Rechazamos las actividades extractivas de hidrocarburos en Áreas Naturales Protegidas de uso indirecto y Reservas Indígenas para PIACI en la Amazonía peruana

Dic 13, 2023 | Amazonía, ANP, Cambio Climático, derechos indigenas, Diversidad Biológica, gestion ambiental, hidrocarburos, PIACI, PPII

Foto: Maria Fe Mendoza / DAR

Las organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas nos pronunciamos ante la campaña sistemática impulsada por el congresista Eduardo Salhuana y de autoridades del Ejecutivo (PERUPETRO S.A. y Ministerio de Energía y Minas-MINEM), para implementar actividades extractivas de gas (tren gasífero) en Cusco y Madre de Dios, superpuestas a zonas de gran fragilidad ecológica y sociocultural, como las áreas naturales protegidas (ANP) de uso indirecto (Parque Nacional Manu y Parque Nacional Bahuaja Sonene), los territorios indígenas claves para garantizar la provisión de recursos naturales para los pueblos indígenas, como la Reserva Comunal Amarakaeri, y a espacios de protección para pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), como la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti.

Luego de 20 años de explotación del Lote 88, el gas de Camisea es una promesa fallida para Cusco, pues el gas que se extrae de esta región no ha llegado a la población local y menos a los pueblos indígenas amazónicos. La explotación del gas de Camisea no ha traído el anunciado desarrollo a la provincia de La Convención, donde un 25.4% de la población vive en situación de pobreza (2018), el 19.1% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica (2020) y el 33.4% de niños entre 6 y 35 meses viven con anemia (2020).

La Ley de canon establece que los recursos que los gobiernos regionales y locales reciban por concepto de canon se utilicen exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local. Por ello, a pesar de contar con el mayor presupuesto del país proveniente del canon, el distrito de Megantoni, lidera los índices de muerte materna, anemia y desnutrición infantil, con más del 70% de la población con desnutrición. Ello, es un claro ejemplo, de que se requiere reorientar el uso de los recursos disponibles y que el discurso que se promueve en torno a los beneficios son inexactos.

Estos antecedentes, nos hacen ver que es difícil que la iniciativa propuesta de la cuenca gasífera Madre de Dios realmente sea el motor del desarrollo de la región y sobre todo beneficie a la población local, más aún con la proliferación de la minería ilegal en la región, sin que el Estado se haga presente para frenarla.

Las autoridades no mencionan ni informan que los hidrocarburos han dejado de ser una opción a nivel mundial, donde se avanza hacia una transición energética justa y de fuentes sostenibles, mientras en el Perú se pretende incrementar la dependencia a los combustibles fósiles. Creemos que los esfuerzos deben ir a que este cambio sea posible y no a una idealización de que esta cuenca gasífera va a solucionar todos los problemas de la región.

El pasado 1 de diciembre, en la localidad de Villa Salvación en Madre de Dios, en la reunión convocada por el congresista Salhuana para abordar el proyecto de tren gasífero de Cusco – Madre de Dios, el representante de Perupetro enfatizó que se deben modificar las normas para permitir la extracción de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas de uso indirecto, transgrediendo no solo las normas nacionales actuales y los compromisos del país a nivel internacional para la conservación de la diversidad biológica y transición energética, sino también desconociendo la mayor responsabilidad frente al cambio climático anunciada reiteradas veces por los presidentes/a de la República.

El Perú ha asumido diversos compromisos como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que establece que “los países están obligados a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural situado en su territorio”; así como el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y los EEUU que señala que los países no pueden promover inversión a costa del debilitamiento ambiental, por lo que Perupetro S.A. y el MINEM estarían promoviendo el incumplimiento de diversas normas y obligaciones al promover la modificación de la Ley de ANP para viabilizar actividades extractivas dentro de éstas, las cuales  no sólo pondrían en grave peligro las características esenciales de estas ANP, sino que son susceptibles de sanción.

Por ello, hacemos un llamado a los peruanos y peruanas, así como al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, a la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para estar vigilantes y que las autoridades se comprometan y cumplan lo siguiente:

  1. Abstenerse de promover y presentar proyectos de ley que vulneran derechos al medio ambiente sano y territorios indígenas, que no analizan los graves impactos que causaría al patrimonio natural y a los pueblos indígenas.
  2. Respetar a la población y no repetir la historia de saqueo con una nueva cuenca gasífera, que no cuenta con evidencia de cómo mejoraría los servicios de educación, salud, energía, agua y saneamiento. Las autoridades deben transparentar el uso del presupuesto público para salvaguardar su uso eficiente y eficaz, así como para evitar la corrupción.
  3. Parar la demagogia y la desinformación a la población con la campaña sistemática promovida por el congresista Salhuana que no busca el diálogo con los distintos actores sociales, de forma imparcial, sino que el trasfondo es imponer una sola visión de desarrollo que no ha funcionado y que ha acrecentado la desigualdad.
  4. Tomar iniciativa por la transición energética justa que garantice un desarrollo sostenible acorde con los compromisos internacionales para combatir el cambio climático, garantizar la protección de la diversidad biológica, los valores asociados de las ANP, fortalecer la normativa nacional y respetar los compromisos internacionales para dicho fin.
  5. Respetar los derechos de los pueblos indígenas a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado; y garantizar sus derechos al territorio y a un medio ambiente sano, así como su protección frente a economías ilegales.
  6. No poner en riesgo de exterminio y el genocidio a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) que se encuentran en el ámbito de la llamada “ruta del tren gasífero” que planean imponer.

Desde la sociedad civil, hacemos un llamado de atención a las autoridades del gobierno central, subnacional y local a buscar alternativas que garanticen el verdadero bienestar y crecimiento económico de la población, con respeto a los derechos humanos, de protección de los pueblos indígenas, áreas naturales protegidas y medio ambiente.

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  31. Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales – NRGI
  32. Instituto Maíra
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