Por Cristina López Wong
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Los recientes anuncios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sobre la masificación de gas natural, así como la delimitación de nuevas áreas para actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos y el desarrollo de negociaciones con empresas interesadas en la firma de un contrato, son parte de la estrategia para el desarrollo energético del país.
En este contexto, durante este año, Perupetro ha establecido nuevas áreas para hidrocarburos en los ámbitos terrestre y marino, contando ahora con 9 áreas bajo la figura de Convenio de Evaluación Técnica (CET), 46 como áreas promocionales para la exploración y explotación de hidrocarburos y otras 9, como áreas en negociación, figura establecida recientemente cuyo fin último es lograr la suscripción de un contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos.
A pesar de las alertas sobre potenciales impactos socioambientales y vulneración de derechos de los pueblos indígenas, las nuevas áreas para hidrocarburos establecidas por Perupetro continúan superponiéndose, en varios casos, con más de 700 comunidades nativas en Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martín, así como a áreas naturales protegidas (ANP) y sus zonas de amortiguamiento, y a reservas territoriales e indígenas.
Esta superposición resulta mucho más preocupante cuando amenaza espacios intangibles que protegen a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIACI), tales como la Reserva Territorial Madre de Dios, las Reservas Indígenas Yavarí – Tapiche, Sierra del Divisor Occidental, Murunahua, y Kakataibo Norte y Sur; así como la propuesta de Reserva Indígena Tamaya – Abujao. Esta superposición promueve la vulneración del principio de no contacto que busca garantizar la supervivencia de los PIACI.
Además, la promoción de nuevas áreas por hidrocarburos abarca territorios indígenas y comunidades locales en la Amazonía donde es recurrente la falta de atención de la salud de las personas afectadas por metales pesados provenientes de los hidrocarburos, la insuficiente provisión de agua segura y alimentos para las comunidades afectadas por los derrames, así como los casi nulos avances en la remediación ambiental, a pesar de la existencia de un fondo de remediación desde hace más diez años. Por ejemplo, el pueblo Achuar continúa exigiendo acciones concretas ante la muerte de 11 personas y las afectaciones graves a la salud de más de 70 personas debido a los derrames petroleros en la cuenca del río Pastaza.
Por otro lado, Perupetro continúa promoviendo actividades de hidrocarburos en áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS), donde en el 2024 estableció el área promocional XCII superpuesta al territorio del Parque y recientemente dicha área promocional se ha convertido en el área en negociación XCII, sin que a la fecha se conozcan las empresas con las que se busca suscribir un contrato para exploración y/o explotación de hidrocarburos en esta área intangible. Lo preocupante es que ello contraviene el marco legal sobre las áreas naturales protegidas, especialmente el referido a las ANP de uso indirecto como el PNBS, donde la prohibición del desarrollo de actividades extractivas responde a los objetivos de conservación y la fragilidad de los ecosistemas que albergan los parques nacionales.
El debilitamiento progresivo de los estándares ambientales del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y las limitación de las entidades competentes para la fiscalización y remediación de los sitios contaminados y los pasivos ambientales, evidencian el alto riesgo de una intervención en espacios frágiles como son las áreas naturales protegidas, que son claves para mantener la gran biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas, que aseguran recursos indispensables, como la provisión de agua, para la población local.
El desarrollo energético del país no debe basarse en el incremento de zonas de sacrificio social y ambiental, por lo que es clave la exclusión de las actividades de exploración y/o explotación en las áreas naturales protegidas y los espacios protegidos para pueblos indígenas en aislamiento, así como la implementación de procesos tempranos de consulta previa y la remediación efectiva de los sitios contaminados y los pasivos ambientales, lo que ayudará a la construcción de confianza en el sector.
Finalmente, es importante también la implementación progresiva de condiciones para la diversificación de la matriz energética basada en recursos renovables y limpios, infraestructura sostenible, nivelar tarifas de acceso a los recursos energéticos, priorizar mayores porcentajes de la producción de hidrocarburos al consumo interno en vez exportarlo, así como establecer medidas institucionales para asegurar una real distribución equitativa y justa de los recursos energéticos para la población.
Si realmente queremos el desarrollo energético sostenible en el país, este no debe pensar solo en el sector industrial sino que debe, principalmente, buscar el acceso a este recurso a todos los peruanos y peruanas y debe hacerlo respetando las áreas ya priorizadas y resguardas para los PIACI y para salvaguardar nuestro invaluable patrimonio natural.
