Ginebra, 30 de noviembre de 2018.- El pasado miércoles, culminó la participación de los delegados de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), y de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en el Séptimo Foro de Empresas y Derechos Humanos convocado por el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El evento giró en torno a la debida diligencia en el cumplimiento de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, iniciativa propuesta por Naciones Unidas en 2011 a los Estados y empresas. El evento convocó a delegaciones oficiales de más de 80 países, al Premio Nobel 2014 Kailash Satyarthi, altos ejecutivos, federaciones indígenas de Asia y América Latina, funcionarios de organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
Durante el cierre del Foro, líderes indígenas dieron lectura a un pronunciamiento con recomendaciones concretas al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, a efectos de que incidan en Estados y empresas para que fortalezcan la debida diligencia en el cumplimiento de los principios rectores.
En el pronunciamiento, leído por María Cristina Figueroa del pueblo indígena Wayú de Colombia, también se solicita a las instituciones financieras internacionales (IFIS) que “a través de sus salvaguardas socioambientales, exijan a las empresas el cumplimiento íntegro de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos y los estándares mínimos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas antes de financiar proyectos susceptibles de afectar territorios ancestrales y durante su implementación”.
Al respecto, Ciro Salazar, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), institución miembro de la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, señaló: “A lo largo de América Latina existen casos que evidencian el rol de las salvaguardas que exige el sector financiero en la mejora de los estándares socioambientales, sin embargo, queda aún un amplio espacio para lograr su implementación efectiva, especialmente para el cumplimiento de los derechos indígenas”.
Principios Rectores
Durante el Foro se realizaron diversas sesiones donde se buscó discutir, desde diversos enfoques, el grado de avance en la implementación de los principios rectores, así como cuáles serían los pasos a seguir para lograr un avance efectivo. Se debatieron aspectos como la búsqueda de instrumentos vinculantes sobre empresas y derechos humanos, el rol del sector financiero, la situación de los defensores ambientales, la persistencia de la esclavitud, el enfoque de género, la tecnología blockchain, la cadena de suministros en las materias primas o el análisis de sectores específicos como el turismo, minería y petróleo, entre otros, temas que se espera el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos incorpore al informe que debe hacer llegar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En su último informe, el Grupo de Trabajo alertó que los avances son lentos en cuanto a la plena implementación de los principios rectores desde el sector privado, pero más grave aún, los Estados muestran menos iniciativas y liderazgo en este tema, lo cual puede evidenciarse en cómo operan sus empresas públicas.
Es este escenario, iniciativas que pudimos compartir en Ginebra, como el proyecto “Promoviendo los Principios Rectores desde los Pueblos Indígenas”, impulsado en el Perú por 5 federaciones indígenas amazónicas y DAR, con el apoyo de la Unión Europea, resulta fundamental. Esta iniciativa busca fortalecer y aprovechar los compromisos del Estado peruano, para incluir una visión, metodológica y enfoque intercultural indígena en el proceso de construcción del Plan Nacional de Acción sobre empresas y Derechos Humanos.
Defensoras y defensores indígenas
Los delegados de federaciones y organizaciones indígenas de diversos países de Centro América, Sudamérica y el Sudeste Asiático, contaron con espacios donde dieron cuenta de la criminalización que han sufrido por los Estados y/o sector privado al denunciar afectaciones ambientales o el despojo de sus territorios como resultado de la realización de proyectos extractivos, energéticos, agrícolas y de infraestructura.
Adolfo Chávez de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) presentó sobre los retos en la defensa de los territorios indígenas en los países de la cuenca amazónica, y su importancia para la conservación del planeta. Por otro lado, expuso las principales recomendaciones del Examen Periódico Universal sobre China realizado por COICA con el apoyo técnico de la Coalición Regional por la Transparencia y Participación, de la cual DAR forma parte. En este informe se exige la aplicación del principio de extraterritorialidad en la identificación de las responsabilidades de empresas chinas que han cometido violaciones a los derechos humanos en el exterior, así como la promoción de procesos de participación y monitoreo indígena en todas las etapas del ciclo de proyectos, entre otras.
Previamente, en la ceremonia de inauguración del Foro, Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expresó su particular preocupación por las crecientes agresiones a mujeres indígenas por fuerzas de seguridad pública.
Cabe resaltar que, durante la sesión “Integrating indigenous peoples rights in human rights due diligence: what does it mean in practice?”, Nicholas Cotts, vicepresidente de Sostenibilidad y Relaciones Externas de Newmont Mining Corporation, reconoció que las empresas tienen su propia responsabilidad en garantizar el respeto a los derechos humanos, y en particular a los derechos indígenas, dado que dichas poblaciones no siempre son reconocidas por los Estados o sufren discriminación por parte de este.