Especialistas internacionales concuerdan que el Perú, al ser uno de los países megadiversos, es blanco para este delito que llega a mover sumas semejantes a otros crímenes trasnacionales como el narcotráfico y el comercio ilegal de armas.
Aunque la pandemia por la COVID-19 ha visibilizado la estrecha relación del tráfico ilícito de vida silvestre con la propagación de virus y otros patógenos transmisibles de los animales a los seres humanos, este delito continúa en auge e incluso se viene intensificando el uso de Internet como canal de venta.
En el 2021, pese a las restricciones sanitarias y medidas de inmovilización, se decomisaron más de 1800 animales vivos en el Perú, de acuerdo a reportes periodísticos, con el fin de servir de mascotas, para consumo o para extraer sus partes, como pieles, colmillos, plumas o cráneos, para ser usadas como amuletos, en medicina tradicional y la industria textil, entre muchos otros fines.
Estas cifras dan una idea de la magnitud de este delito ambiental, pero existe una amplia cantidad de casos que escapan de los reportes oficiales tanto en el Perú como en diversos países de América Latina, región que posee más del 40% de la biodiversidad mundial, por lo que es vulnerable a las redes de traficantes a nivel global, indicaron expertos internacionales que participaron en el evento virtual “El tráfico de vida silvestre bajo la Ley de crimen organizado”.
“El tráfico de fauna es un delito casi invisible, por lo que se requiere mejorar las herramientas para su investigación y persecución, tal como se hizo con los delitos de tala y minería ilegal. Este no es un delito aislado, es una opción adicional de ingresos para quienes se dedican a otros delitos ambientales, por lo que requiere un enfoque integral”, explicó Adriana Brusatin, coordinadora de la región Andes de la organización Panthera, quien destacó que el tráfico ilegal de partes de jaguar en la región latinoamericana es un delito trasnacional, por lo que la cooperación entre gobiernos es indispensable.
Si bien existen instrumentos internacionales que sientan las bases para que los países suscritos aprueben normativas que refuercen el combate a los delitos contra la vida silvestre, en América Latina únicamente México los ha reconocido expresamente como crimen organizado dentro de su legislación.
En Perú, en los últimos años, se han presentado diversos proyectos para modificar la Ley contra el Crimen Organizado – Ley 30077, con el fin de incluir estos crímenes dentro de sus alcances. En el actual Congreso se han presentado tres proyectos de ley al respecto que están a la espera de ser debatidos en comisión.
En ese sentido, Nick Fromherz, abogado y profesor de la Universidad de Lewis & Clark, remarcó la utilización de agentes encubiertos, así como el levantamiento del secreto bancario, como otras estrategias de investigación a ser aplicadas de ser aprobada esta medida. “Los traficantes utilizan los bancos y para poder atacar ese delito se necesitan estas herramientas”, dijo.
Los congresistas Héctor Ventura, Edward Málaga y Alfredo Pariona Sinche, autores de los Proyectos de Ley N° 6051-2021/CR, Ley N° 196/2021/CR y N° 993/2021/CR, respectivamente, explicaron que sus propuestas tienen por objetivo incluir los delitos de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, tráfico ilegal de especies acuáticas, depredación de flora y fauna silvestre y el tráfico ilegal de recursos genéticos en la Ley contra el Crimen Organizado.
Lorena Hernández, Especialista Legal Tráfico Ilegal de Vida Silvestre de Andes, Amazonía y Orinoco de WCS, manifestó que aprobar estas iniciativas legislativas marcaría un avance sin precedentes en la región. “Esto va a dotar a las autoridades de herramientas especializadas de investigación, lo que incrementará la tasa de detección, así como la disuasión de esta conducta criminal, ayudando a comprender las dinámicas del comercio ilegal, lo que permitirá al éxito de la aplicación de esta ley”, apuntó.
“Esto permitirá que el Perú se convierta en el primer país y líder en la región en Sudamérica en reconocer de manera expresa, en una Ley contra el Crimen Organizado, que los delitos contra la vida silvestre forman parte del ámbito de aplicación de esta”, manifestó Kristine Perry, abogada del Enviromental Law Institute, institución que realizó un estudio que analiza la normativa legal en el mundo sobre estos delitos.
Perú puede aprovechar este contexto para dar pasos importantes en defensa de la vida silvestre. El Congreso de la República debe priorizar el debate de estas iniciativas para endurecer la investigación y sanción de estos delitos que están evolucionando y adaptándose rápidamente al escenario de pandemia, pese a los esfuerzos de entidades como el Ministerio Público, la Policía, SERFOR y la SUNAT, entre otras, para combatirlos.
Con ello, se empoderará a estas instituciones con las herramientas adecuadas para identificar y desarticular las organizaciones criminales que lucran con estas actividades ilegales que contribuyen al crecimiento del crimen organizado y de una economía del delito, e impacta en el ambiente y la salud de las personas.
