Escribe: Ricardo Rey Rivera Vásquez
Programa Amazonía
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
El aislamiento social obligatorio, como medida de seguridad sanitaria impuesta por el poder ejecutivo el pasado 15 de marzo, ante la llegada del Coronavirus – COVID-19, fue el inicio de una serie de disposiciones sin precedentes para la mayoría de peruanos (hasta el momento); tomadas con el objetivo de ralentizar el incremento descontrolado de contagios que, de llegar a producirse en gran medida en nuestro país, demandarían servicios y personal médico fuera del alcance de nuestro alicaído sistema de salud, condenando a quienes pudiesen resultar contagiados.
Mientras los peruanos empezábamos a adecuarnos al estricto cumplimiento de las medidas dispuestas con el apoyo de las fuerzas armadas, se tomaban las previsiones necesarias para que los bienes y servicios considerados “esenciales” continuaran, respectivamente, siendo reabastecidos y funcionando pese a las restricciones. El Decreto Supremo que dispuso la emergencia nacional, identificó como esenciales a los procesos de adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, artículos de primera necesidad y productos farmacéuticos. En las líneas industriales, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM priorizó garantizar la producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible además de otras actividades productivas e industriales que, por excepción, podrían ser incorporados siempre y cuando no afecten el estado declarado de emergencia nacional.
Días después, el Ministerio de Energía y Minas, mediante Resoluciones Viceministeriales N° 014-2020-MINEM-VMH y 001-2020-MINEM-VM, incluyó como esencial el servicio de energía eléctrica mientras disponía la ejecución de protocolos de seguridad en las actividades de hidrocarburos y distribución de gas natural, con el propósito de salvaguardar la salud de su personal, contratistas y terceros. Entre tanto, diversas empresas y centros de operación minera continuaron operando[1], a pesar de la alarma de ciudadanos y la prensa por el riesgo de propagación entre los trabajadores que aún se encontraban instalados. Quizá por ello, mientras se preparaba el anuncio del sector mediante comunicado, surgían las palabras “operaciones críticas” en las declaraciones del sector al sostener la imposibilidad de que el sector se paralice completamente[2].
Si bien el impacto sobre el sector, al igual que sobre otros es ciertamente inevitable, el gobierno buscaba en sus mejores esfuerzos, mitigar el impacto y asegurar una pronta recuperación del sector. Efectivamente, representantes de Newmont Corp (titulares de operación Yanacocha, Cajamarca), Freeport McMoRan (operaria de Cerro Verde, Arequipa), Pan American Silver (operarios de la mina Huarón, Pasco), entre otras grandes compañías, empezaron a anunciar la limitación, prudencia y en los casos más críticos, el cierre de algunas de sus operaciones[3] debido al impacto de las medidas sanitarias tomadas a nivel global y la desestabilización de precios en la bolsa de valores debido a la pandemia. Frente a ello, la Sociedad Nacional de Hidrocarburos[4], solicitaría al gobierno medidas extraordinarias que garanticen la continuidad de la producción como la suspensión o aplazamiento de pagos que incluyen regalías, compromisos de inversión y perforación de pozos, entre otros, durante tres meses, para evitar mayor impacto negativo en la proyección económica de nuestro país. Incluso se ha planteado la utilización de nuestros fondos de estabilización fiscal acumulados durante las épocas de auge económico más recientes para costear este tipo de medidas, de acuerdo al pedido del gremio enviado al gobierno[5].
Si bien es posible considerar esta y otras medidas necesarias para poder mitigar el previsible impacto económico que ya viene causando la pandemia a nivel mundial, las lecciones producto de la experiencia e impactos de estas actividades, justifica que se considere otro tipo de estrategias sostenibles y beneficiosas, tanto a mediano y largo plazo, que responda a las nuevas tendencias que ya venían esculpiendo los mercados, las inversiones y las conductas de los seres humanos.
El impacto del creciente número de inversiones para la ejecución de proyectos de infraestructura para la generación de energía a partir de hidroeléctricas en hábitats críticos, la superposición de proyectos extractivos con territorios de uso colectivos por parte de pueblos originarios u otras poblaciones vulnerables y la disminución de los estándares sobre el derecho a la consulta previa y al consentimiento, perfilaron el proceso de flexibilización de marcos de protección social y ambiental en la mayoría de países de Latinoamérica desde el 2013 a la actualidad[6]; reflejando un enfoque proextractivista, sin adecuada planificación ni mucho menos estándares de derechos humanos o de protección del medio ambiente.
En ese esfuerzo, la actualización del marco de protección socioambiental del Banco Interamericano de Desarrollo, como principal institución multilateral que financia el desarrollo, coincide con las medidas sin precedentes que se están tomando a nivel mundial para detener el avance del coronavirus y la preocupación del impacto sobre la economía de los países, por lo que es crucial resaltar la necesidad de orientar las acciones de los gobiernos, hacia un mayor goce de derechos fundamentales así como el ansiado desarrollo.
En un escenario en que la civilización humana se enfrenta a un enemigo común que desnuda su vulnerabilidad y crea grandes oportunidades para desarrollar cambios en los procesos sociales y económicos; si bien la labor del gobierno debe estar orientada a mitigar la desaceleración económica que atrase el efectivo acceso a servicios necesarios para el disfrute de derechos humanos, esto debe hacerse en un equilibro con el respeto de los derechos y el medio ambiente, las acciones que se tomen solo para el inmediato y el corto plazo, sin una visión a largo plazo para el desarrollo del país, no serán afectivas en social, económico y ambiental.