- Con nueva Ley se ampliaría el tiempo actual de las concesiones petroleras y gasíferas, pudiendo estas alcanzar hasta 80 años como máximo entre exploración y explotación del recurso.
- Norma debe promover la seguridad energética del país, frente a la actual tendencia a la exportación de recursos energéticos clave como el petróleo y gas natural.
Lima, 11 de septiembre de 2018.- Más de treinta organizaciones de sociedad civil –entre ellas, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)- expresaron su preocupación en relación al Dictamen que plantea una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que está a puertas de debatirse en el Pleno del Congreso de la República mediante un pronunciamiento público, en el cual solicitan el archivamiento de dicha propuesta, la modernización del sector hidrocarburos; así como la consulta previa de toda propuesta de medida legislativa que modifique la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos.
La propuesta legislativa amplía el tiempo de las concesiones petroleras y gasíferas hasta 80 años entre exploración y explotación de estos recursos, incluido el tiempo de retención. Esta extensión de tiempo no solo implicaría mantener a los mismos inversionistas por varias décadas, así estén en capacidad de extraer los recursos o no, sino también una decisión a largo plazo sobre el uso del territorio peruano para la actividad de hidrocarburos, limitando otras actividades alternativas.
El Proyecto preocupa también debido a que no incluye una estrategia para priorizar el abastecimiento interno, que actualmente se cubre en su mayoría mediante la compra de hidrocarburos del exterior; según Reportes de OSINERGMIN, la importación de hidrocarburos representó un promedio del 67% de la demanda interna entre el 2013 y 20171.
Por otro lado, el Proyecto de Ley le otorgaría facultades al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que estarían por encima de la rectoría del Ministerio del Ambiente (MINAM) y otras autoridades ambientales), pues faculta al MINEM para tomar la última decisión, al emitir opinión vinculante respecto de propuestas normativas de otros sectores como el MINAM y los gobiernos regionales y locales.
Menos estándares ambientales
Además, la nueva Ley flexibilizaría los estándares de las evaluaciones ambientales para las exploraciones sísmicas, al reducir la rigurosidad de los estudios, requiriendo solo una Declaración de Impacto Ambiental y no un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado, como se requiere actualmente.
Por otro lado, permitiría que PERUPETRO levante información sobre elementos físicos, biológicos, sociales y culturales, los cuales servirían como línea de base ambiental en los proyectos de hidrocarburos, es decir, la calidad y contenido de la información ambiental y social estaría sustentada por una empresa que tiene como objetivo principal el incremento de la extracción de hidrocarburos.
Asimismo, la nueva Ley también permitiría la construcción de infraestructura dentro de los lotes sin ningún tipo de permiso, sin considerar las limitaciones normativas expresas en cuanto a la presencia de pueblos indígenas en aislamiento, o comunidades nativas.
Estas debilidades de la propuesta ya han sido advertidas por la Defensoría del Pueblo, que en su Informe Defensorial N° 001-2018-DP/AMASPPI.MA señala que si el MINEM es autorizado por el Congreso de la República para emitir opinión previa vinculante de las normas que le corresponde aprobar al MINAM, se estaría debilitando la capacidad de este Ministerio para el establecimiento de obligaciones ambientales aplicables a todos los sectores.
Es imperante que todo cambio a la normativa que regula el sector Hidrocarburos impulse una visión integral y sostenible de esta actividad, y se realice de acuerdo a los principios de gobernanza, desde un enfoque de derechos y respetando la institucionalidad del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
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Nota del editor
1 Ver reportes:
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/estudios_economicos/reportes-de-mercado#