Imagen: AIDECOBAP
Lima, 13 de diciembre de 2021. En el marco del 182° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizó la audiencia temática sobre la “Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana”, la misma que tuvo como objetivo evidenciar las vulneraciones y amenazas a los derechos humanos de los defensores y defensoras indígenas de la Amazonía peruana, en el marco de la reactivación económica que viene impulsando el Estado.
Inició la disertación Teresita Antazú, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), quien destacó el riesgo en el que se encuentran los pueblos indígenas por el incremento de presiones sobre sus territorios, que pueden estar relacionadas con actividades de hidrocarburos, proyectos de infraestructura ejecutados sin consulta ni consentimiento, así como actividades ilegales que en su conjunto han cobrado la vida de 15 hermanos indígenas: “Pese a que hemos denunciado, las acciones estatales no son efectivas. Nos siguen matando, no se identifican ni sancionan a los responsables, ni mucho menos hay una reparación para las víctimas y sus familias”.
Le prosiguieron las peticiones formuladas por las organizaciones y comunidades de las bases de AIDESEP, quienes hicieron énfasis en los impactos sobre el agua y el ambiente causados tanto por actividades ilícitas como la minería ilegal en Madre de Dios, o los derrames de crudo ocurridos en las regiones de Loreto y Amazonas que a la fecha no han recibido una respuesta adecuada, según denunciaron.
A su turno, Arthur Cruz Ochoa, jefe de la comunidad nativa Centro Arenal, denunció el incremento de presiones territoriales por parte de traficantes de tierra y taladores ilegales cuya presencia ha sido favorecida por el propio gobierno regional de Loreto que a través de su Dirección Agraria ha otorgado títulos individuales y constancias de posesión en beneficio de estas personas. Añadió que, “Por si fuera poco, a esta amenaza se ha sumado la iniciativa estatal de construir la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, cuyo segundo tramo se superpone a mi comunidad”, iniciativa donde además se viene omitiendo la consulta previa. El jefe Arthur finalizó invitando a las autoridades estatales para que “constaten todo lo que estamos denunciando, y articulen en acciones concretas para la garantía de nuestros derechos”.
James Pérez, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECOBAP), indicó que ha pasado poco más de un año y cuatro meses desde que estalló un conflicto en las instalaciones de la empresa Petrotal, en la que 3 líderes indígenas fueron asesinados a manos de la policía y otros 10 quedaron heridos; sin embargo, hasta la fecha no obtienen justicia, peor aún, las demandas sociales planteadas siguen sin ser atendidas.
Finalizó este primer bloque con la intervención de Jorge Pérez, presidente de AIDESEP, quien fijó el petitorio en aspectos concretos, tales como que “se adopte acciones concretas, con presupuesto suficiente, frente a las demandas planteadas por los pueblos indígenas del circuito petrolero, que, pese a años de actividades extractivas de hidrocarburos, siguen abandonados por el Estado sin poder ejercer derechos básicos”. Así como que, “se establezca medidas efectivas para investigar, sancionar y reparar a los pueblos frente a vulneraciones sistemáticas causadas en el contexto de actividades extractivas e ilegales, priorizando la reparación de las familias de los hermanos indígenas que murieron o resultaron heridos en el contexto de los hechos del 9 de agosto de 2020.”
Estos planteamientos fueron complementados por Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), que participó como representante de la sociedad civil de la petición suscrita por AIDESEP. Solicitó que “mientras no se implemente la consulta previa, se suspenda el proceso de construcción de la carretera Bellavista – Mazán – Salvador – El Estrecho, como lo demanda la comunidad nativa Centro Arenal”. Además, “deben agotarse todas las medidas posibles, administrativas y penales, frente al Gobierno Regional de Loreto, para que se abstenga de otorgar derechos en beneficio de terceros en espacios superpuestos a la comunidad sin su consentimiento; y, cumpla con realizar el proceso de saneamiento físico legal de su territorio”.
Asimismo, se reiteró una demanda incluida en el petitorio referida a la implementación efectiva del Mecanismo Intersectorial de personas defensoras, y la aprobación del Protocolo de Actuación y articulación con el MININTER, asegurando un adecuado presupuesto, y en estrecha coordinación con las organizaciones indígenas, tomando en cuenta que la defensa de sus territorios es colectiva, no individual.
Al respecto, Jan Jarab, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recordó que a un año de los incidentes del Lote 95, las familias necesitan ser atendidas y aseveró que “en el proceso de reactivación, la promoción de actividades empresariales no debe condicionar la subsistencia de los pueblos indígenas”.
El comisionado Joel Hernandez exhortó a que en seguimiento de las iniciativas estatales, el Estado peruano mantenga sus esfuerzos para conseguir la ratificación del Acuerdo de Escazú que incluye una cláusula sobre personas defensoras ambientales. Esto último fue replicado por Mariano Castro, representante del Ministerio del Ambiente, quien también se refirió a la importancia de la ratificación de dicho tratado. Finalmente, la Relatora Antonia Urrejola finalizó recordando que nos encontramos ante problemas estructurales que demandan una acción concreta y articulada que vaya más allá de los gobiernos de turno, y que sea participativa con los pueblos indígenas, lo cual podría reflejarse en el compromiso para contar con un espacio de concertación de políticas públicas en el que puedan participar el Estado y los pueblos, con el acompañamiento de la propia CIDH.
Nota:
Esta audiencia también forma parte de las acciones del Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD), que es una iniciativa de la COICA para monitorear, hacer seguimiento, difundir y denunciar casos de vulneración de derechos de defensores y defensoras indígenas, en el marco de proyectos extractivos y de infraestructura.