Proyecto vial en Loreto no toma en cuenta estándares y precedentes de consulta previa

Por: Isaac Alejo y Diego Saavedra / Programa Derechos de DAR

La implementación del derecho a la consulta previa en el sector de transportes ha permitido establecer estándares cruciales para mantener la garantía de los derechos de los pueblos indígenas (Saavedra, 2024). Estos criterios se han forjado a partir de precedentes judiciales y administrativos de gran relevancia, como el caso emblemático de la Hidrovía Amazónica de 2015.

Por ello, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) vienen trabajando, desde el seguimiento y participación en el proceso de consulta previa del proyecto de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho (BMSE) ubicada en Loreto –actualmente en desarrollo– analizando el cumplimiento de estándares contemplados en el marco normativo vigente, como en sentencias recientes y en casos ya implementados por el propio sector transportes (DAR, 2017).

En ese sentido, el análisis muestra una alerta por la omisión de precedentes administrativos obtenidos en la primera consulta previa que asumió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como titular del sector transportes, en el caso del proyecto Hidrovía Amazónica, caso que permitió visibilizar el impacto ambiental y social de dicho proyecto, incluso, mucho antes de que se elaborara el Estudio de Impacto Ambiental.

Recordemos que en el proyecto de la Hidrovía Amazónica, el Poder Judicial, ante la demanda de organizaciones indígenas, ordenó al MTC realizar la consulta previa. En dicho proceso no solo se consultaron los Términos de Referencia (TDR) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que era la medida original a consultar, sino que se lograron incluir las cláusulas del Contrato de Concesión de la Hidrovía Amazónica, y ajustes al marco normativo sobre transporte en los ríos (DAR, 2015). 

Sin embargo, en el proyecto de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, el MTC ha decidido consultar únicamente la medida que aprueba el instrumento denominado Estudio Definitivo. Dicho instrumento incluye tanto un estudio de ingeniería, como el Estudio de Impacto Ambiental y un estudio de arqueología.

El propio sector informa que de los tres componentes, sólo consultará el estudio de ingeniería, alegando que la aprobación final de este si está bajo sus competencias, mientras que los otros dos tienen a cargo a otras instituciones su aprobación. Con esta decisión se bloquea la posibilidad de acceder a información ambiental y social. Así, se omite consultar las medidas que la Hidrovía dejó como precedentes, generando una alerta sobre la idoneidad de la medida y sobre la calidad de la información que está en consulta. Algunas de las razones que fundamentan la necesidad de respetar los estándares de la consulta de la Hidrovía son:

1. 1. Consulta sin impacto real: Al no consultar los TDR del EIA – como si se hizo en la Hidrovía Amazónica– se impide a las comunidades proponer salvaguardas y acuerdos que fortalezcan este instrumento de gestión ambiental, como la evaluación de impactos específicos por deforestación o tráfico de tierras (Servindi, 2023). Además, al delegar la elaboración de los estudios ambientales, exclusivamente a una consultora ambiental, se desaprovecha el aporte de los conocimientos indígenas en el diseño del proyecto y en la identificación de medidas de mitigación.
   2. Decisiones irreversibles: Que la consulta no incluya información detallada sobre instrumentos clave para el desarrollo y definición de la carretera como el EIA-d –incluso el estudio de ingeniería y el contrato de concesión– implica que la consulta ocurre cuando el trazo de la carretera y los compromisos del Estado ya están definidos, convirtiendo el diálogo en un formulario administrativo que no respeta el carácter previo de la consulta. .

Actualmente, el referido proyecto vial se está viendo afectado por la ineficiencia del Consorcio Vial Atalaya, responsable de elaborar el estudio definitivo, que presenta un retraso de más de 270 días en la entrega de estudios técnicos (Contreras Espinoza, 2025). Esto ha generado una falta de transparencia del Estado en el proceso de inversión, por lo que se ha producido:

1. 1. Una deficiencia en el acceso a la información pública: Incluso en los talleres de participación ciudadana para la elaboración del EIA-d, –que es un proceso que va en paralelo a la consulta previa– el Estado no ha proporcionado a las comunidades indígenas la información suficiente. No se presentaron detalles sobre los avances y diferentes entregables de los estudios ambientales y técnicos vinculados al Estudio Definitivo, documento comprometidos por la empresa consultora y que están con retraso.
   2. Información dirigida: Los líderes indígenas denuncian que se les presenta información publicitaria sobre «impactos positivos» mientras se oculta la magnitud de los impactos negativos en sus bosques y cuerpos de agua (ORPIO, 2025).

Además, comunidades amazónicas, en diferentes regiones, exigen la consulta previa en proyectos viales para evitar la deforestación en sus territorios, ya que solo entre 2001 y 2023, la expansión de infraestructura sin control ha facilitado la pérdida de más de 3 millones de hectáreas de bosque (Salazar, 2025). Por lo tanto, para el caso de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho se requiere: 

1. 1. La adecuación al estándar de la Consulta Previa de la Hidrovía Amazónica: Se requiere ajustar el proceso actual para cumplir con el estándar establecido en el precedente de la Hidrovía Amazónica. Por lo tanto, consultar los TDR del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para incorporar las salvaguardas ambientales y sociales propuestas por los pueblos.
   2. Fortalecer los mecanismos de transparencia: Se requiere que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publique y consulte las cláusulas del contrato de concesión u operación que tengan impacto en el territorio de las comunidades.
   3. Incluir la participación de monitores indígenas en la elaboración de la línea base del EIA, debido a su amplio conocimiento del territorio y de sus recursos. En la actualidad, esto es elaborado únicamente por técnicos externos.

