Desde el Grupo de Trabajo Ambiente, Territorio y Democracia, nos PRONUNCIAMOS y RECHAZAMOS, la creación de una comisión de modernización y reorganización del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), que fue publicada el 1 de noviembre mediante el Decreto Supremo n.° 009-2024-MINAM en la edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. Ante dicha norma, expresamos nuestra preocupación ante los siguientes impactos negativos que podrían generarse:
- Debilitamiento de las políticas ambientales. El Estado nuevamente toma acciones para flexibilizar las exigencias ambientales, generando así un debilitamiento en las políticas ambientales que, en lugar de fortalecer la institucionalidad ambiental, la pone en riesgo. Esto es especialmente preocupante en relación al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que tiene como ente rector al SENACE y tiene una función principal tan sensible para el futuro ambiental del país como es la evaluación de impactos ambientales detallados que podrían generar los proyectos de inversión.
- Contraviene el objetivo de creación del SENACE. Es importante recordar que el SENACE, desde su propio objetivo de creación, busca que las certificaciones ambientales contribuyan con el desempeño ambiental, reducir costos, administrar recursos naturales de manera eficiente y promover una cultura empresarial orientada hacia la sostenibilidad; así como identificar los impactos ambientales de manera integral y anticipada. Cumplir con este objetivo de creación permitiría priorizar la gestión ambiental como un mecanismo que realmente permita mitigar, reducir o compensar los impactos negativos al ambiente, de manera que se generen proyectos de inversión con un enfoque de responsabilidad ambiental efectivo.
- Riesgos en torno a la activación de conflictos socioambientales. Sabemos que una adecuada certificación ambiental contribuye a la reducción de conflictos socioambientales, los cuales aún siguen representando más del 50% de los conflictos sociales, según últimos reportes de la Defensoría del Pueblo[1], lo cual ratifica la importancia de garantizar una evaluación de impactos ambientales confiable, transparente y eficiente para salvaguardar el patrimonio natural del país y los servicios que este brinda a la población.
En ese marco, es necesario asegurar procesos de evaluación de impactos rigurosos, que respeten los tiempos necesarios para asegurar su calidad; y no solo buscar -como señala la propia norma en su análisis costo beneficio en la exposición de motivo-: Acelerar el proceso de certificación ambiental de los proyectos, cumplimiento de plazos, evitar la emisión de varias opiniones por parte de las entidades opinantes, simplificación administrativa, entre otros aspectos que, por lo contrario, no contribuyen a la predictibilidad, transparencia y certeza sobre la evaluación de impactos, toda vez que es necesaria la opinión de otras entidades técnicas y donde la emisión de varias opiniones permite el análisis multisectorial y multiactor que se requiere para tener información certera para identificar adecuadamente y comunicar a la población los impactos ambientales de los proyectos.
Por otro lado, la simplificación no debe ser el objetivo de la evaluación, sino lograr la identificación previa y oportuna de los impactos ambientales negativos, a fin de que la población conozca y pueda ser parte de las soluciones o las medidas para evitar o mitigar dichos impactos.
Ciertamente, SENACE tiene pendiente la implementación del derecho a la consulta previa en los estudios de impacto ambiental así como una participación ciudadana con enfoque de interculturalidad más intensa, el camino no es debilitar los avances que existen en una institución clave en la protección del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado.
En este sentido, RECHAZAMOS el planteamiento de la reorganización y modernización del SENACE, toda vez que atenta contra la institucionalidad ambiental, entorpeciendo incluso procesos en marcha y un debilitamiento en las políticas ambientales.
Nota
[1] Ver: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/09/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-246-Agosto_2024-1.pdf
Suscriben:
Organizaciones
- Agencia de Investigación Ambiental – EIA / Environmental Investigation Agency.
- Asociación Nacional de Centros (ANC).
- ARBIO Perú.
- Asociación CCEFIRO – Construyendo Caminos de esperanza frente a la injusticia el rechazo y el olvido.
- Asociación Fe y Derechos Humanos Puno.
- Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú- ANFASEP.
- Asociación Pro Derechos Humanos.
- Asociación ProPurús.
- Asociación Proyecto Amigo.
- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP.
- Centro de Derechos Humanos de Amazonas – ANDES.
- Centro de Desarrollo Étnico – CEDET.
- Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA.
- Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP.
- Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia – COSDEJ.
- Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS.
- Comité de Derechos humanos de Pachitea.
- Comité de Derechos Humanos y Desarrollo Humano de Pasco.
- CooperAcción.
- Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA
- CPM Micaela Bastidas.
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR.
- Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA.
- Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes – FECONAU.
- Fomento de la Vida – FOVIDA.
- Fondo Socioambiental del Perú.
- Foro Salud.
- Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ.
- IDLADS PERÚ.
- Instituto Regional para la Paz.
- IPEP – Comisión de Justicia Social Chimbote.
- Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú – IRI PERU.
- Movimiento Manuela Ramos.
- Nodo Perú – Red Iglesias y Minería.
- Oxfam.
- Pachamama Alliance Perú.
- Paz y Esperanza.
- Programa Laboral de Desarrollo – PLADES.
- Red Descolonialidad y Autogobierno.
- Red para la Infancia y la Familia – Perú.
- Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral.
- Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE).
- Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad (Sedys Trujillo – Perú).
Personas Naturales
- Alicia Maribel Abanto Cabanillas, DNI 40328257.
- Sonia Johana Asurza Espiritu, DNI 46618335.
- Mariano Castro Sánchez-Moreno, DNI 07212391.
- Bianca Noemi Centeno Calderon, DNI 72207470.
- Alfonso Cotera Fretel, DNI 08950627.
- Andrea Mariana Dominguez Noriega, DNI 43069827.
- Tatiana Espinosa Quiñones, DNI 25854358.
- Suyana Huamaní, DNI 70067648.
- César A. Ipenza, DNI 40287902.
- Javier Jahncke Benavente, DNI 07261449.
- Giovanna Larco Drouilly, DNI 07818800.
- Daniela Malapi, DNI 41026875.
- Silvia Macciotta Lucero, DNI 09155283.
- Eva Margarita Medina Muller, DNI 40139714.
- Rosario Narváez Vargas, DNI 07594485.
- César Augusto Peralta Berríos, DNI 06785630.
- José Luis Peralta Berríos, DNI 06686802.
- Juan Miguel Peralta Berríos, DNI 06776875
- María Peralta Berríos, DNI 08067422.
- Gabriel Quijandría Acosta, DNI 06453345.
- Esperanza Ramos Pineda, DNI 21402726.
- Frank Rivero Fonseca, DNI 42475663.
- Luis Román, DNI 07825044.
- Ana Romero Cano, DNI 09672155.
- Julio Rondinel Cano, DNI 25733107.
- Eduardo Salas Arce, DNI 09092942.
- Ciro Salazar, DNI 10719868
- Patricia Torres Muñoz, DNI 40599928.
- Germán Vargas Farías, DNI 07563554.
- Manuela Zúñiga Cárdenas, DNI 07906262.