En anteriores oportunidades, los gobiernos han priorizado la implementación de normas para acelerar las inversiones en el sector minero-energético sin incorporar salvaguardas fundamentales para la construcción de un Estado democrático como: transparencia, consulta previa a pueblos indígenas y participación ciudadana. Esto debilita la legitimidad del Estado y la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones.
martes, 17 de junio de 2014 12:00 AM