Foto: Maria Fe Mendoza/DAR
Por: Denisse Linares
- Está en manos del Ministerio de Energía y Minas del Perú el liderar un proceso participativo para la elaboración de la nueva Política Energética al 2050.
- La nueva Política Energética debe sentar las bases para un proceso que permita reducir las desigualdades del país y enfrentar la crisis climática.
El mundo viene impulsando un proceso del cual muchos hemos escuchado: la transición energética. Este proceso consiste principalmente en cambiar las fuentes de energía de combustibles fósiles (como el petróleo) a fuentes menos contaminantes como el aire, luz solar y otros.
El proceso de transición energética debe tener dos prioridades: contribuir a reducir la temperatura a nivel global y reducir las inequidades en el país. Para Perú este no es un proceso nuevo, por ejemplo, el MINAM, ya cuenta con lineamientos para reducir el uso de combustibles fósiles y lograr el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en cuanto a la acción climática y la protección de la biodiversidad. Asimismo, también existen iniciativas regionales y locales que están apostando por explorar alternativas energéticas con menos impactos sociales y ambientales.
Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) está desarrollando la Política Energética al 2050 y representa una gran oportunidad como país para impulsar una transición energética justa que beneficie al país en su conjunto. La versión anterior fue aprobada por Decreto Supremo 064-2010-EM, en el 2010, por lo que resulta necesario actualizar este instrumento para adaptarlo al contexto climático actual, que ha cambiado significativamente desde entonces, en parte debido al incremento de la deforestación en los bosques amazónicos, entre otras razones.
La elaboración de esta Política marcará un antes y después en el sector, por lo que debe cumplir con ciertas condiciones indispensables para abordar los problemas reales de la ciudadanía relacionados con la energía, tales como la participación ciudadana, la transparencia de la información, tomar en cuenta las necesidad locales y darle por fin prioridad a las energías comunitarias. Por ello, Por ello la participación de las comunidades y pueblos indígenas es crucial, como es el caso de las poblaciones indígenas amazónicas que en la actualidad ven en riesgo su territorio por la desmedida promoción de hidrocarburos, así como de los pescadores afectados por los derrames ocurridos en zonas marítimas en donde también se vienen promoviendo actividades extractivas.
Además, esta política debe sentar las bases para que sea viable generar propuestas de alternativas energéticas para aquellas comunidades nativas en la Amazonía que hoy no cuentan con energía, y que han sido además afectadas por históricos derrames de petróleo.
Es así como una Política Energética debe ser construida en diálogo con los pueblos indígenas, aplicando la consulta previa, de lo contrario, se convertiría en un instrumento público que dé la espalda a la ciudadanía y perpetúe deudas históricas con las comunidades afectadas por las industrias extractivas.
Al ser un proceso nacional, este debe trabajarse de la mano con las regiones. Por ejemplo, el Gobierno Regional de Loreto ya está debatiendo la transición energética en la región, un proceso que debe desarrollarse en articulación con el Ministerio de Energía y Minas y con la participación de la ciudadanía. Por otro lado, la región del Cusco, tiene un rol prioritario en la seguridad energética del país, ya que es donde se ubican los principales yacimientos de gas y, sin embargo, las brechas energéticas, sociales y económicas para los pueblos indígenas han persistido durante 20 años de operaciones gasíferas. Por ello, este instrumento de gestión tiene que conversar con las regiones, y revisar sus planes regionales, pues se trata de un asunto de importancia nacional y requiere un enfoque integral.
La gestión del sector energético es compleja, dado su carácter multidisciplinario e intersectorial. Por esta razón, para obtener el debido respaldo técnico, es indispensable que diversos actores, como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, los gobiernos regionales y locales, así como las universidades, participen de manera vinculante en la elaboración de la Política Energética. Por ejemplo, en septiembre de este año, el MINEM aprobó la RM N° 364-2024, la cual formaliza la elaboración de la Política Multisectorial de Minería al 2050, donde participan diez ministerios. En esa línea, debe ser aún más intersectorial.
Lamentablemente, a pesar de tener una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, o al menos mejor, el proceso de elaboración de la nueva Política Energética al 2050, hasta la fecha no ha sido difundido oficialmente por los canales del Estado, lo que ha limitado la transparencia del proceso para la población en general.
Finalmente, esta es una oportunidad para que el MINEM fortalezca la gobernanza energética, expresada en una gestión con transparencia y participación, que responda a los debates actuales sobre la transición energética, que respete derechos, la cual debería apuntar a resolver las brechas históricas y plantear soluciones reales. Para lograrlo, es importante ajustar el proceso de elaboración de la política hacia una gobernanza y un diálogo efectivo en todos los niveles de gobierno.