Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad, constituido en respuesta a la amenaza que representa la minería ilegal para el ambiente, la salud e integridad de la población, en especial los pueblos indígenas y la vida silvestre que habita en los corredores mineros, ríos y otros cuerpos de agua, Áreas Naturales Protegidas y Áreas Claves de Biodiversidad del Hotspot Andes Tropicales, hacemos de conocimiento de la ciudadanía lo siguiente:
- Alertamos y rechazamos la aprobación del Proyecto de Ley N° 5706/2020 – CR, que propone la modificación del plazo de inscripción de personas naturales o jurídicas del segmento de pequeña minería y minería artesanal en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), reprogramada para el día de hoy 18 de febrero en la sesión del Pleno del Congreso de la República.
- Este proyecto, tiene por finalidad modificar y ampliar el plazo originalmente establecido por la Ley N° 31007 “Ley que reestructura la inscripción en el Registro integral de formalización minera de personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de exploración o beneficio en el segmento de pequeña mineria y mineria artesanal”, que finaliza el 31 de diciembre de 2021, siendo el nuevo plazo – de ser aprobado – hasta junio del 2022.
- Ahora bien, este proyecto no ha considerado la opinión técnica remitida por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), al señalar que el plazo originalmente establecido por la Ley N° 31007, aún se encuentra vigente y que la propuesta de ampliación de plazo no sería el único procedimiento para ser parte del proceso de formalización, sino que, también es viable por la Ley N° 27651 “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal” y su Reglamento, a su vez, han señalado que pese al contexto por la emergencia de la COVID-19 este no ha sido impedimento para que se continúe con la atención del proceso de registro e inscripción en el REINFO.
- Por otro lado, cabe advertir que, esta propuesta de ampliación no incluye acciones y/o medidas adicionales que fortalezcan el proceso de evaluación integral de la formalización minera, siendo este proceso un tema muy complejo, que requiere presupuesto, recursos humanos, transparencia en los procesos administrativos, entre otros aspectos. Motivos por lo cuales, solo tomar en consideración únicamente la ampliación del plazo, traería por consecuencia prolongar e incrementar las deficiencias de este proceso.
- Además, este proyecto no toma en cuenta el comunicado emitido por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente del día 12 de diciembre del año 2020, en donde señalan en el ítem 3 que “Los proyectos de ley antes mencionados no aseguran el desarrollo sostenible de una pequeña minería y minería responsable, por el contrario, podrían perjudicar a los mineros que vienen formalizándose y cumpliendo con los requisitos y exigencias que la normatividad señala, además de traer como consecuencia el deterioro del medioambiente, al incentivarse prácticas sin una adecuada planificación y sin los permisos que el ordenamiento jurídico permite para el desarrollo de cualquier actividad minera.”
- Asimismo, la aprobación de este Proyecto de Ley, podría suponer un retroceso en la lucha frontal contra la minería ilegal, delito por la cual han venido trabajando arduamente las diferentes Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), los Juzgados Penales y Juzgados Especializados en Materia Ambiental del Poder Judicial, la Dirección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales, con especial énfasis en las regiones de Madre de Dios, Ucayali y Loreto, donde hay mayor presencia de esta actividad.
- En consecuencia, exhortamos se analice profundamente el impacto de esta propuesta legislativa y se tome en consideración el analisis advertido por el Ministerio de Energia y Minas, ya que no solo acarrea consecuencia contra la lucha frontal de la minería ilegal y los crímenes asociados (como la tala ilegal, la trata de personas, el lavado de activos, entre otros) sino que, también el impacto negativo que genera sobre nuestra Amazonía, los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y la salud de las poblaciones locales.
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