDDH como parte del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA).
En esta mesa participaron representantes del Ejecutivo, Legislativo (congresista Rocío Silva-Santisteban); representantes de gremios empresariales, sindicatos, organizaciones de sociedad civil, como Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y organizaciones indígenas, entre las cuales se encuentra la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), integrante de la Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos, en esta ocasión, representada por Jamer López.
DAR formuló algunos comentarios al diagnóstico, los cuales pueden ser agrupados en tres pilares. Respecto del pilar I, referido al deber estatal de proteger los derechos humanos, se insistió en la necesidad de contar con una herramienta intersectorial que articule acciones concretas entre distintas entidades con capacidad para poder brindar protección a las personas defensoras; especialmente, los sectores de Justicia, Interior, Ambiente, entre otros. De la misma manera, para gobiernos regionales y locales, órganos judiciales y órganos encargados de la investigación de los delitos (p.e. la Dirección de Medio Ambiente de la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú o las Fiscalías Especializadas en Materias Ambientales). La necesidad de articular a estos distintos actores también va relacionada con el pilar III; especialmente, en lo relacionado a que el acceso a mecanismos de reparación se encuentra condicionado por procesos donde la carga de la prueba es bastante alta, lo que termina sobreexponiendo a las PDDH al tener que recabar pruebas contundentes de la amenaza a la que se enfrentan.
En cuanto al pilar II, sobre el deber de respeto de los derechos por parte de las empresas, DAR señaló que las afectaciones a los derechos de las PDDH también se producen en el ámbito de las empresas “formales” o autorizadas por el Estado. Esto tiene relación con el deber de debida diligencia empresarial cuando la empresa no evita afectaciones a los derechos humanos, sabiendo que sus actividades podrían conllevar a una (p.e., cuando una empresa obtiene una concesión a sabiendas de que existen solicitudes de titulación de tierras, por parte de los pueblos indígenas o cuando se encuentran ante un territorio que ha sido solicitado para la creación de Reservas Indígenas de pueblos en situación de aislamiento o contacto inicial).
Se espera que el documento pueda recoger las observaciones presentadas por los distintos asistentes, a fin de contar con una versión final que servirá de insumo directo para el PNA. En general, existe la expectativa de articular acciones concretas para asegurar una protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente para aquellas relacionadas con los derechos indígenas, territoriales y ambientales.
Notas:
Comunicación de Relatorías de las Naciones Unidas relacionadas con la promoción y protección de los derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Referencia AL PER 9/2020. Disponible en: https://bit.ly/3cqNMNZ
Si desea conocer sobre el PNA, puede revisar la información institucional proporcionada por el MINJUSDH: http://bit.ly/39kaF3u
La Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos fue constituida el 2018 y se encuentra integrada por AIDESEP y las organizaciones regionales COMARU, CORPI-SL, ORAU, y ORPIO. Bajo el acompañamiento técnico de DAR ha presentado aportes a los distintos documentos enviados al MINJUSDH: https://bit.ly/36eX8bn
1Se trata de una comunicación suscrita por Mary Lawlor (Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos), David R. Boyd (Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible), Agnes Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias), Clement Nyaletsossi Voule (Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación) y José Francisco Cali Tzay (Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas).