Panamá 30 de julio de 2015.- Líderes y representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de Centro y Suramérica presentaron la situación de sus derechos ante la Presidenta y Relatora sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rose-Marie Belle Antoine, en el marco de la preparación de un informe sobre vulneración de los derechos de los indígenas durante la realización de Proyectos Extractivos y Turísticos.
El Informe, abordaría la aplicación de la consulta previa y el consentimiento; la institucionalidad indígena y cómo puede contribuir al proceso de consulta a los pueblos indígenas; así mismo destacará el control y vigilancia indígena, se explorará la relación de los estados y las empresas, siendo un tema preocupante la persecución o criminalización a los pueblos indígenas, además del impacto de las actividades a grupos vulnerables de las comunidades indígenas como son las mujeres y niños. La expectativa es reforzar los estándares a partir de las realidades.
La delegación de Bolivia expuso la afectación de derechos sin aplicación de la consulta a nivel nacional; que los proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) no fueron informados a los principales afectados y no se aplicó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se ha retrocedido en el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas, y se están dando leyes que solo favorecen a las decisiones de su Gobierno.
Ecuador contó con la participación del pueblo Sarayacu, quienes indicaron que no se están cumpliendo las decisiones de la CIDH y que además hay un vacío en el cumplimiento de la Consulta.
Por Perú participaron representantes de diversas organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y Consejo Machiguenga del Río Urubmaba (COMARU); quienes indicaron que sus territorio se ven afectados por proyectos como la palma aceitera, la minería ilegal, los hidrocarburos; al igual que la criminalización de líderes indígenas y la falta de investigación judicial de los asesinatos de los hermanos ashánincas.
También denunciaron la situación de vulnerabilidad de los pueblos autónomos o en situación de aislamiento o contacto inicial; alertaron sobre el debilitamiento de la normativa ambiental. Asimismo propusieron fortalecer la autoridad indígena para el monitoreo y vigilancia indígena en el ejercicio de derechos, resaltando la necesidad de la seguridad jurídica del territorio.
Por su parte, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) explicó la vulneración de derechos de las mujeres indígenas en las actividades extractivas, además indicó la necesidad de censos y estadísticas que visibilicen a los pueblos indígenas. Finalmente el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS) remarcó la urgencia de una institucionalidad indígena autónoma, indemnización por daños ambientales en territorios indígenas y el pago por servidumbres en territorios indígenas teniendo en cuenta la valoración económica ambiental y cultural.
A su turno, los delegados de El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá indicaron que los pueblos indígenas de sus países coinciden en que nunca se había tenido tanta presión sobre las comunidades y los recursos naturales o bienes comunes como en la actualidad. Que el proceso de consulta previa libre e informada está totalmente distorsionado y manipulado por los Gobiernos, ya que junto a las empresas, utilizan cualquier reunión con las comunidades en la que se cuente con listado de participantes para decir que se efectuó un proceso de consulta previa. Por ello, las comunidades tienen el derecho para decir no a una consulta a los Estados cuando sientan que este proceso es engañoso o manipulado.
Por ejemplo, mencionaron que en muchos casos se les exige a las comunidades u organizaciones que deben presentar pruebas de los efectos negativos que pudiesen generar una industria sobre su vida y territorio. Esto se convierte en una trampa porque en la mayoría de los casos se les exige presentar pruebas ante un sistema de justicia viciado, corrupto y basado en la visión occidental.
Aseguraron que los pueblos indígenas y afrodescendientes, también deben tener el derecho para demandar a las empresas en sus países de origen, puesto que existen ejemplos de empresas que demandan a los Estados, cuando los Gobiernos determina que tales empresas debe resarcir los daños generados a las comunidades o cuando se suspende la ejecución de los proyectos.
En tanto, los representantes de Colombia sostuvieron que la consulta previa está siendo utilizada de mala forma, pues se ve como parte del procedimiento y no como un mecanismo de resolución de posibles conflictos futuros. Señalaron que las medidas de compensación son utilizadas como preventa con la finalidad de que las comunidades aprueben el desarrollo del proyecto, mientras que el Estado actúa como promotor de los proyectos de inversión y no como garante de los derechos.
De igual manera, enfatizaron la necesidad de que los organismos internacionales revisen la aplicación de los instrumentos de Derechos Humanos e instruyan al Gobierno en cumplir su rol de garante y mediador. Finalmente, se dio a conocer la situación de vulneración de derechos de los afrodescendientes por empresas turísticas que se instalan en sus territorios ancestrales.
Chile informó de la grave situación que particularmente vive el pueblo mapuche ya que no se aplica la consulta previa y además, el Estado actúa como promotor de los proyectos de inversión y no como garante. Otra situación que se informó fue la sistemática aplicación de leyes de acepción como las leyes Antiterroristas, a la Protesta Social Indígena; así como la gran cantidad de proyectos en territorios indígenas tanto en la costa como en la Cordillera de los Andes y en aéreas protegidas sin realizar procesos de consulta.
Durante su intervención, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) presentó recomendaciones para el Informe que elabora la CIDH, entre los que destaca la Propuesta de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas y Tribales de América Latina en espacios regionales e internacionales elaborado por dicha organización indígena.
En el marco de la celebración de los 26 años desde la creación del Convenio 169 de la OIT, las organizaciones que participaron de estas reuniones fueron:
- Bolivia: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia -CIDOB.
- Chile: Identidad Territorial Lafquenche, Asociación Regional de Turismo Mapuche, Comunidad Mapuche Carimán Sánchez, Alianza Territorial Puelwillimapu, Observatorio Ciudadano y el Programa de Política Indígena.
- Colombia: Organización Nacional Indígena – ONIC; Proceso de Comunidades Negras –PCN; Pueblo Asou´wa; Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC; Dejusticia.
- Ecuador: Pueblo Sarayaku.
- El Salvador: Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.
- Honduras: Organización Fraternal Negra Hondureña – OFRANEH; Progreso. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús-ERIC-Radio.
- Panamá: Alianza para la Conservación y Desarrollo –ACD; Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro– MODETEAB; Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá – COONAPIP; Centro de Asistencia Legal Popular-CEALP.
- Perú: Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –ONAMIAP; Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana –AIDESEP; Consejo Machigenga del Río Urubamba – COMARU; Organización Regional AIDESEP-Ucayali – ORAU; Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible – IDLADS; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales -DAR.
- Regional: Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica-COICA, Oxfam y Fundación para el Debido Proceso – DPLF.
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