Escribe: Carlos Quispe Dávila
Pese a que faltan menos de dos meses para las Elecciones Generales 2021, existen distintos temas que, a pesar de su especial trascendencia, están siendo omitidos en las discusiones públicas que vienen fomentándose. Uno de ellos es la situación de desprotección que afecta a las personas defensoras de derechos humanos, quienes tienen un rol determinante en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, y con la consolidación del sistema democrático.
En el 2020, según la Defensoría del Pueblo, han sido asesinados cinco (5) defensores ambientales e indígenas: en abril, Arbildo Meléndez Grándes (Huánuco) y Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali); en mayo, Gonzalo Pío Flores (Junín); en julio, Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas); y en septiembre, Roberto Carlos Pacheco (Madre de Dios). Recientemente, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) ha denunciado el asesinato de dos dirigentes de las comunidades nativas de Sinchi Roca y Puerto Nuevo en Ucayali. Todos estos lamentables hechos reflejan un patrón relacionado con uno de los principales problemas que afecta a los pueblos indígenas: La inseguridad jurídica territorial. Muchas de estas comunidades han sido reconocidas, pero falta que sean tituladas; o, habiendo sido tituladas, se encuentra pendiente el proceso de georreferenciación. Mientras ello ocurre, terceros obtienen derechos sobre espacios que se superponen a los territorios ancestrales. Las organizaciones indígenas han denunciado que estos nuevos actores ingresan a sus territorios bajo dicha modalidad o, también, a la fuerza, en algunos casos en contubernio con las autoridades locales, y en otros, aprovechando la casi nula presencia estatal.
Existen esfuerzos como el Protocolo de Protección de Personas Defensoras y el Registro de Situaciones de Riesgo aprobados, en el 2019, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Hasta noviembre de 2020, este ministerio reportó haber recibido 21 solicitudes de activación del Procedimiento de Alerta Temprana. La variable étnica aparece en ocho (8) solicitudes; y, por los derechos cuya defensa se alega, en siete (7) casos se refiere a derechos de pueblos indígenas, y en seis (6) respecto de derechos ambientales. En una reunión convocada por MINJUSDH, realizada el lunes 1 de marzo, se indicó que el número de solicitudes ha incrementado a 25. En la misma se presentaron la versión final de la Ficha de Datos para el Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras; y, el borrador del decreto supremo que aprueba una herramienta intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, que propone la creación de una Comisión Multisectorial encargada de la implementación de medidas de prevención, protección y acceso a la justicia para las personas defensoras de derechos humanos.
También, desde el plano congresal, se han formulado propuestas normativas. Tal es el caso del Proyecto de Ley N° 6625/2020-CR, que propone la Ley para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, en cuyo Título IV determina responsabilidades de las autoridades de diversos sectores y niveles de organización del Estado. Y, el Proyecto de Ley N° 6762/2020-CR, que propone la Ley que promueve y protege a los defensores de derechos humanos, cuya Primera Disposición Complementaria Final declara de interés la creación de un Sistema Nacional de Promoción y Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Si bien estas iniciativas son valiosas, no debemos perder de vista la importancia de contar con suficiente respaldo presupuestal para implementarlas. En tal sentido, es llamativo que en la Guía de orientación al ciudadano del Presupuesto Público 2021 del Ministerio de Economía y Finanzas, el sector Justicia no haya sido incluido en las prioridades para el presente año, y que su presupuesto asignado solo representa el 3.8% del total (S/. 183 029 770 158 soles).
Tampoco debemos perder de vista la evaluación de las herramientas existentes. Esto es, analizar si las acciones realizadas por MINJUSDH han sido céleres, oportunas, y efectivas para la reducción del riesgo. De fondo, debe tenerse en cuenta que para una protección efectiva de los defensores ambientales debemos reflexionar sobre los problemas estructurales existentes, y que, como hemos adelantado, tienen a la problemática territorial para los pueblos indígenas como eje central. Las barreras burocráticas, falta de priorización llevan a que el proceso de titulación comunal sea de difícil acceso para quienes lo inician, tiempo que termina siendo aprovechado por terceros para obtener concesiones que se superponen a las mismas o para invadirlas haciendo uso de la fuerza. Al respecto, es preocupante el incremento de los territorios afectados por actividades ilegales, principalmente de minería y tráfico de tierras. De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) la minería ilegal ha continuado incluso con las medidas de emergencia sanitaria dictadas por el gobierno, siendo causa principal de impactos sobre el ambiente, los derechos territoriales, y la subsistencia misma de los pueblos indígenas que habitan en dichos territorios y que constantemente son amenazados.
Por lo cual, asegurar la protección de las personas defensoras es una urgencia y acción estratégica para hacer frente a los impactos colaterales del COVID 19.