Mayra Zambrano Huarcaya
Programa Derechos y Justicia Ambiental
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Introducción
La globalización es un proceso de integración mundial que permite una conectividad e interacción continua entre los países. Ello posibilita, principalmente, el libre comercio y la industrialización. Sin embargo, ¿qué consecuencias negativas tendría en relación a la protección de los derechos humanos? De acuerdo con Werner y Weiss (2003), existen atroces vulneraciones a derechos humanos ocasionados por las empresas, de manera voluntaria o involuntaria, tales como explotación laboral, discriminación, financiamientos no éticos y destrucción del medio ambiente. En razón a ello, el presente texto pretende analizar los retos y oportunidades que nos ofrece el actual Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, vigente desde el 2021 hasta el 2025.
La vinculación del sector empresarial sobre el ejercicio de los derechos humanos empezó en el 2011, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante resolución 17/4, aprueba los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, los cuales se convierten en el primer parámetro normativo mundial que inserta directrices que permiten el desarrollo de 31 principios que giran en torno a tres pilares: proteger, respetar y remediar.
Los Principios Rectores han sido implementados internamente de manera paulatina, siendo que los países pioneros en aplicarlos fueron Reino Unido y Holanda, ambos en el año 2013. Posteriormente, se fueron sumando más países de la región europea y asiática, siguiendo con Estados Unidos y parte de Latinoamérica; entre ellos, el Perú, como tercer país a nivel regional, luego de Colombia y Chile; y, número veinticinco a nivel internacional.
Una breve comparación internacional
La elaboración de un instrumento de política pública que incluya la debida diligencia y que abarque diferentes actividades económicas no ha sido una tarea fácil, implicó un enorme reto en cada país, ya que se realizaron líneas bases sobre las problemáticas identificadas, además de numerosos diálogos multiactor y una constante búsqueda de consensos. Una característica en común de los Planes de Acción sobre empresas y derechos humanos, a nivel mundial, es el carácter declarativo y las buenas intenciones que presentan, siendo aún una herramienta estratégica limitante para la defensa de los derechos humanos frente al gran poder que representan las empresas. Ahora detengámonos en algunos ejemplos cercanos:
El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa de Colombia fue realizado en el 2020, durante la plena expansión del coronavirus a nivel mundial; donde no hubo una representación significativa de muchos sectores debido al contexto sanitario. Resalta la precisión de responsabilidades estatales de acuerdo a la competencia de cada uno y la vinculación de acciones concretas por cada Ministerio y Agencia; de esta manera, se evidencian las actividades adicionales que deberán realizar las entidades estatales y la sociedad podrá exigir un cabal cumplimiento de lo prometido; de igual modo, se destaca la creación de la comisión de seguimiento que incluye una activa participación de las organizaciones indígenas, las organizaciones nacionales de las comunidades negras, las ONG, los sindicatos, el Consejo Gremial Nacional, la Defensoría del Pueblo, los organismos multilaterales y la academia. Esta conformación variada de la comisión refleja la necesidad de retroalimentación de distintos sectores para brindar un adecuado reporte y analizar las posibilidades de complementar el Plan a través de recomendaciones legislativas adicionales que colaboren con el robustecimiento de la política pública para crear una coherencia normativa sobre derechos humanos.
Por otro lado, el Plan de Acción Nacional de derechos humanos y empresas de Chile fue publicado en el 2017; el contenido de este se enfoca, principalmente, en los tres pilares y en los ejes estratégicos de cada uno; sin embargo, no se establecen las metas a largo plazo o la identificación de entidades gubernamentales para liderar la acciones propuestas. Por ello, esta política pública solo ha logrado ser un objetivo de tendencia global sobre la materia, mas no un deber ser dentro del orden jurídico interno.
Nuestro país no se quedó atrás. El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 fue publicado el 11 de junio mediante Decreto Supremo N° 009-2021-JUS, que pese a las limitaciones de la virtualización en las comunicaciones, tuvo una vasta participación de 132 actores: 40 del Estado, 35 de la sociedad civil organizada, 22 del gremio empresarial, 8 de las organizaciones indígenas y 4 de las centrales sindicales; adicional a ello, contó con el respaldo institucional de los Ministerios de Justicia, Salud, Producción, Comercio Exterior, Economía, Trabajo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Transportes, Relaciones Exteriores, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, Interior, del Ambiente, Defensa, y Energía y Minas; esta amplia representación expresa un arduo trabajo de coordinación y cooperación interinstitucional que esperamos continúen para cumplir con las metas propuestas hasta el 2025 y lograr cumplir los indicadores institucionales.
