- Congresistas, organizaciones indígenas y colectivos de la sociedad civil alertan que la nueva norma perjudicaría el apoyo a las poblaciones más pobres y limitaría el trabajo de organizaciones que denuncian abusos y defienden a comunidades vulnerables.
Lima, 5 de abril de 2025.- Diversos congresistas, organizaciones indígenas y colectivos de la sociedad civil se reunieron este viernes para hacer un llamado al Ejecutivo para que observe la modificatoria de la Ley que regula a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), recientemente aprobada por el Congreso.
La norma —que aún requiere promulgación por parte del Ejecutivo— plantea un control excesivo al uso de fondos de cooperación internacional, afectando crucialmente el apoyo en temas como medio ambiente, inclusión social, salud y gestión de riesgo de desastres.
Cabe destacar que según datos de APCI, el año 2023 la cooperación técnica internacional canalizó más de 400 millones de dólares de ayuda internacional, mientras que la no gubernamental registrada significó más de 130 millones de dólares, siendo estos, montos que no consideran la cooperación no registrada.
En este marco, un punto cuestionado es que toda actividad financiada con cooperación internacional deberá contar con aprobación previa del APCI, lo que abriría la puerta a una discrecionalidad abusiva en la ejecución de los fondos, con lo que “muchos financistas podrían decidir pausar o cancelar su cooperación, derivando sus recursos a otros países”, según reflexionó Hugo Che Piu, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR.
Che Piu Deza también advirtió que las nuevas reglas pueden limitar seriamente la participación de los ciudadanos en temas ambientales: “Esta no sería una norma contra las ONG, sino contra todos los que aspiran a un ambiente sano y equilibrado, y a un desarrollo sostenible”.
Voces desde el Congreso
La congresista Ruth Luque expresó su rechazo a la promulgación de la modificatoria de la Ley APCI: “Las dictaduras se asientan cuando se arrancan derechos”. Calificó la norma como una herramienta autoritaria que restringe la libertad de expresión y dificulta el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de abusos, afirmando que, la medida favorece a intereses políticos que buscan acallar voces críticas. Por su parte, la congresista Susel Paredes alertó que el cambio no afecta a todas las ONG por igual, sino principalmente a las que brindan apoyo legal.
Preocupación en comunidades indígenas
Desde el movimiento indígena, Teresita Antazú, miembro del Consejo directivo de AIDESEP, dijo que los cambios legales forman parte de una serie de normas que debilitan los derechos de sus pueblos: “Nosotros vemos un oscuro amanecer”. Recordó que sin el respaldo de organizaciones internacionales, casos emblemáticos como el Baguazo no habrían tenido asesoría jurídica, y advirtió que se están preparando para realizar acciones legales y denunciar la situación a nivel nacional e internacional.
Llamado a la unidad
Martha Cuentas, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Centros (ANC), enmarcó la aprobación de esta ley dentro de un modelo de desarrollo que concentra poder y riqueza: “Es urgente la articulación y movilización, pero también la resistencia”, afirmó.
Estas declaraciones se realizaron en un foro público realizado en el Congreso de la República, que contó además con la participación de Josefina Huamán, secretaria ejecutiva de Asociación Nacional de Centros (ANC); Eduardo Cáceres, investigador de APRODEH; Lilian Oscco, representante de la Red Muqui; Rocío Gutiérrez, directora de Manuela Ramos; Milagros Samillán, de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero – Juliaca; Maju Carrión, directora ejecutiva de la Asociación Transformar, que promueve los derechos TLGBIQ+; y Luis Cruz, gerente de Conveagro.