Fotografía: DAR
- El informe elaborado por ORAU con apoyo de DAR expone las amenazas, vulneraciones, avances y retos para la protección de los pueblos indígenas en el Perú. El documento fue enviado el 30 de enero ante el Comité de Derechos Humanos.
Desde el 27 de febrero al 24 de marzo se desarrollará el 137° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, espacio en donde Perú será uno de los países evaluados con relación al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En ese marco, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) con apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) elaboraron un informe técnico, presentado como insumo en el marco de la evaluación del referido Comité con relación a la situación de los derechos humanos en el Perú, aportando una mirada alternativa a la del Estado como sociedad civil organizada. En este documento se señalaron las amenazas, vulneraciones, avances y retos en cuanto al respeto y garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas del país.
“Queremos hacer un llamado a los organismos internacionales, con relación a las amenazas que actualmente recaen sobre los pueblos indígenas, y que condicionan nuestra supervivencia. La Amazonía está en riesgo producto de las múltiples presiones territoriales que sufrimos y que están asociadas a actividades ilícitas, extractivas y grandes proyectos de infraestructura. ¿Hasta cuándo debemos estar así para que se tomen medidas efectivas?”, indicó Jamer López, vicepresidente de ORAU.
Respaldando lo indicado por el líder indígena, el informe señala el incremento de múltiples amenazas que ponen en peligro la existencia de los pueblos indígenas y la preservación de la Amazonía, las cuales están relacionadas con el avance de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilegales. Así como con la afectación a derechos tales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, el derecho al territorio colectivo en el marco del derecho a la libre determinación indígena. De igual manera, se analiza el derecho a la vida en relación a los casos de las personas defensoras ambientales y la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.
Desafíos de la consulta previa en Perú
En cuanto a la consulta previa y el consentimiento, se recuerdan estándares internacionales dictados por órganos de derechos humanos de los que Perú es parte como la obligación de respetar el consentimiento de los pueblos indígenas como condición para una consulta previa plena. Del mismo modo, se plantean desafíos vinculados al cumplimiento de las actas de consulta, y al seguimiento de los acuerdos, así como la implementación de la sentencia A.P. Nº 29126-2018, que elimina la prohibición de consulta previa cuando ésta esté vinculada a servicios públicos como carreteras o hidrovías, y que queda pendiente de implementación.. Además, se resaltan los debates emergentes sobre los protocolos autónomos de consulta previa en el Perú.
Reconocimiento de las iniciativas indígenas
En el caso del derecho al territorio se recuerdan las propuestas indígenas por reconocer los territorios integrales o ancestrales, superando las políticas de titulación actual. Se señala que según estándares interamericanos el derecho territorial de los pueblos indígenas no se basa en el proceso de titulación sino en la posesión continuada del mismo. De este modo, se destaca el reconocimiento de las iniciativas de autogobierno y autonomía surgidas recientemente como los Gobiernos Territoriales Autónomos Indígenas, cuyo centro es la recomposición del territorio ancestral indígena.
¿Cómo puede mejorar el mecanismo de protección para las personas defensoras del medio ambiente?
Sobre la situación de las personas defensoras indígenas y ambientales, se menciona que a pesar de los esfuerzos que representa la implementación de un mecanismo intersectorial destinado a su protección, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se requiere un mayor presupuesto, capacitación de las autoridades encargadas de realizar los patrullajes, así como la articulación con autoridades que administran justicia de manera especializada, comprendiendo que las amenazas y ataques están relacionadas con el avance del narcotráfico, invasiones y proyectos viales.
Propuestas que ponen en riesgo la protección de los PIACI
Además, se resalta la importancia de tomar acción para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), amenazados constantemente por las presiones territoriales asociados a economías ilícitas como la tala ilegal y el narcotráfico. El informe añade que existe mucha preocupación ante iniciativas legislativas como el proyecto de ley N° 3518/2022-CR que plantea modificaciones en la normativa PIACI que debilitarán institucionalidad existente, al plantear que sean los gobiernos regionales los encargados de aprobar la creación y mantenimiento de las Reservas PIACI, lo cual puede significar la apertura hacia iniciativas de contacto forzado que comprometan la subsistencia de los PIACI.
Por último, en el informe de ORAU y DAR se brindan recomendaciones al Estado peruano para exponer las problemáticas y proponer soluciones basadas en los estándares internacionales de derechos humanos. Esto con el objetivo de lograr el pleno respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas en el marco de su libre determinación.
Para leer el informe, aquí.
Para leer el informe en inglés, aquí.