-Sociedad Civil y Organizaciones indígenas solicitan priorizar Proyecto Legislativo
El 08 de febrero, distintas organizaciones de sociedad civil en conjunto con organizaciones indígenas y ciudadanos enviaron una carta dirigida a Leslye Lazo, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, con la finalidad de priorizar la revisión del Proyecto de Ley N.° 06762/2020-CR, Ley que promueve y protege a los defensores de derechos humanos.
En Perú, en los últimos 7 años, se han reportado once asesinatos de líderes indígenas de la Amazonía peruana según cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; cuatro de los cuales ocurrieron desde que el gobierno declaró la emergencia sanitaria por la Covid-19. Es decir, esta situación se ha mantenido a pesar de las medidas de confinamiento decretadas. Las víctimas más recientes han sido: Arbildo Meléndez (Huánuco), Gonzalo Pío (Junín), Lorenzo Wampagkit (Amazonas), y Roberto Pacheco (Madre de Dios).
Todos estos casos reflejan un problema estructural referido a las constantes amenazas que sufren las personas defensoras, la limitada o deficiente participación de las autoridades competentes para investigar y sancionar, y el clima de impunidad que queda. Roberto Pacheco fue asesinado el 11 de setiembre de 2020. La víctima es hijo de Demetrio Pacheco, líder indígena que en los últimos 4 años presentó siete denuncias de deforestación y usurpación de tierras ante la fiscalía de Madre de Dios. Del total de casos, ninguno consiguió acceder a justicia. A inicios de octubre del mismo año, dos líderes indígenas de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) denunciaron haber recibido amenazas de actores presuntamente ligados al tráfico de tierras; por ello, solicitaron la activación del Procedimiento de Alerta Temprana del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Si bien se iniciaron acciones, estas devinieron en insuficientes.
En ese contexto, resulta de especial importancia la iniciativa recogida en el Proyecto de Ley N° 06762/2020-CR. Tal como hemos reflejado en la Opinión Técnica de DAR, remitida al despacho del congresista Alberto De Belaunde el 11 de enero del año en curso, así como durante nuestra participación en las reuniones convocadas por el mismo.
En nuestro informe destacamos que la propuesta normativa haya declarado de interés la creación del Sistema Nacional de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (PDDH). Al respecto, añadimos que sería oportuno determinar qué institución ejercería su rectoría, la forma en que se llevaría a cabo la coordinación y las acciones intersectoriales, vinculándose a las iniciativas existentes como las desarrolladas por el MINJUSDH y la Defensoría del Pueblo. Es oportuno que esta herramienta logre la articulación de actores clave para la protección de las PDDH, tales como el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Especialmente, sería de utilidad articular este sistema con las labores que realizan las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental que son las que conocen muy de cerca la situación de las PDDH. Esto, a raíz de las denuncias que estos grupos formulan en contra de actores, principalmente, relacionados con actividades ilegales. Una mayor articulación con estas instituciones permitirá que también pueda dotarse de mayor logística y presupuesto, con lo que se eviten situaciones que expongan en sobremanera a las PDDH que denuncien. Así como identificar la trazabilidad de los delitos cometidos, a fin de identificar los patrones y adoptar decisiones que contribuyan con su prevención, investigación y sanción.
Puede revisar nuestro informe en el siguiente enlace:
- Informe: [Link]
Puede revisarla carta en el siguiente enlace:
- Carta: [Link]