Por: Gabriela Soto
Programa Cambio Climático y Bosques
La Declaración Conjunta de Intención (DCI) es un acuerdo internacional entre Noruega, Alemania y Perú, que busca proteger los bosques y promover el desarrollo sostenible en la Amazonía peruana. Este acuerdo, firmado en 2014 con vigencia al 2020, consideró un enfoque de pago por resultados, a través del cual Noruega se comprometía a contribuir con más de 200 millones de dólares a nuestro país por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ocasionados por la deforestación.
A fines de mayo de 2021, el Perú firmó una adenda de extensión del acuerdo para el periodo 2021-2025 tras visibilizarse diversos avances y resultados positivos en su implementación, así como haberse demostrado la predisposición y los esfuerzos del país para continuar en la lucha contra el cambio climático.
Necesaria socialización del nuevo Plan de la DCI al 2025
En el marco de esta renovación, el Perú se comprometió con la actualización del Plan de Implementación de la Fase 2, a elaborarse a partir de propuestas de los sectores nacionales, gobiernos regionales amazónicos y organizaciones indígenas.
Sin embargo, la adenda no estableció los mecanismos de participación de la sociedad civil (ONGs) en la actualización del plan, proceso importante y necesario para recoger recomendaciones desde diversos actores sobre acciones estratégicas a priorizar para reducir la deforestación en la Amazonía.
A raíz de ello, el Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD), tuvo la iniciativa de compartir el borrador del documento con algunas organizaciones de sociedad civil, entre ellas, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), con la finalidad de recoger aportes a los objetivos e hitos ya identificados.
En base a nuestro análisis, consideramos que en pro de la transparencia y rendición de cuentas, es necesario que el MINAM realice un proceso de socialización multiactor sobre los resultados e impactos logrados con la Fase 1 del Acuerdo (periodo 2015-2020) y con la ejecución del proyecto que apoyó a su implementación financiado por fondos noruegos como el Proyecto PNUD-DCI.
Si bien sabemos que la pandemia afectó las intervenciones del proyecto, es importante visibilizar las brechas de las acciones no implementadas, las que continuarán en este nuevo plan, y así evidenciar las lecciones aprendidas y los mecanismos de mejora que se implementarán en esta nueva fase del acuerdo.
De esta manera, desde DAR enviamos al MINAM un documento con los comentarios y aportes de los distintos especialistas de nuestros programas, con el objetivo de aportar en la actualización de este acuerdo. Ver documento AQUÍ
¿Qué acciones transversales no se deberían perder de vista en la implementación de la Fase 2 de la DCI?
- Establecer la medición de resultados en efectividad e impacto; es decir, no solo evaluar el cumplimiento de actividades, sino su aporte e impacto en la reducción de la deforestación.
- Fortalecimiento de la gobernanza, en el marco de la DCI, para promover la participación efectiva, transparencia, rendición de cuentas e idoneidad del uso de fondos.
- Visibilizar los mecanismos de coordinación multisectorial, multinivel y multiactor para la implementación, monitoreo, control y evaluación periódica del Acuerdo. Fortalecer la coordinación con los gobiernos regionales es un punto clave para el éxito del mismo.
- El establecimiento de revisiones periódicas y el monitoreo anual para identificar, incorporar o abordar nuevas acciones estratégicas y medidas claves para reducir la deforestación.
- Priorizar medidas de contingencia frente a acciones impulsadas por el Estado, en el marco de la reactivación económica, como el impulso de proyectos extractivos, entre otros, que podrían afectar los bosques y la seguridad de las poblaciones indígenas.
Algunas consideraciones sobre los resultados identificados en el borrador del plan
- Sobre la implementación de Sistemas Agroforestales y el RCTCUM:
- El otorgamiento de títulos como las Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CU-SAF) son en base a la zonificación forestal, proceso que no viene siendo priorizado en diversas regiones, como Loreto.
- Asimismo, ante la reciente aprobación del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (RCTCUM)[1], será importante promover su socialización e implementación adecuada, que requerirá previamente la elaboración de la metodología para el levantamiento de información de cobertura vegetal (bosques), tarea pendiente a cargo del SERFOR. Conoce más de este proceso en este análisis elaborado por DAR.
- Sobre el Manejo Forestal Comunitario:
- Promover la implementación y sostenibilidad de las Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario (UTMFC) y el fortalecimiento de los Comités de Vigilancia y Control Comunitarios (CVCC). Conoce más sobre el MFC y las recomendaciones orientadas al aprovechamiento de los recursos naturales por pueblos indígenas en este análisis elaborado por DAR.
- Sobre los mecanismos de conservación en comunidades nativas:
- Lo reportado actualmente en el plan no refleja la realidad de la conservación bajo el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC), pues su implementación en las comunidades amazónicas no ha logrado mantenerse, habiendo resuelto los contratos. En ese sentido, no se debe incluir en el cálculo del área coberturada bajo este mecanismo a las comunidades nativas que no tengan contrato vigente.
- Se debe mejorar los criterios de selección de las comunidades a afiliar y así promover el fortalecimiento de las organizaciones indígenas regionales con capacidades técnicas y presupuestales, que permitan que estén mejor preparadas ante la asignación de sus responsabilidades para la sostenibilidad de las TDC que menciona el plan.
