Lima, 8 de agosto de 2019.- El 5 de agosto ingresó al Congreso de la República el Proyecto de Resolución Legislativa n°04645/2019-PE para la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este documento es el primer tratado regional ambiental para que los Estados incorporen obligaciones de protección de las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Nuestro país firmó el Acuerdo de Escazú el 27 de setiembre de 2018, con la finalidad de incluir disposiciones vinculantes para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El siguiente paso, es la ratificación e implementación de este convenio internacional que está a cargo del Congreso de la República.
Con la ratificación del Acuerdo de Escazú se busca establecer toma de decisiones públicas, inclusivas y transparentes, que permitan salvaguardar el medio ambiente y a las poblaciones más afectadas por los impactos socioambientales. Garantizando estos derechos se proporciona reconocimiento, protección y un entorno seguro a los defensores ambientales.
En ese sentido, esta herramienta es fundamental para demostrar nuestro compromiso con un modelo de desarrollo sostenible, consolidar nuestra democracia y contribuir con la disminución de conflictos socio ambientales en las zonas más afectadas por proyectos extractivos y de infraestructura. Asimismo, éste reconoce la importancia de la participación ciudadana en procesos como la elaboración de estrategias, políticas públicas y normas ambientales.
El Proyecto Legislativo será sustentado por Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República y Néstor Popolizio Bardales, ministro de Relaciones Exteriores. En este espacio, se explicará la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú a las diferentes bancadas para que aprueben este convenio.
FOTO: ANNIE MORILLO/DAR
Actualmente, son diecisiete países que lo han firmado y solo tres de ellos lo han ratificado. Guyana fue el primer país en ratificarlo el 19 de abril de 2019, seguido de Bolivia y Uruguay. Este tratado entrará en vigencia 90 días después de que se depositen al menos 11 ratificaciones en la Secretaría General de las Naciones Unidas.