- Debe precisarse una ruta clara para una mayor interacción con sociedad civil, el cumplimiento de compromisos sobre cambio climático, el Acuerdo de Escazú, la transición energética, la protección de derechos humanos, entre otros temas.
Panamá. – El 17 de marzo, se llevó a cabo una reunión entre organizaciones de la sociedad civil[1] de América Latina y El Caribe (LAC) e Ilan Goldfajn[2], presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se comprometió a generar un espacio de participación efectiva de la sociedad civil para la próxima Reunión Anual de Gobernadores en marzo de 2024.
En el intercambio participaron organizaciones que hacen seguimiento al BID, en relación con el cumplimiento de los estándares sociales, ambientales; así como a los derechos humanos, derechos indígenas, la transparencia y acceso a la información[3].
En ese sentido, el compromiso del presidente Goldfajn se dio como respuesta a los pedidos realizados por las organizaciones, tales como: 1) trabajar un nuevo modelo de relacionamiento entre BID con la Sociedad Civil; así como con pueblos indígenas, comunidades campesinas, quilombolas y otras comunidades de la región, que han sido impactados negativamente por las inversiones del Banco; 2) crear nuevos mecanismos de participación realmente efectivos en distintos niveles; 3) reactivar los Grupos Consultivos de la Sociedad Civil (CONCOS) del BID; 4) generar un monitoreo conjunto para el cumplimiento de los compromisos en materia de protección ambiental, social y cultural.
En la misma línea, sociedad civil reiteró acciones pendientes, como la actualización de las estrategias país del BID, las cuales finalizaron en el 2022; el trazado de acciones para cumplir objetivos a largo plazo para enfrentar el cambio climático (el cual fue parte central del discurso de Ilan Goldfajn en la inauguración de la Reunión Anual); el fortalecimiento y respeto del Acuerdo de Escazú en sus operaciones, el cual también es parte de las Políticas Sociales y Ambientales del Grupo BID; así como una adecuada implementación de la Política de Acceso a la Información del BID.
Al respecto, a pesar del compromiso del presidente del BID sobre la próxima Reunión Anual de Gobernadores en marzo de 2024; no se precisó aún una ruta clara para una mayor interacción con la sociedad civil, fuera del espacio de las Reuniones Anuales. Goldfajn tampoco expresó compromisos concretos respecto a la aplicación del Acuerdo de Escazú o la protección de derechos humanos. Por ello, esperamos que la nueva gestión del banco atienda estos temas claves en el marco del respeto de derechos y de estándares socioambientales en la región.
Finalmente, los pedidos expuestos son de vital importancia para la sociedad civil de la región, debido al actual retroceso de la democracia en la mayoría de los países de América Latina, lo cual repercute en el debilitamiento de los mecanismos de seguimiento y monitoreo a las inversiones, así como en los mecanismos de defensa de los derechos humanos.
Notas
[1] A la reunión asistieron: DAR, AAS, CIAM, ECOA, Wetlands International.
[2] El presidente del BID asumió el cargo en noviembre del 2022.
[3] Entre las organizaciones que participan se encuentran: Ecología e Ação (ECOA, Brasil); Asociación Ambiente y Sociedad (AAS, Colombia); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú); Center for International Environmental Law (CIEL); Cultura Ambiental – Causa Ecologista (CAUCE, Argentina); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps, Argentina); Plataforma Internacional contra la Impunidad; Protection International Mesoamérica; International Rivers; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente; Bank Information Center (BIC); Sociedad y Discapacidad (SODIS, Perú); Conectas y Direitos Humanos (Brasil); GT-Infraestructura (Brasil); y Coalition for Human Right in Development, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), International; Accountability Project (IAP); AMATE; International Rivers, Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA); el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM, Panamá); Wetlands International (Panamá) y PROMAR (Panamá).