Créditos: Programa Mujer de ORAU
- Ucayali es la región con mayor número de asesinatos en contra de personas defensoras ambientales (8), así como de amenazas en su contra (al menos 113 casos, según un informe elaborado por ORAU, DAR y PROPURUS).
- En ninguno de los casos de asesinato registrados se ha sancionado a las personas responsables, ni se ha dispuesto ayudas sostenidas a los familiares sobrevivientes.
- El Congreso de la República aprobó la Ley N° 31405 que “promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad”; sin embargo, su implementación se ha retrasado debido a que aún no se ha reglamentado la ley.
Lima, 25 de marzo de 2022. Una de las demandas constantes de las personas defensoras ambientales y sus familiares es el acceso a la justicia ante las amenazas y ataques en su contra. En más de un caso se ha identificado que luego de un ataque quedan personas que enviudan con hijos e hijas menores de edad y en condición económica precaria.
Esta situación ha sido expuesta por las organizaciones indígenas como la Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU. Muestra de ello ha sido que en mayo de 2021, representantes de su Programa Mujer Indígena (PMI), con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, concertaron una reunión con la entonces congresista Carolina Lizárraga, quien se comprometió a impulsar la aprobación de un proyecto de ley que considere los impactos diferenciados en las mujeres indígenas y sus familiares ante ataques a personas defensoras ambientales.
Créditos: PMI – ORAU, 2021.
Luego de la citada reunión, representantes del PMI-ORAU participaron en un espacio de trabajo impulsado por la Comisión de la Mujer presidida por la congresista Lizárraga. Esta comisión permitió que familiares de defensores como Arbildo Meléndez, Santiago Vega Chota, y Jorge Ríos Pérez, expresaran sus testimonios sobre la búsqueda de justicia en sus casos, el mantenimiento de amenazas y hostigamiento de agentes relacionados con actividades ilegales a quienes enfrentan diariamente; así como la situación de desventaja económica y precariedad en la que se encuentran.
Créditos: Congreso de la República, 2021.
El 10 de diciembre de 2021, la congresista Ruth Luque presentó el Proyecto de Ley N° 951-2021-CR que propuso la creación de un programa de reparación para niñas, niños y adolescentes hijos de defensores de derechos humanos en situación de orfandad, a través del otorgamiento de una asistencia económica y acciones de acompañamiento profesional que contribuyan a garantizar su acceso a la salud, acceso y continuidad educativa y proyecto de vida, que permita al adecuado desarrollo integral de las personas afectadas. Este proyecto ha sido debatido y aprobado en el Pleno del Congreso de la República el 13 de enero de 2022 materializándose en la Ley N° 31405, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de febrero de 2022.
Esta ley dispone que el otorgamiento de asistencia económica y acciones de acompañamiento profesional que contribuyan a garantizar el acceso a la salud, continuidad educativa, proyecto de vida, de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad, a fin de permitir su adecuado desarrollo integral. Específicamente en su artículo 2, inciso 2 incluye a “los menores de edad que se encuentran en situación de orfandad por haberse producido el fallecimiento de su madre, padre, ambos o tutor legal, conforme al Mecanismo Intersectorial para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos”.
Desde DAR y el PMI de ORAU saludamos la aprobación de esta Ley, pero al mismo tiempo exhortamos a que su cumplimiento sea efectivo. De acuerdo con lo previsto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la citada ley se fijó un plazo de 30 días calendario para su reglamentación por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Exhortamos que ello sea cumplido, más aún porque el plazo previsto ha vencido, y ello no debería ser obstáculo para el cumplimiento de estos deberes como parte de acciones de reparación hacia los familiares de las personas defensoras del medio ambiente y territorio.