Tomando en cuenta el delicado contexto nacional, marcado por el avance del crimen organizado y las economías ilícitas, resulta imperativo fortalecer las salvaguardas en materia de riesgos sociales, ambientales y de seguridad. Asimismo, debe aplicarse desde la formulación hasta la construcción y operación de los proyectos de infraestructura vial, además, incluir una participación genuina de la población local en la toma de decisiones. De lo contrario, a largo plazo, la propia población local cargará con las consecuencias negativas, las cuales se agravan ante la proliferación de actividades ilegales. Nuestra historia ya ofrece precedentes de la omisión de salvaguardas adecuadas en proyectos como la Carretera Interoceánica Sur, la cual demostró ser un factor que aceleró la minería ilegal y la invasión de territorios en localidades como La Pampa, en la región de Madre de Dios (Juárez Camargo, 2014).

Ante este panorama, la inobservancia de estándares fundamentales de la consulta previa, como la oportunidad, la transparencia y la provisión de información suficiente para incorporar acuerdos representa un claro retroceso que acarrea altos riesgos para las poblaciones y territorios locales. Si bien el desarrollo de la conectividad es una expectativa legítima de las comunidades, esta debe concretarse bajo el estricto cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales vigentes, evitando repetir errores históricos. Persistir en la omisión de precedentes ya establecidos, como el de la Hidrovía Amazónica, no solo desnaturalizaría el derecho a la Consulta Previa, reduciéndolo a un mero trámite administrativo donde los acuerdos no se puedan incorporar en los instrumentos ambientales, sino que, de manera paradójica, la carretera no traería el desarrollo anhelado, sino que se convertiría en un vehículo para una serie de vulneraciones sociales y ambientales en los pueblos amazónicos y en sus territorios.

 

 

Referencias:

Contreras Espinoza, F. B. (2025, December 15). Relación contractual de tercero perjudica proceso de consulta previa, violentando derechos fundamentales. ORPIO. Retrieved January 8, 2026, from https://www.orpio.org.pe/relacion-contractual-de-tercero-perjudica-proceso-de-consulta-previa-violentando-derechos-fundamentales/ 

DAR. (2015, septiembre 25). Pueblos indígenas de Loreto y Ucayali logran acuerdos sobre hidrovía amazónicas con MTC. DAR. https://dar.org.pe/pueblos-indigenas-de-loreto-y-ucayali-logran-acuerdos-sobre-hidrovias-amazonicas-con-mtc/ 

DAR. (2017, julio 7). La Hidrovía Amazónica: Implicancias socioambientales de la primera obra de infraestructura con consulta previa en el Perú. DAR. https://dar.org.pe/la-hidrovia-amazonica-implicancias-socioambientales-de-la-primera-obra-de-infraestructura-con-consulta-previa-en-el-peru/ 

Juárez Camargo, H. E. (2014). La legitimidad del Estado cuestionada: proliferación de la minería informal aurífera aluvial. Caso: La Pampa en Madre de Dios en el periodo 2006 – 2011. [Tesis]. In PUCP. https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/92fcf45d-6ca7-4aa5-acc5-5dc91528bcdc/content 

ORPIO. (2025, diciembre 10). Comunidad Nativa Centro Arenal exige información clara y detallada durante taller participativo del EIA-d del tramo II de la carretera Bellavista – Mazán – Salvador – El Estrecho. ORPIO. Retrieved 02 10, 2026, from https://www.orpio.org.pe/comunidad-nativa-centro-arenal-exige-informacion-clara-y-detallada-durante-taller-participativo-del-eia-d-del-tramo-ii-de-la-carretera-bellavista-mazan-salvador-el-estrec/ 

Saavedra Celestino, D. (2024). Consulta previa del proyecto hidrovía amazónica. Aportes para fortalecer el derecho a la consulta previa en el Perú (Primera ed.). DAR. https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2025/02/ConsultaPreviaHidrovia.pdf 

Salazar, E. (2025, July 16). Comunidades amazónicas exigen consulta previa en proyectos viales: deforestación en la Amazonía peruana supera 3 millones de hectáreas. Infobae. Retrieved January 8, 2026, from https://www.infobae.com/peru/2025/07/16/comunidades-amazonicas-exigen-consulta-previa-en-proyectos-viales-deforestacion-en-la-amazonia-peruana-supera-3-millones-de-hectareas/ 

Servindi. (2023, 01 17). Loreto: invasores estarían traficando con territorio de comunidad nativa. Servindi. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/17/01/2023/denuncian-que-invasores-trafican-con-territorio-de-comunidad-indigena