Escribe: Rodrigo Orcotorio Figueroa
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Hace semanas se informó del asesinato de Roberto Pacheco, hijo de un defensor ambiental en Madre de Dios. El hecho ocurre en medio de un contexto donde los territorios amazónicos son amenazados por personas inescrupulosas que realizan actividades ilegales, que a pesar de las medidas de confinamiento dictadas por la pandemia, no los ha detenido.
Para hacer frente a esto, recientemente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) creó el “Registro sobre Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de Derechos Humanos” y los lineamientos para su funcionamiento. Al mismo tiempo, dirigentes indígenas de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), denunciaron amenazas de comuneros ilegales luego de participar en una audiencia internacional donde visibilizaron casos de vulneración en sus territorios y la propagación de la COVID-19 por la invasión de terceros.
La principal preocupación de los pueblos indígenas es que sus necesidades y demandas sean dejadas de lado, en medio de una crisis que viene agravándose en sus territorios a causa de la pandemia. Los y las defensoras indígenas, sus sabios/as, líderes y lideresas de la cuenca amazónica, han sido los más castigados por esta enfermedad ante la falta de acceso a servicios de salud. Al mismo tiempo, ellos/as han tenido que afrontar intimidaciones por parte de diversos actores sociales. Por esto, es necesario que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el MINJUSDH, la Policía Nacional, Congreso y gobiernos subnacionales articulen esfuerzos para detener la situación crítica que viven, sino ¿qué camino les queda a quienes defienden y cuidan el ambiente?
El próximo 12 de octubre, los pueblos indígenas originarios conmemorarán su lucha y resistencia, en el marco del “descubrimiento” de América. Desde la época Colonial, los pueblos indígenas amazónicos vienen resistiendo a múltiples amenazas. Iniciativas como el mencionado registro son importantes. Sin embargo, lo principal es la implementación efectiva de mecanismos para frenar los asesinatos a los y las defensoras indígenas, considerando aún más las particularidades de la pandemia. El Estado peruano tiene que hacer esto una realidad.