Foto: Larry Taminchi
- Se pide que se dejen de ofertar hidrocarburos en territorios indígenas, reservas territoriales e indígenas y áreas naturales protegidas.
- El pedido se realizó durante la audiencia temática de la CIDH solicitada por AIDESEP y DAR.
Lima, 5 de marzo de 2025.- Representantes de pueblos indígenas y sociedad civil peruana solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado peruano excluya las áreas promocionales y convenios de evaluación técnica para hidrocarburos de los territorios indígenas, Reservas Territoriales e Indígenas, y áreas naturales protegidas.
El pedido se realizó durante la audiencia temática “Afectaciones a derechos de pueblos indígenas por actuación de las industrias extractivas en Perú”, en el marco del 192° periodo ordinario de sesiones de la CIDH. La audiencia fue solicitada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Superposiciones y derechos
Durante la audiencia, Vanessa Cueto, presidenta de DAR, advirtió cómo el ofrecimiento de áreas de promoción de hidrocarburos en la Amazonía peruana por el Estado peruano afecta a las reservas indígenas y territoriales para pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI); así como las áreas naturales protegidas de uso indirecto y el territorio de 21 pueblos indígenas, vulnerando sus derechos al acceso a la información y participación ciudadana, la consulta y consentimiento previo, a la salud, entre otros.
“Ello implica, además, el incumplimiento del país de sus compromisos internacionales sobre clima, diversidad biológica y otros”, enfatizó Cueto, durante su participación en la audiencia.
A su turno, Julio Cusirichi, dirigente de AIDESEP y ganador del premio Goldman, denunció que la superposición de las áreas promocionales para hidrocarburos pone en riesgo la vida de los pueblos Achuar, Amahuaca, Ashaninka, Asheninka, Awajún, Chapra, Harakbut, Jíbaro, Kakataibo, Kandozi, Kapanawa, Kichwa, Kukama Kukamiria, Matsigenka, Shawi, Shipibo-Konibo, Urarina, Wampis, Yaminahua, Yanesha y Yine. Asimismo, recalcó que las actividades económicas no pueden estar sobre la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Asimismo, Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP, cuestionó la afirmación del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) realizada durante la Audiencia en relación a que las técnicas y tecnologías no afectan los procesos ecológicos ni la sostenibilidad de los recursos naturales, ya que ello no refleja la realidad de los territorios amazónicos. Enfatizó además que en las consultas previas las condiciones de participación han sido limitadas y los acuerdos no siempre se han cumplido.
Ambos dirigentes reiteraron que los PIACI correrían graves riesgos si se declara de necesidad pública la intervención en las Reservas Indígenas y Territoriales. El caso de la superposición del proyecto Camisea a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (mencionado por el mismo MINEM en la audiencia) es una prueba de ello: en un reporte del mismo Ministerio de Salud, se reconoce que en la década de los ochenta los contactos con población externa causaron la muerte de aproximadamente el 60% de los pobladores Nahua que vivían en el área de Camisea.
Promoción de hidrocarburos en áreas naturales protegidas
César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, advirtió que el MINEM y Perupetro están promoviendo actividades de exploración petrolera mediante un Convenio de Evaluación Técnica (XCII) dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde estas actividades están prohibidas por Ley, al ser un refugio único de gran diversidad biológica y fragilidad ecosistémica. Además, Ipenza señaló que el Congreso y el Ejecutivo buscan modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas, lo que generaría retrocesos en materia ambiental.
Ante esta situación, el vicepresidente de AIDESEP, Miguel Guimaraes, solicitó a la CIDH que recomiende al Estado peruano:
- Excluir las áreas promocionales y convenios de evaluación técnica para hidrocarburos de los territorios indígenas, Reservas PIACI y áreas naturales protegidas.
- Cumplir con el respeto y efectividad del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
- Garantizar el derecho al acceso a la información y a la participación.
- Remediar, restaurar y reparar los territorios indígenas.
- Ejecutar los acuerdos de las mesas de trabajo entre las organizaciones indígenas y las entidades del Estado.
- Avanzar en la diversificación de la matriz energética con la participación efectiva de los pueblos indígenas.
Por su parte, los comisionados de la CIDH consultaron al Estado sobre las medidas concretas para abordar los impactos de los derrames de petróleo en ríos y territorios indígenas, y sobre las consecuencias de la vulneración de derechos en la supervivencia de los PIACI.
Finalmente, la CIDH recordó que su rol es garantizar que las protecciones legales sean efectivas y que no solo queden sobre el papel, reiterando que debe haber un equilibrio entre los intereses del desarrollo del país y los intereses de los pueblos indígenas, ya que se trata de su supervivencia.