Representantes de sociedad civil de América Latina y el Caribe que vienen participando en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), reunidos entre los días 28 al 30 de Noviembre de 2017 en Santo Domingo – República Dominicana, en el marco del “Taller Regional EITI en Latinoamérica y el Caribe”, manifestamos nuestra preocupación por el aumento del número de defensores ambientales e indígenas en nuestros países que vienen siendo perseguidos y asesinados. Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por la tendencia mundial de debilitamiento de la normativa ambiental y social en el marco de grandes proyectos extractivos y de infraestructura.
En ese sentido, consideramos fundamental, que nuestros gobiernos, así como las instituciones financieras internacionales que financian cambios de políticas en nuestros países, puedan garantizar en el marco de sus políticas el respeto por los derechos humanos de una manera efectiva. Además, que los cambios normativos en minería e hidrocarburos puedan darse en procesos transparencia, acceso a la información y de participación ciudadana. El derecho al acceso a la información es un derecho humano, por ende, si no se garantiza adecuadamente, impacta en otros derechos como la consulta previa, la participación, la salud y a un ambiente sano.
Solo con información ambiental clara, oportuna y entendible, la ciudadanía puede exigir a sus autoridades que se garanticen sus derechos y se cumplan compromisos concretos, por ello, la importancia que los países de Latinoamérica y el Caribe puedan mejorar los mecanismos para transparentar la información socioambiental y garantizar el derecho humano de acceso a la información.
Por ello, desde sociedad civil, y en el marco de la iniciativa EITI señalamos lo siguiente:
- Es importante que se priorice en nuestros países, la difusión de la información socioambiental y relacionada a proyectos extractivos, en especial que se transparente información de los gastos sociales y ambientales realizados por las empresas y el gobierno, los estudios de impacto ambiental, las autorizaciones y solicitudes de derecho de uso del recurso hídrico, los procesos de fiscalización ambiental, las multas, las sanciones, los aportes por regulación de las empresas, entre otros. Consideramos que abrir la información a estos temas, generará mayor confianza entre los actores y disminuirá conflictos sociales.
- Creemos y solicitamos que es importante que se fortalezcan los mecanismos de divulgación de los datos de los informes EITI de una manera más inclusiva, con enfoque intercultural para que la información llegue a la ciudadanía, sobre todo a las poblaciones que se encuentran en la zona de influencia directa e indirecta de los grandes proyectos extractivos y que son los menos beneficiados y más pobres.
- También exigimos que las instituciones financieras internacionales – IFIS y cooperantes que vienen apoyando a la iniciativa prioricen un apoyo para el fortalecimiento de la sociedad civil en el EITI, enfocado en la necesidad de fortalecer a las poblaciones locales impactadas y a mecanismos gubernamentales para que la información generada sea útil para la toma de decisión, ya que existe una asimetría entre los participantes de las comisiones nacionales. EITI debe promover un mayor impacto respecto al uso de la información por la población.
- Solicitamos que nuestros países implementen y monitoreen las hojas de ruta sobre beneficiarios reales de manera efectiva que se realizaron en el marco del nuevo estándar 2016 aprobado en la VII Conferencia Global EITI. Conocer la cadena completa de los beneficiarios reales permitirá fortalecer la gobernanza de nuestros países y eliminar la corrupción.
Finalmente, exhortamos a nuestros gobiernos a que si bien el EITI es una herramienta para mejorar la transparencia en las industrias extractivas no debe ser visto como un mínimo sino se debe aspirar a un máximo. Por ello, solicitamos a la Secretaría Internacional del EITI que promueva la inclusión en su agenda de los próximos talleres regionales el tema de la transparencia ambiental y social, por ser de relevancia para la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe y una demanda de las poblaciones locales.
República Dominicana, diciembre de 2017
FIRMAN:
- Acción Ciudadana. Capítulo de Transparencia Internacional (Guatemala)
- Civil Society (Guayana)
- Civil Society Trade Union (Suriname)
- Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú)
- Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva – ENTRE (República Dominicana)
- Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras – FOPRIDEH (Honduras)
- Colegio Dominicano de Economistas- CODECO (República Dominicana)
- Grupo Propuesta Ciudadana – GPC (Perú)
- Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las industrias Extractivas de Colombia (Colombia)
- MOPAWI – Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia (Honduras)
- Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana)
- Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación – PODER (México)
- Transparencia por Colombia (Colombia)
- Woman Rural (Trinidad y Tobago)
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