Lima, 05 de abril 2025.– Diversas organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos estuvieron en Lima para exigir al Estado peruano su participación en la elaboración de la Política Energética Nacional al 2050 y solicitar que el proceso de transición energética respete sus derechos, garantice la participación ciudadana y remedie los impactos históricos de la explotación de hidrocarburos en sus territorios. Este pedido se realizó en el marco de la segunda audiencia pública “Situación actual del financiamiento del petróleo y gas en la Amazonía”, realizada el 31 de marzo en el Congreso de la República.
En ese marco, las organizaciones indígenas también sostuvieron una reunión con la congresista Ruth Luque Ibarra para ahondar en las problemáticas que sufren por la extracción de hidrocarburos en sus territorios y solicitar su apoyo para lograr que el Ministerio de Energía y Minas incluya su participación efectiva en el desarrollo de esta política, escuche sus demandas y preocupaciones y garantice la consulta previa de la norma.
En ese sentido, Elaine Shajian, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo de Loreto, reiteró su preocupación sobre la forma como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) está elaborando la Política Energética Nacional al 2050 sin consulta previa a los pueblos indígenas ni mecanismos de participación ciudadana.
Shajain también comentó que la contaminación de los ríos y los suelos causada por derrames de petróleo está causando el incremento de las enfermedades en la piel y los abortos espontáneos, así como el aumento de la desnutrición, en especial en mujeres y niños.
Por último, Shajain sostuvo que a pesar de los compromisos de remediación, las comunidades siguen expuestas a estos riesgos, sin acceso a información clara ni fiscalización efectiva por parte del Estado. Por ello, insistió que frente a la transición energética, es necesario que los nuevos proyectos consideren diagnósticos reales sobre brechas energéticas, capacitación comunitaria y un enfoque que garantice la sostenibilidad y accesibilidad de la energía para las poblaciones locales.
A su turno, Pamela Delgado, del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) de Cusco, advirtió que después de 20 años de su explotación del gas de Camisea, las comunidades afectadas enfrentan contaminación del agua, deforestación y fragmentación territorial. Además, enfatizó que el acceso a servicios básicos en la zona sigue siendo precario, la electricidad es deficiente y el costo del gas es hasta tres veces mayor que en Lima. Por último, Delgado también denunció que los empleos generados por la industria gasífera son temporales y no garantizan condiciones laborales equitativas ni salarios dignos.
Mientras, Miguel Manihuari, presidente de Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) de Loreto, alertó de la superposición de lotes petroleros con territorios indígenas y áreas naturales protegidas. Es preocupante que el Estado siga promocionando nuevos lotes para hidrocarburos sin haber cumplido con la remediación de pasivos ambientales, como ocurre en la Batería 3 del Lote 8 en Loreto, donde los derrames continúan afectando fuentes de agua y recursos naturales, sentenció Manihuari. Además, exigió transparencia en la gestión del fideicomiso indígena y en el presupuesto del canon y sobrecanon, porque no tienen información clara sobre su ejecución y beneficios reales para las comunidades.
Finalmente, Alfredo Vargas, de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), también expresó su preocupación por la promoción de lotes petroleros en Madre de Dios, región gravemente afectada por la minería ilegal. Advirtió que proyectos como el Tren Gasífero podrían poner en riesgo la Reserva Comunal Amarakaeri y el Parque Nacional Manu, territorios clave para la biodiversidad y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas de la región.
Ante los graves hechos expuestos, los líderes indígenas hicieron un llamado al Congreso y al Ejecutivo a garantizar un proceso participativo efectivo en la Política Nacional Energética y a detener la expansión de proyectos extractivos que vulneran sus territorios y modos de vida. Asimismo, recalcaron que la transición energética debe basarse en principios de diversificación de la matriz energética, respeto a los derechos indígenas, participación ciudadana y transparencia en la gestión de recursos.