- Antes del 2020, la tasa más alta de deforestación se dio en 2014 con 177 566 ha.
- Desde el 2016, la deforestación tenía una leve tendencia a la baja, llegando a 148 426 ha de pérdida de bosque en el 2019.
A mediados del 2020, el Ministerio del Ambiente (Minam) reportó una reducción de la deforestación en los bosques amazónicos en más del 28 % con respecto al año anterior, durante el aislamiento social obligatorio como medida preventiva frente a la COVID-19.
Según el Programa Bosques, desde el 15 de marzo de 2020 (fecha en que se inició la emergencia nacional) hasta el 15 de mayo del mismo año, se identificó una deforestación acumulada de 7 119 ha de bosques, equivalente a 28.7 % menos de lo registrado en ese mismo periodo, durante el 2019 (9 981 hectáreas) según las Alertas Tempranas de Deforestación (ATD) reportadas.
A partir de ahí, parecía suponer que la deforestación, durante todo el 2020, seguiría la misma tendencia a la baja que se había visto en los últimos años, sin embargo, según Geobosques del Minam, la pérdida de bosques alcanzó una tasa de 203 272 ha, siendo la cifra más alta en los últimos 20 años, superando así a la del 2019 en 54 846 ha.
Entre el 2001 y 2020 se han perdido 2 636 585 ha, siendo los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Junín, Madre de Dios y Amazonas los que concentran más del 77 % de la pérdida de bosques del último año.
Esta situación significa un duro golpe a los esfuerzos de las instituciones estatales, autoridades regionales, iniciativas de la cooperación internacional, y otros actores clave en la lucha contra la deforestación y el cumplimiento de los compromisos climáticos.
Sin embargo, a pesar de la situación crítica evidenciada para los bosques de la Amazonía peruana para el 2020, hasta el momento no se ha presentado algún plan de contingencia —por parte de la autoridad forestal, ni de autoridades regionales o locales— para que esta situación no se repita en lo que resta del 2021 y en los siguientes años.
Tomar medidas urgentes es imprescindible considerando que en el Perú, por ejemplo, se vienen desarrollando iniciativas de cooperación internacional como la Declaración Conjunta de Intención entre los países de Perú, Noruega, Alemania y Reino Unido, que tienen un financiamiento comprometido para el país por hasta 200 millones de dólares, de lograr reducir sus niveles de deforestación hacia el 2025 con un enfoque de pago por resultados.
Por esta razón, la conservación de bosques es primordial, también por su contribución al compromiso climático asumido por el país ante el Acuerdo de París; que tiene por objetivo la reducción del 40 % de emisiones de gases de efecto invernadero en Perú, y del cual la deforestación representa el principal emisor a nivel país.
Isabel Gonzales, coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sostiene que “cuando se logra controlar la pérdida de los bosques y asegurar su conservación, se aseguran un conjunto de bienes y servicios ecosistémicos que ayudan a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales, contribuyendo además en la lucha contra el cambio climático. Se espera que en el breve plazo, las autoridades involucradas implementen un conjunto de medidas que permitan revertir estas cifras”.
Las principales causas de la deforestación
Es importante resaltar que, el 74 % de la deforestación viene ocurriendo en áreas menores a 5 ha; asimismo, en comparación al 2019, en 2020 la deforestación en parcelas menores a 1 ha incrementó en 8 puntos porcentuales; ello denota que la agricultura itinerante de subsistencia sigue siendo el principal driver de la deforestación en la Amazonía peruana.
No obstante, uno de los drivers invisibilizados, que gatillan los procesos de ocupación desordenada y de cambio de uso, es la infraestructura vial no planificada, pues facilita el acceso a zonas aisladas, fomentando diferentes actividades como la agricultura migratoria, la tala ilegal, la minería ilegal e incluso el narcotráfico.
Según el Serfor, los ejes viales terrestres y fluviales están relacionados de manera directa e indirecta al 62 % de la deforestación de la Amazonía.
“Es importante mejorar la gestión de la infraestructura vial con un enfoque de intervención temprana en el planeamiento y formulación de proyectos viales, pues así se podrá minimizar los impactos sobre los bosques. Además, se debe fortalecer el sistema de supervisión y fiscalización de proyectos de infraestructura vial, así como promover el fortalecimiento de capacidades institucionales en los diferentes niveles de gobierno”, afirmó Isabel Gonzales.
El impacto de grandes infraestructuras de transportes en el desarrollo regional y las poblaciones rurales es incierto, más aún cuando el sistema de inversión pública no contempla consideraciones socioambientales en fases tempranas del ciclo de proyectos para identificar las necesidades prioritarias de las poblaciones, los posibles usos de las infraestructuras por las economías ilegales, así como evitar o mitigar la ocupación desordenada del territorio y el cambio de uso de suelos, procesos usualmente inducidos por las carreteras en la Amazonía.
Carta al nuevo gobierno del Perú
Ante la preocupante situación que existe en la Amazonía peruana, desde Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) se envió una carta al actual Gobierno de Pedro Castilo exhortando a continuar y reforzar las acciones en la lucha contra la deforestación.
En ese sentido, para frenar la deforestación es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos:
- Frenar el avance de la frontera agrícola en la Amazonía. Se cuenta con cerca de 10 millones de hectáreas deforestadas y aproximadamente una tercera parte se sub usa con fines agropecuarios; es decir mejorando la productividad en las áreas ya deforestadas, se evitaría seguir expandiendo la frontera agrícola. Para implementar ello, es importante el soporte de los sistemas de información geográfica, la implementación de programas de asistencia técnica y financiamiento coherente, que promuevan el desarrollo de actividades agropecuarias libres de deforestación.
- Asignar derechos sobre las tierras, ya que en la medida que no haya seguridad jurídica, las actividades ilegales se acrecientan, y con estas, el impacto sobre los bosques y las poblaciones que en estos habitan. En ese sentido, se requiere culminar los procesos de titulación y ampliación de comunidades que aún están pendientes, formalización de tierras agropecuarias, así como la asignación de otros derechos en superficies de bosques para su aprovechamiento sostenible, acorde a la realidad amazónica.
- Desarrollar/expandir programas de asistencia técnica e incentivos para el desarrollo del Manejo forestal comunitario y otras iniciativas que permitan asegurar el mantenimiento de bosques en pie. Implementar las Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario, a fin de que brinden esta asistencia técnica permanente a las comunidades nativas, a través de las cuales se promuevan modelos de aprovechamiento de bosques comunales que permitan la sostenibilidad y una mejora real de la calidad de vida de las comunidades. Es importante además ampliar el alcance de los incentivos por el buen manejo de bosques, como el de las Transferencias Directas Condicionadas, a fin de que se beneficien aquellos que vienen haciendo un manejo adecuado de los bosques.
- Reducir los principales motores/drivers de la deforestación que desencadenan los procesos de cambio de uso de las tierras. Ello implica trabajar desarrollando e implementando un enfoque de intervención temprana para el desarrollo de la infraestructura en la Amazonía, de modo de valorar y reducir anticipadamente estos impactos.
En el marco del proceso de segunda reforma agraria que viene siendo impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), que tiene como centro fortalecer la agricultura familiar, desde DAR exhortamos a las autoridades y funcionarios del actual gobierno a trabajar conjuntamente, a fin de desarrollar una agricultura sostenible que beneficie a los pequeños productores para que puedan desarrollarse en armonía con los bosques, los cuales son fundamentales en la provisión de bienes y servicios esenciales para nuestro bienestar y seguridad alimentaria, así como en la lucha contra el cambio climático.
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