Enfoque del Barómetro Indígena sobre empresas y derechos humanos en el PNA
Las actividades empresariales han incidido especialmente en territorios amazónicos ocasionando conflictos socioambientales y vulneraciones a derechos sustantivos e instrumentales; por ello, el Barómetro Indígena logró la visibilización de casos de afectaciones a derechos humanos, así como la construcción de las líneas de base y diagnósticos, estos fueron elaborados en conjunto con organizaciones indígenas integrantes de la Plataforma Indígena-Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos (COMARU, ORAU, ORPIO, CORPI-SL y ORPIAN-P) y su elaboración significó una participación activa de los hermanos y hermanas indígenas que relataban las vulneraciones contra sus derechos territoriales, ambientales, culturales y ancestrales. Entre las denuncias identificadas, se encuentra la falta de acceso a la información y transparencia; así como, el incumplimiento de la consulta previa, evaluaciones y remediaciones ambientales.
Retos y oportunidades sobre el PNA en Perú
La aprobación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos es un importante avance normativo sobre la conducta empresarial responsable y la debida diligencia; no obstante, el siguiente reto será la implementación que garantice la activa participación de los gremios empresariales, organizaciones indígenas, sindicatos y la sociedad civil organizada.
Los lineamientos y objetivos estratégicos del PNA hacen hincapié en desarrollar capacitaciones y orientaciones sobre la temática, esto revela una deficiencia en el conocimiento sobre la materia y el desafío será cumplir con el indicador que precisa contar con un plan de capacitación aprobado en el 2022 e implementado hasta el 2025. Adicional a ello, se destacan las acciones de reporte empresarial que se realizarán de manera voluntaria, eso implica un esfuerzo aún mayor de los Ministerios para incentivar la conducta empresarial socialmente responsable dentro de sus actividades económicas. Asimismo, uno de los grandes espacios de articulación y coordinación que se implementará es el Grupo Técnico de Trabajo de Pueblos Indígenas, cuya expectativa es grande ya que estará regulado bajo lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 005-2021-MC, que crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada de proponer, realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones estratégicas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios en el país. En línea con lo mencionado, también es importante señalar un aspecto negativo del PNA, ya que, lamentablemente, no se priorizó la remediación ambiental, pese a que ello fue (y es) objeto de numerosas denuncias por las organizaciones indígenas; un breve ejemplo de ello son los múltiples derrames de crudo de petróleo que ocurren en las zonas más remotas de la Amazonía donde no hay sanción alguna para la empresa subcontratistas. Ahora, un aspecto positivo sería el impulso del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para titular los predios rurales y de comunidades campesinas, esto podrá conllevar a una gran reducción del tráfico de tierras y otras ilegalidades, pero aún faltaría un gran desafío dentro de la titulación territorial: la georreferenciación de sus territorios colectivos. Finalmente, como punto medular, es necesario enfatizar que el PNA representa una oportunidad para prevenir y/o mitigar impactos hacia los derechos humanos de las personas defensoras del territorio y el ambiente, quienes son gravemente afectadas por la cadena de suministros que están a disposición de las empresas formales, informales e ilegales.
El PNA es un primer paso para visibilizar las brechas actuales que los Ministerios deben zanjar para poder trabajar todos juntos de manera horizontal por una prevención y/o mitigación de vulneración empresarial a los derechos humanos.
Fuentes consultadas:
- DAR. (2019) Barómetro indígena sobre empresas y derechos humanos.
- DAR. (2021) Se aprobó el primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Disponible aquí: https://dar.org.pe/se-aprobo-el-primer-plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos-2021-2025/
- IDEHPUCP. Compilación de Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos adoptados a febrero de 2019. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Loyola, D. El Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos de España y la responsabilidad social de las empresas de respetar los derechos humanos. Universidad Pontificia Comillas.
- Naciones Unidas. (2011) Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
- Naciones Unidas. (2014) Preguntas frecuentes sobre los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
- Weiss, H y Werner, K. (2003) El libro negro de las marcas. El lado oscuro de las empresas globales. Editorial Sudamericana Buenos Aires.