Por Gaby Rivadeneyra
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
El reciente asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, ha sacudido a la opinión pública peruana y evidenciado la creciente amenaza que representa la minería ilegal y su vinculación con el crimen organizado. Los cuerpos de las víctimas, hallados con signos de tortura y ejecución, reflejan el nivel de violencia desatada en las zonas donde la minería informal opera sin control.
En respuesta a estos hechos, la presidenta Dina Boluarte optó por medidas reactivas: la suspensión de las actividades mineras por 30 días y el toque de queda en la provincia, además de un despliegue militar en la zona. “Todos sabemos que la actividad ilegal de minería mueve millones, mucho más de lo que mueve el narcotráfico, tenemos que darle batalla y ganar esta guerra”, declaró en un mensaje televisado.
Sin embargo, estas acciones son paliativas y momentáneas, por lo que no abordan las raíces del problema. Mientras el Gobierno continúa priorizando respuestas de corto plazo, la ausencia de un sistema integral de trazabilidad del oro sigue siendo un eslabón débil que permite al crimen organizado seguir operando con impunidad, facilitando el blanqueo de mineral extraído ilegalmente.
La minería ilegal, que ha proliferado especialmente en regiones amazónicas y andinas, no solo destruye el medio ambiente, sino que también alimenta redes criminales vinculadas al tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas y explotación laboral. La falta de un sistema de trazabilidad efectivo permite que el oro extraído ilegalmente ingrese al mercado formal, dificultando su control y facilitando su blanqueo. Según el Instituto Peruano de Economía, las exportaciones de oro ilegal en el 2024 alcanzaron un máximo histórico de US$6,840 millones. Esa cifra resulta 41% mayor que en el 2023, mientras que el presupuesto para combatir la minería ilegal ha sido reducido en 30% en los últimos cinco años, de acuerdo a declaraciones del Gerente del IPE dadas a medios de comunicación.
En este contexto, una formalización minera que minimice los impactos ambientales y respete los derechos de las comunidades locales aparece como una prioridad urgente. Iniciado hace más de 20 años, el proceso de formalización ha sufrido múltiples prórrogas y modificaciones, generando un entramado legal confuso y poco efectivo. La existencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que otorga protección temporal a los mineros informales, ha sido duramente criticada por convertirse en un refugio de impunidad. Pese a las intenciones de regularizar la actividad, los mecanismos de fiscalización siguen siendo débiles con menos presupuesto, permitiendo que gran parte del oro ilegal continúe fluyendo sin mayores restricciones.
A ello se suma el problema de la corrupción estructural vinculada a las mafias minerasen regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad, por lo que, mientras que esto se perpetúe, ningún esfuerzo por concluir el proceso de formalización va a ser suficiente.
Para enfrentar esta problemática de manera integral, es necesario abordar los tres frentes de prevención, persecución y desarrollo económico alternativo. Las cuales requieren un marco institucional, en primer lugar, urge establecer un sistema de trazabilidad del oro que permita rastrear su origen desde la mina hasta su comercialización, utilizando tecnología y plataformas digitales que garanticen la transparencia del proceso.
En segundo lugar, se debe reformar el proceso de formalización minera, estableciendo condiciones y plazos claros, y eliminando barreras burocráticas que solo fomentan la informalidad. Asimismo, es crucial fortalecer la fiscalización mediante un incremento en los recursos destinados a las entidades supervisoras, así como la capacitación continua del personal encargado de monitorear las actividades mineras.
En tercer lugar, el combate de la corrupción debe ser una prioridad. Es necesario implementar políticas de integridad que incluyan mecanismos de denuncia anónima, auditorías permanentes y sanciones severas para los funcionarios involucrados en actos ilícitos.
La situación de criminalidad en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en los primeros meses de 2025 se registraron más de 640 homicidios, lo que equivale a un asesinato cada cuatro horas. Esta escalada de violencia refleja la creciente influencia del crimen organizado en diversas regiones del país, especialmente en áreas donde la minería ilegal prolifera sin control. Además, de cientos de personas, incluyendo defensores de derechos humanos que denuncian actividades ilegales, han sido víctimas de amenazas, hostigamiento y violencia.
La masacre de Pataz no es un incidente aislado, sino un punto de inflexión que exige una respuesta contundente y real del Gobierno peruano. Prolongar procesos no soluciona las raíces del problema: la minería ilegal descontrolada, el crimen organizado que la financia y la corrupción que la ampara. La trazabilidad del oro y un fortalecimiento real de las instituciones de seguridad y justicia son puntos de partida para revertir esta espiral de violencia. Solo así se podrá garantizar un entorno seguro, legal y sostenible para todos los peruanos.
*Foto: Agencia Andina.