Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, dedicadas a hacer el seguimiento de los compromisos de Perú ante la Alianza para el Gobierno Abierto desde su adhesión en 2012, llamamos la atención del Presidente de la República, Sr. Pedro Pablo Kuczynski, sobre el grave retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública que supone el Decreto Legislativo N° 1353 que crea una oficina en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), calificándola como “Autoridad Nacional”, pero carente del nivel y de atribuciones mínimas para una entidad de esta naturaleza. Esta norma menoscaba la institucionalidad de la transparencia y el acceso a la información por lo siguiente:
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Resta por completo el nivel jerárquico requerido por una autoridad nacional, al establecer esta entidad como una oficina dentro del MINJUS y no un organismo técnico especializado con autonomía para fiscalizar y sancionar a toda la administración pública.
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Crea una “Autoridad” carente de capacidad para dejar sin efecto los argumentos antojadizos o arbitrarios que las entidades públicas utilizan con frecuencia para calificar como reservada, confidencial y secreta la información que poseen.
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Permite a las entidades públicas fijar unilateralmente el plazo de respuesta a las solicitudes de información pública, retrocediendo en el cumplimiento de este derecho.
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Instaura un Tribunal Administrativo en paralelo a la “Autoridad”, al anterior del MINJUS, como instancia ministerial para resolver quejas por falta de acceso a la información pública, que tampoco cuenta con atribuciones para acceder a la información clasificada como reservada, confidencial o secreta por las entidades públicas, limitándose así sustantivamente la eficacia de sus funciones.
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Limita la labor sancionadora del mismo Tribunal frente a quienes violan la ley, toda vez que únicamente conocerá casos en apelación cuando primero la propia entidad pública hubiera sancionado al funcionario responsable, y este no estuviese satisfecho con esa decisión.
Cabe anotar que contar con una entidad autónoma dedicada a promover la transparencia y la adecuada implementación del derecho de acceso a la información pública, fue una demanda de la sociedad civil y materia de un amplio consenso con el Estado peruano al interior de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que derivó en una propuesta legislativa entregada a la Presidencia del Consejo de Ministros en mayo de 2016.
Satisfacer esta demanda fue parte del plan de gobierno de Peruanos por el Kambio, por lo que en setiembre de 2016 el gobierno instaló un grupo de trabajo integrado por expertos del sector público y privado dentro del MINJUS para diseñar un organismo especializado con autonomía técnica y presupuestal, capaz de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la ley. La propuesta de la CAN fue la base de ese trabajo, y diversas organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Presidencial de Integridad fueron invitadas para dar aportes.
Sorprendentemente, el Gobierno no recogió ninguna de las propuestas sustantivas del grupo de trabajo y tampoco incorporó los aportes de sociedad civil. Por el contrario, el Decreto Legislativo N° 1353 deja en una situación de indefensión a la ciudadanía en el campo de las libertades informativas, pilares de toda sociedad democrática. Por ello, demandamos al Poder Ejecutivo una pronta rectificación, presentando a la brevedad ante el Congreso de la República, un proyecto de ley que derogue el citado Decreto Legislativo y permita crear una real Autoridad Autónoma.
Lima, 24 de enero de 2017.
FIRMAN:
- Alfa-Redi
- Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular
- Asociación Arariwa
- Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
- Asociación Intercultural Bari Wesna
- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
- Asociación Nacional de Centros (ANC)
- Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
- Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
- Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
- Centro Peruano De Estudios Sociales (CEPES)
- CHIRAPAQ – Centro de Culturas Indígenas del Perú
- Consejo de la Prensa Peruana
- Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
- Consejo Nacional de Desarrollo Social (CONADES)
- Confederación Campesina del Perú (CCP)
- Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP)
- Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO)
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
- Culturaperu.org
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
- EarthRights International (ERI)
- Environmental Investigation Agency (EIA)
- Foro de la Sociedad Civil en Salud (FOROSALUD)
- Foro Ecológico del Perú
- Foro por el Derecho a la Comunicación
- Fórum Solidaridad Perú
- Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
- Grupo Propuesta Ciudadana
- Illa – Centro de Educación y Comunicación
- Instituto del Bien Común (IBC)
- Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS PERÚ)
- Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS)
- Liber – Centro de Libertades Informativas
- Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC)
- Open Data Perú (ODPE.org)
- Paz y Esperanza
- Proética – Capítulo Peruano de Transparencia Internacional
- Red Científica Peruana (RCP)
- Red Muqui Perú
- Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
- Salud Preventiva Andina
- Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi)
- Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
- Suma Ciudadana
Adhesión personal:
- Rocío Silva Santisteban Manrique
- Roberto Pereira
Versión en pdf.
[Actualización]
El pasado sábado 28 de enero, este pronunciamiento fue publicado en Diario La República y Correo.