- La organización indígena ORAU viene exigiendo acciones inmediatas para la protección de líderes y lideresas indígenas en el contexto de avance de actividades ilícitas sobre sus territorios, amenazas y ataques.
- El 29 de noviembre de 2021, MINJUSDH anunció la creación de la Mesa Regional de Ucayali para la Protección de las personas defensoras de derechos humanos.
- Su conformación fue realizada en el marco del Mecanismo Intersectorial aprobado por Decreto Supremo N° 004-2021-JUS. Sin embargo, ORAU ha indicado que se trata de esfuerzos limitados que necesitan ser reactivados para una respuesta inmediata ante la ola de violencia que se vive en los territorios amazónicos.
Lima, 4 de abril de 2022. Ante la creciente ola de violencia relacionada con actividades ilícitas en la Amazonía peruana, especialmente en las provincias de Ucayali en la región Loreto; Yurúa, Padre Abad, Coronel Portillo en Ucayali; y, Puerto Inca en la región Huánuco. La Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) viene impulsando iniciativas para la protección de los pueblos indígenas de sus bases, la prevención de amenazas y el acceso a la justicia, a través del programa de defensores y defensoras indígenas.
Esto ocurre en paralelo a la ejecución de iniciativas estatales encabezadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) que en abril de 2021 aprobó el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos (Decreto Supremo Nº 004-2021-JUS). Espacio que articula a ocho sectores del Ejecutivo, entre los que se encuentran los ministerios del Ambiente, Interior y Cultura, para la protección, el reconocimiento y el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos, a fin de propiciar un entorno seguro para la realización de sus actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
Como parte de la implementación de esta herramienta, el MINJUSDH anunció la creación de un espacio regional en conjunto con el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), con el objetivo de llevar a cabo acciones concretas en los casos que se presenten en dicha región, así como “facilitar medidas coordinadas entre el nivel nacional y el subnacional, con la participación de organizaciones regionales de pueblos indígenas”.
Pese a ello, ORAU ha manifestado en reiterados pronunciamientos y reuniones con representantes del Estado que las herramientas no estarían teniendo la efectividad deseada, y que, por el contrario, habría una notoria distancia entre las gestiones que se realizan desde lo nacional hacia lo local, lo que se ve claramente reflejado en los recientes casos de violencia ocurrida en territorios indígenas. Es por ello que recientemente ha solicitado al MINJUSDH la reactivación de la citada mesa con una agenda clara, que puede resumirse en los siguientes puntos:
- Socialización de la propuesta de protocolo de actuación para la implementación de las medidas de protección y urgente protección a cargo de la Policía Nacional del Perú. Para conocer con detalle la estrategia o pasos operativos para implementar las medidas aprobadas por MINJUSDH, las fuentes de financiamiento para el reforzamiento de los puestos oficiales de las zonas críticas y para respuesta a situaciones de emergencia.
- Lucha decidida contra la deforestación causada por actividades ilícitas, como los delitos de tala y minería ilegales. Contando con la intervención del Ministerio del Ambiente a través de su Procuraduría y de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales para el inicio de acciones legales y coordinadas con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).
- Inicio de canales de articulación entre las alertas que recogen las comunidades nativas a través de sus sistemas de vigilancia comunal o alerta temprana, con las herramientas que impulsa el Estado a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques para que la información generada o recogida sea analizada trasladada a las autoridades encargadas de la prevención e investigación de delitos ambientales.
- Los defensores ambientales actúan en defensa de un derecho colectivo que es el territorio ancestral que actualmente es afectado ante el incremento de actividades ilícitas, la inseguridad jurídica territorial y el impulso de proyectos de infraestructura. Por lo que se requiere una intervención conjunta que considere estos problemas de fondo.
- Transparencia en las cifras que manejan instituciones como DEVIDA que, según un estudio liderado por ORAU, no refleja el número real de hectáreas deforestadas a causa del narcotráfico. El estudio identifica que el número de hectáreas dedicadas al narcotráfico en Ucayali es significativamente mayor al reportado por dicha institución. La cifra calculada por el estudio presentado supera las 7,000 hectáreas, versus las 3,822 que calcula la entidad oficial.
Esta solicitud exige una respuesta decidida y focalizada que en esta ocasión coincide con la reciente publicación de la Resolución N° 439-2022-MP-FN, que aprueba el Protocolo de Actuación Fiscal para la Prevención e Investigación de los Delitos en Agravio de Personas Defensoras de Derechos Humanos, cuyo objetivo se relaciona con la garantía de la efectividad de la actuación fiscal a los estándares internacionales y a la normativa nacional sobre la materia.
Desde Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), respaldamos el pedido de ORAU por ser representativo de una demanda latente desde el movimiento indígena ante un problema crítico como es el avance de las actividades ilícitas sobre los territorios indígenas que no solo está afectando gravemente la biodiversidad, sino también las propias vidas y fuentes de subsistencia de los pueblos indígenas.