La explotación de los recursos naturales no renovables forma parte crucial en muchas economías del mundo, siendo casi el motor central de sus PBI. Las actividades extractivas están relacionadas con conflictos sociales (en algunos casos criminalizando su protesta), y denuncias de corrupción, pero sobre todo al desconocimiento y desinformación de la población sobre la renta, las utilidades y los usos del dinero que recibe el Estado proveniente de los impuestos y regalías.
Transparentar el flujo económico de las industrias extractivas es fundamental. Por tal motivo la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) cobra gran relevancia en el mundo y en nuestro país. El EITI se conforma por representantes de gobiernos, empresas y sociedad civil con el objetivo de transparentar los pagos que realizan las empresas extractivas a los Estados y el ingreso que se recibe de estas, para prevenir hechos de corrupción y mejorar la gestión de los recursos económicos que se obtienen de esta actividad. En la actualidad 51 países la conforman de manera voluntaria.
Desde 2005, Perú es miembro de la iniciativa y ha venido cumpliendo con los criterios y exigencias del estándar, ha sido el primer país en América Latina en recibir la categoría de país cumplidor y en implementar dos experiencias descentralizadas que permiten a la ciudadanía vigilar el uso de los recursos del canon en sus localidades, tales son los casos de Piura y Moquegua.
Sin embargo, ninguno de los candidatos presidenciales ha tenido propuestas concretas en materia de transparencia en el sector extractivo y la prevención de conflictos sociales. El EITI al ser un mecanismo que fomenta mayor transparencia, puede servir para generar confianza con la población y ayudar a prevenir los conflictos sociales.
En febrero de este año, la Comisión Nacional EITI Perú presentó los resultados del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN) del EITI (elaborado por la Consultora E&Y) correspondiente al año fiscal 2014. En este estudio participaron 59 empresas. Para asegurar amplia cobertura uno de los criterios de participación es que el aporte de la empresa sea igual o mayor al 2% del valor de producción para el sector minero y de 1% para el hidrocarburifero.
Esta Comisión ha definido que los resultados de los Estudios deben reflejar los siguientes conceptos: (i) Impuesto a la Renta determinado por el Contribuyente (de las Declaraciones Juradas presentadas por los subsectores minería e hidrocarburos); (ii) Regalías (subsectores de minería y petróleo); (iii) Impuesto Especial a la Minería (solo para el subsector minería); (iv) Gravamen Especial a la Minería (solo para el subsector minería) y (v) Derecho de Vigencia (solo para el subsector minería).
En el V estudio se logró cubrir al 85% del valor de producción minero y el 95% del subsector hidrocarburos. Solo una compañía manifestó su intención de no adherirse al informe EITI, la Minera Chinalco Perú SA, la cual cuenta con una participación mayor al 2% del sector. La decisión de esta empresa de no participar afecta negativamente el objetivo del país de cumplir con el estándar EITI.
Por lo expuesto, instamos a que los candidatos den continuidad y fortalezcan esta iniciativa y que empresas como Chinalco transparenten sus pagos al Estado, evidenciando su voluntad de adherirse al estándar EITI, a fin de evitar poner en riesgo la permanencia de nuestro país en una iniciativa que podría contribuir a mejorar los procesos de participación y transparencia ambiental en nuestros recursos extractivos.
Tras 11 años de implementación del EITI, necesitamos que la materialización de los mecanismos de financiamiento del sector sea parte de una política pública de transparencia, al igual que la administración de la información proporcionada por empresas sea más rápida. La creación de una Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información sería la oportunidad para hacerlo, de tal manera se podría impulsar el EITI y la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, en inglés) en el país.
El OGP promueve la transparencia, la lucha contra la corrupción, ampliar la participación social y lograr un gobierno abierto, eficaz y responsable en el manejo del presupuesto y la información pública. Nuestro país también forma parte de esta iniciativa desde el 2012, siendo necesario que también el próximo gobierno se manifieste sobre su continuidad.
Finalmente, el EITI y el OGP se vuelven fundamentales ante el actual contexto de flexibilización de estándares socio-ambientales en las inversiones, cabe señalar, que una de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la Evaluación de Desempeño Ambiental Perú 2016 es la inclusión del tema ambiental en el EITI. Por ello, transparentar y hacer accesible mayor información AMBIENTAL respecto a las industrias extractivas como la información relacionada con los procesos de otorgación de derechos, evaluación y fiscalización ambiental, se convierte en salvaguardas para generar inversiones sostenibles.
Lima, 3 de junio de 2016.
Firman:
- Alfa-Redi
- Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular
- Ana Sabogal, representante del EITI-PUCP
- Asociación Arariwa
- Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
- Asociación Nacional de Centros (ANC)
- Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
- Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
- Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
- CARE Perú
- Cáritas del Perú
- Central Asháninka del Río Ene (CARE)
- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
- Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – Cordillera Azul (CIMA-Cordillera Azul)
- Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER)
- Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)
- Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
- Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
- Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú
- Ciudadanos al Día
- Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
- Confederación Nacional Agraria (CNA)
- Consejo de la Prensa Peruana (CPP)
- Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
- Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro)
- CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
- Derechos Humanos sin Fronteras de Cusco
- DESCO Sur
- Environmental Investigation Agency (EIA)
- EQUIDAD, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos
- Foro Ecológico del Perú
- Forum Solidaridad Perú (FSP)
- Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
- Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)
- Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
- Instituto de Desarrollo Socioeconómico (IDS) PROSPECTIVA AMAZÓNICA
- Instituto del Bien Común (IBC)
- ONG Caminemos Juntos
- Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
- Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P)
- Paz y Esperanza
- RED MUQUI Perú
- Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
- Salud Preventiva Andina
- Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)
Acceda al pronunciamiento aquí.
Acceda al pronunciamiento publicado el 8 de junio en el Diario La República concluido el proceso electoral.