- Sobre la Gestión efectiva y creación de ACR:
- La gestión de las Áreas de Conservación Regional (ACR) tienen una gran brecha de presupuesto requerido para cubrir las condiciones básicas de gestión. Se requiere asegurar la sostenibilidad del financiamiento público designado anualmente para desarrollar las actividades, más allá del periodo de intervención de la DCI.
- Asimismo, se debe fortalecer la participación de la población local de las comunidades en la toma de decisiones de la gestión de las ACR.
- Se sugiere incluir también la implementación de las actividades de manejo en el ámbito de las ACR para un impacto real en la disminución de emisiones de GEI.
- Sobre la asignación de derechos:
- En relación a la titulación, es necesario mejorar el catastro, la georreferenciación y mapas, así como asegurar la interoperabilidad de los sistemas de información cartográfica nacional y subnacional para evitar los problemas de superposición con otros derechos otorgados. De otro lado, promover el abordaje de los conflictos por superposición con ANPs, BPPs, predios rurales, u otros. Debe considerarse la necesidad de generar una norma que asegure la anotación preventiva en SUNARP de las comunidades que están en proceso de titulación. Conoce más sobre los avances y desafíos de la titulación en este análisis elaborado por DAR.
- En relación a los PIACI, se debe fortalecer la administración y la gestión de las reservas indígenas existentes, que vienen siendo expuestas a constantes presiones por el avance de actividades extractivas y economías ilícitas, en cumplimiento de los Planes de Protección que rigen las reservas, a fin de evitar la vulneración a la vida y los derechos de las poblaciones indígenas. Además, velar por el no otorgamiento de derechos en territorios con superposición de reservas indígenas existentes o en trámite.
- Sobre la reducción de actividades ilegales:
- Debe asegurarse la interoperabilidad de la información proveniente de nuevos aplicativos informáticos de vigilancia forestal con los sistemas de información de las autoridades competentes en control y vigilancia.
- Es necesario consolidar la articulación del SERFOR con otras instituciones como OSINFOR, FEMA y PNP para el fortalecimiento de capacidades hacia las organizaciones indígenas y sus comunidades, en los procesos de control y vigilancia forestal y reporte de alertas tempranas sobre intervenciones frente a actividades ilícitas.
- Difundir adecuadamente los canales nacionales y regionales para realizar denuncias sobre el ingreso de actividades y economías ilícitas en territorio amazónico.
- Finalmente, a cinco años de la aprobación de la Ley Forestal y sus reglamentos, es necesaria la evaluación y el análisis del por qué no se han implementado los procedimientos para las actividades agropecuarias en tierras del Estado con bosque, mientras que la pérdida de bosques asociado a actividades agropecuarias se ha incrementado. Además, en el caso de los predios privados, si bien se registran las solicitudes de Cambio de Uso, no se fiscaliza el mantenimiento del 30 % de la cobertura forestal. Conoce más sobre los procedimientos agropecuarios que impactan en los bosques en este análisis elaborado por DAR.
- Sobre la Zonificación Forestal:
- Es necesario concluir con la Zonificación Forestal (ZF) y la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) para orientar y ordenar las actividades que se desarrollan en las tierras con bosques, apoyándose en la gestión de los recursos económicos necesarios para finalizar estos procesos y asegurar su implementación.
- Se debe promover el acceso y la interoperabilidad de la información generada en los procesos de ZF y ZEE, a fin de que sea utilizada desde las instituciones públicas, sector privado y financiero.
- Sobre la gestión del conocimiento:
- No queda claro el aporte específico de la gestión del conocimiento a la reducción de la deforestación, especialmente porque no se menciona en qué momento y de qué manera estas recomendaciones o medidas claves resultantes de las consultorías y estudios desde actores estatales y no estatales, serán incorporadas a la implementación del Acuerdo, permitiendo que contribuyan al objetivo de reducir la deforestación.
- Por ello, lo ideal sería que en el nuevo plan se evalúe periódicamente la incorporación de nuevas acciones orientadas al logro de este objetivo, acorde a los hallazgos relevantes en el periodo del Acuerdo.
Próximos pasos necesarios
Desde DAR saludamos la actualización de este plan orientado a salvaguardar nuestros bosques. Asimismo, sugerimos que se aperturen espacios para lograr una mayor difusión y mayores alcances de este documento con otros actores, especialmente para recoger los aportes en las regiones amazónicas, zonas donde será implementado.
Finalmente, recordemos que la DCI es solo una de las diversas iniciativas en la última década, bajo la cual el país ha venido recibiendo financiamiento orientado a enfrentar el cambio climático y proteger nuestros bosques. Es necesario iniciar un proceso de reflexión sobre el impacto que han tenido todos estos esfuerzos de manera directa sobre el territorio, que podría iniciar a partir de un balance y auditoría del financiamiento climático con el que ha sido beneficiado el país. Siendo este proceso vital para establecer mecanismos de mejora para la implementación de acciones nacionales y regionales así como en la ejecución presupuestal de los fondos, acorde a las necesidades y brechas del territorio más urgentes, sus principales retos y lecciones aprendidas.
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