Martes 23 de agosto de 2022.- El 27 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima admitió la demanda presentada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para la indemnización a la población por daño moral, social y colectivo ocasionado por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla contra Repsol S.A (matriz), la Refinería La Pampilla S.A.A. (sociedad subsidiaria), la empresa aseguradora Mapfre y los propietarios de la embarcación que trasladaba el combustible.
De esta manera, es la primera vez que el Perú, representado por Indecopi, demanda a una transnacional (Repsol S.A.). Al proceso se ha sumado el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) como litisconsorte facultativo.
Al respecto, Henry Carhuatocto, presidente de IDLADS, destaca que “es la primera vez en la historia de daños ambientales en el Perú que se admite una demanda interpuesta por una entidad estatal, con el respaldo de la sociedad civil, donde las emplazadas son empresas transnacionales de España e Italia, con el fin que se indemnice de manera rápida y efectiva a todas las personas afectadas por el peor derrame de petróleo en el mar peruano”.
El daño a la población surge de la contaminación generada por dicho derrame, por ejemplo, mediante la afectación en los ingresos económicos de los pescadores, trabajadores de restaurantes y comercios de la zona; y en actividades turísticas y de recreación en las playas.
De acuerdo con el petitorio de la demanda presentada por Indecopi, se pide una indemnización por daños y perjuicios de naturaleza extracontractual por US$ 3,000 millones (S/ 11,403 millones) y una segunda indemnización por daño social, moral y colectivo ascendente a US$ 1,500 millones
(S/ 5,701 500 millones).
La demanda busca que los responsables del derrame indemnicen a la brevedad posible a la totalidad de personas afectadas, activando la póliza de seguro ambiental de las empresas involucradas, incluyendo la sociedad matriz (Repsol), de modo que se evite la necesidad de un largo proceso judicial.