El pasado 8 y 9 de julio se realizó el Taller de la Sociedad Civil “Aportes a las Guías de Implementación de las Normas de Desempeño del Nuevo Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, el cual contó con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). En este espacio, participaron organizaciones como Akubadaura; Ambiente y Sociedad; la Asociación Peruana de Abogados con Discapacidad Visual; el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA Bolivia; Chirapaq; Environmental Investigation Agency – EIA, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad; Sociedad y Discapacidad – SODIS; PROETICA, entre otras.
Los objetivos principales del taller fueron difundir el contenido de las guías de implementación del MPAS y articular mensajes desde las organizaciones indígenas, de mujeres afrodescendientes, campesinas, laborales, entre otras para presentar recomendaciones a las mencionadas guías; y, finalmente, elaborar un documento de recomendaciones para presentar al BID.
Cabe mencionar que el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) fue aprobado en septiembre de 2020 y es de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados o prestatarios para la aprobación de préstamos, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, política u otro mecanismo que vaya a ser financiado por el BID.
El taller se dio en el marco del proceso de publicación de las guías de implementación de las normas de desempeño del MPAS, las cuales brindan más detalles sobre la implementación de las políticas del BID. En su momento, dichas políticas incluyen observaciones y recomendaciones de sociedad civil que fueron presentadas en el mes de marzo de 2020, a propósito del espacio de participación y proceso de consulta pública propiciado por el BID. Entre las recomendaciones que fueron incluidas se encuentra la mención de los Principios del Acuerdo de Escazú, la inclusión de la lista de actividades prohibidas, y la implementación de los protocolos de consulta indígena. No obstante lo mencionado, aún siguen habiendo recomendaciones desde la sociedad civil para una mayor protección.
Por ello, resulta importante supervisar y presentar propuestas para una adecuada implementación de las guías, las cuales van a ser el instrumento utilizado para interpretar el MPAS. De esta manera, se podrá ofrecer mayor protección frente a los riesgos sociales y ambientales que se dan por los diferentes proyectos realizados en la región.
Dentro de las ponencias y la información presentada, se puede resaltar, por un lado, la importancia de las guías de implementación, pues orientan a las políticas del BID y es necesario que la institución tenga mecanismos para poder implementarlas de tal manera que no afecte a las comunidades y al ambiente. Asimismo, la importancia de las guías se visibiliza cuando el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) decide si es que las guías de implementación para ver si un proyecto cumplió las salvaguardas o no cuando se presenten casos. La interpretación de la política no tiene que ser limitada a las guías pero va a apoyar en como los casos procedan con este mecanismo y las quejas que se presenten.
Por otro lado, los participantes que asistieron, trabajaron en identificar los vacíos y las oportunidades de mejora de las guías. Entre las principales recomendaciones se encuentra el establecer, de manera asertiva, plazos y procedimientos para la evaluación de gestión de riesgos e impactos; la inclusión de responsabilidad de detallar las acciones en cada etapa de los proyectos que sean financiados; la precisión de cuáles son los protocolos de alerta y respuesta temprana ante situaciones de riesgo que puedan afectar a las comunidades y al desarrollo del proyecto. Asimismo, se recomendó que se incluyan reglamentos, manuales u otros instrumentos para poder hacer de manera más específica lo estipulado en las guías de implementación.
Adicionalmente, se pide que se reconozca la temática de la corrupción y los mecanismos correspondientes para combatirlos que actualmente no están incluidos en las guías de implementación. Se deben diseñar mecanismos de control anticorrupción en los proyectos y en la etapa de implementación. También las organizaciones de la sociedad civil piden al Banco que se deba tomar en cuenta las realidades y contextos de los territorios que serán afectados por los proyectos implementados, por lo que no solo las necesidades globales deben ser consideradas, sino las de cada pueblo y/o comunidades.
Desde las organizaciones participantes también se resaltó la carencia de tratamientos y regulaciones específicas para incluir temas de discapacidad, los cuales deben adecuarse a los formatos para denuncias; así como la ausencia de mecanismo de protección para organizaciones sindicales.
Por último, se recomienda al Banco que asegure la difusión de las guías de manera oportuna, estableciendo los plazos necesarios para que las distintas organizaciones locales puedan participar efectivamente en estos tiempos de virtualidad. El plazo para mandar recomendaciones de manera directa al BID es hasta el 23 de julio.
Para más información sobre las guías y visualizarlas en distintos idiomas pueden entrar al siguiente link: https://www.iadb.org/es/mpas/guias