- DAR presentó el Diagnóstico 2015: Transparencia en el sector minero-energético peruano con participación de representantes de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo y Proética.
La transparencia y los conflictos sociales:
Millones de soles perdidos en impuestos y cientos víctimas entre muertos y heridos son el saldo que dejan los conflictos sociales en el Perú entre los años 2011 y 2015. La mayoría de ellos, relacionados con las actividades extractivas. El mensaje es uno: Si el siguiente gobierno no encuentra soluciones a reales a este problema tendremos mayores tragedias que lamentar y perderíamos la oportunidad de lograr una gestión sostenible de nuestros recursos que no solo respete, sino que afiance el ejercicio derechos colectivos para los involucrados. ¿No es eso lo que queremos todos?
El reciente estudio publicado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Diagnóstico 2015: Transparencia en el sector minero-energético peruano, presenta soluciones a un tema que no ha tenido la cobertura adecuada, y que directa o indirectamente nos han llevado a esta situación. A continuación vamos a repasar las principales hallazgos y recomendaciones para una ¡Transparencia ambiental, ya!
El Estado ha priorizado iniciativas de todo tipo que han enfatizado la importancia de crear un sistema de prevención que “gestione” los conflictos sociales. Esto, es parte de la solución, pero a su vez es una paradoja. Por un lado se invierte en implementar oficinas de diálogo a nivel nacional –a cargo de la PCM–, pero no se crea la Autoridad Nacional en Transparencia y Acceso a la Información (tarea también de la PCM) que vigile la actualización de los portales de transparencia estándar, la cual complementaría el diálogo informado que se requiere para evitar conflictos socioambientales.
Solo en segundo trimestre 2015, se logró un promedio de 81% de cumplimiento en la publicación de los portales de transparencia estándar, con información mínima obligatoria, de las instituciones con competencias directas. En el caso de las instituciones con competencias indirectas en la gestión, promoción, uso y evaluación de los recursos minero-energéticos el promedio fue de 86%. A pesar de ser una institución nueva, el SENACE, autoridad encargada de revisar los instrumentos de gestión ambiental (EIA, ITS, entre otros), obtuvo un 53% de cumplimiento. Por lo que es necesario aunar esfuerzos para el fortalecimiento de su política de transparencia.
De la revisión de los casos emblemáticos analizados en el Diagnóstico 2015, se pudo constatar que los expedientes físicos de los estudios de impacto ambiental de la central hidroeléctrica de Vera Cruz, solo se pueden encontrar en Lima y no en las provincias ni en los municipios donde se realizará el proyecto, siendo la única forma de acceso a los documentos, el traslado hacia la capital para su lectura en las oficinas del MINEM. Por la importancia de esta información en procesos de participación ciudadana, esto no debería suceder en ningún proyecto.
Asimismo, este escenario también puede revertirse con la publicación oportuna en el portal de transparencia de la entidad competente y en el idioma de las poblaciones vulnerables potencialmente afectas por el proyecto. De tal manera que los ciudadanos puedan incluir sus recomendaciones.
En el caso de los proyectos de hidrocarburos, como el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP), la población que puede verse afectada no tiene cómo acceder a información tan elemental como los Términos de Referencia (TdR) o los Planes de Participación Ciudadana (PPC) que no se encuentran en el portal web del MINEM, o no se actualizan en su momento y figuran solo en castellano. Igualmente, la transparencia permitiría que los pobladores vigilar los planes de acción ante derrames, como el derrame ocurrido en el ducto que transporta líquidos de gas natural (LGN) el 19 de enero.
Un agravante son las medidas adoptadas luego de la aprobación de los paquetazos ambientales. La aplicación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) genera confusión y falta de transparencia. Del proceso de evaluación del EIA en el GSP, no se ha podido constatar la existencia de procesos de participación ciudadana que cumplan con incorporar la opinión de la población sobre el proyecto y sus impactos, ni de verificar que la información fundamental sobre el proyecto llegó a la población. Recordemos que la aprobación de los informes técnicos sustentatorios pueden, en conjunto, modificar partes importantes del proyecto.
Durante el eve
nto de presentación del Diagnóstico 2015, Sara Arobes de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM comentó los resultados y agradeció que se den a conocer los hallazgos pues contribuyen con su tarea de capacitación del sector público: “Hemos tomado en cuenta las recomendaciones de DAR y vamos a ponerle el ojo a la instituciones que no están cumpliendo con la transparencia”.
Por último, Arobes expresó que las recomendaciones de DAR se han trasladado a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) para diseñar la creación de la Autoridad Nacional en Transparencia y Acceso a la Información. Es mucho lo que está sobre la mesa en términos socioeconómicos. La gobernanza de nuestros recursos y la vida de las poblaciones más vulnerables están en juego.
También se contó con la participación de Jorge Magán de la Defensoría del Pueblo, quien analizó la situación la transparencia y el acceso a la información a nivel nacional. Por su parte, Walter Albán de Proética señaló que la transparencia y la creación de un ente autónomo es vital para prevenir casos de corrupción por lo que debería estar más presente en los discursos electorales.
La ruta a seguir: DAR en la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI)
El 22, 23 y 24 de este mes, Lima será la sede de la Conferencia Global del EITI. Este evento reunirá a inversionistas, funcionarios de alto nivel y organizaciones civiles de todo el mundo y sus resultados marcarán la pauta sobre cómo mejorar políticas de transparencia y participación para actividades extractivas.
DAR, como representante titular de la sociedad civil peruana de esta iniciativa, propone la necesidad de incluir un estándar ambiental en el EITI que exija un compromiso internacional al Estado para hacer accesible información de los pagos realizados por las empresas en materia ambiental (remediación, por ejemplo) de manera oportuna.
La transparencia y el acceso a la información no es solo una herramienta para mejorar la gestión pública, es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos, cómo el derecho a la consulta previa libre e informada. Una política de transparencia fuerte también evita el avance de la corrupción y es la base para construir confianza sobre la cual se debe fundar la política nacional de prevención de conflictos sociales y una gobernanza ambiental en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales.
Para participar a la Conferencia acceda aquí.
Acceda al estudio en los siguientes enlaces:
Tríptico informativo
Resumen ejecutivo
Executive Summary