En el marco de la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, la Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos (PIA-EDH) presentó el 26 de noviembre aportes que han sido producto de reuniones sostenidas como parte de la actualización del Barómetro Indígena sobre Empresas y Derechos Humanos, y tras analizar los distintos diagnósticos que se han presentado a lo largo del año.
Estos aportes refuerzan los que se formularon hace un año como parte de la presentación del “Barómetro Indígena sobre Empresas y Derechos Humanos”, no obstante, en este caso, realizan un especial énfasis en el actual contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19. Asimismo, han sido organizados con base en tres pilares sobre empresas y derechos humanos.
El primer pilar, referido al “deber estatal de proteger los derechos humanos” resalta la situación de alerta en que se encuentran las organizaciones indígenas de la PIA-EDH con relación a los reiterados anuncios de reactivación económica a costa de estándares ambientales y la limitación de los propios derechos de los pueblos indígenas, como el derecho de consulta previa. También se resaltó la especial preocupación que genera la situación de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (PIACI), en cuyo territorio se desarrollan actividades extractivas. Los PIACI no se encuentran efectivamente protegidos, sea porque las Reservas existentes no cuentan con suficiente respaldo (por ejemplo, puestos de control debidamente equipados, agentes de vigilancia), o porque aquellos territorios que han sido solicitados para la creación de una reserva, aún se encuentran en solicitud, situación que en general es aprovechada por actores que desarrollan actividades extractivas en superposición a estos espacios o en zonas colindantes con los mismos.
También destacaron la situación de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente los cuatro (4) líderes ambientales asesinados pese a las restricciones declaradas en el actual contexto de pandemia. La PIA-EDH destacó que es urgente conseguir una articulación entre las autoridades competentes y avanzar con las investigaciones y sanciones a las personas responsables, a fin de acabar con el clima de impunidad que por lo general se identifica en este tipo de casos.
El segundo pilar, sobre el “deber de las empresas de respetar los derechos humanos” destacó que es importante que las empresas implementen mecanismos de debida diligencia con respecto de las consecuencias que puede tener el desarrollo de sus actividades sobre los derechos humanos. Las empresas deben evaluar suspender sus labores cuando las mismas representan un riesgo real para la salud y vida de personas, tanto de sus propios trabajadores, como de los integrantes de las comunidades que habitan en los espacios donde realizan sus actividades, más aún si estas últimas se refieren a pueblos indígenas en extrema situación de vulnerabilidad, como pasa con los PIACI. También se recomendó que las empresas se abstengan de suscribir convenios con la Policía Nacional del Perú. Porque muchas situaciones de represión, hostigamientos y afectaciones hacia la vida e integridad de los líderes y lideresas indígenas se han producido en el contexto de estos convenios que parcializan a la Policía.
Finalmente, con relación al tercer Pilar, sobre “Implementación de medidas de remediación o reparación por los daños causados”, la PIA-EDH destacó que no puede seguir aplazándose la agenda de remediación y reparación por los daños sobre el ambiente, vida y subsistencia de los pueblos indígenas de la Amazonía. Especialmente de aquellas zonas impactadas por los derrames de petróleo. Son aproximadamente cincuenta (50) años de explotación petrolera, con impactos irreversibles, que plantean una agenda compleja que va más allá de la instalación de Mesas Multisectoriales que solo juegan con las expectativas de los pueblos indígenas. Es una tarea urgente implementar los acuerdos adoptados y no esperar a que estallen conflictos socioambientales para recién adoptar decisiones. Más aún en el actual contexto de la COVID-19, que ha sumado un problema bastante grave a una realidad previa de privación de derechos básicos que afecta a los pueblos indígenas.
En resumen, con este documento, las organizaciones indígenas integrantes del PIA-EDH han transmitido sus legítimas preocupaciones y aportes al PNA, el mismo que esperan que sea impulsado y culminado en los plazos previstos, y que refleje sus aportes, que en su conjunto permiten contribuir con la consolidación del Estado de Derecho y de la democracia en el país.
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