Por Vanessa Cueto
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Todos y todas sabíamos que el Perú necesitaba cambiar, pero la juventud lo tenía más claro, es ahora, no mañana; no sigamos quejándonos de los problemas del país sin alzar la voz. Tras el conflicto político y las dolorosas pérdidas humanas, queda claro que ahora los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo la Generación del Bicentenario, será la primera en estar atenta, vigilando y asegurando que se respeten los derechos y que el Perú se enrumbe en la gobernanza.
Lo sucedido deja bien claro que la participación ciudadana no es un juego, ni un trámite, es un derecho que ejercen los ciudadanos y que, muchas veces, así como la consulta previa, ha sido negado y subestimado.
Es hora de que los mecanismos de participación ciudadana y de transparencia en todos los niveles de Gobierno sean fortalecidos. Antes que la reducción hacia la participación virtual (como la que promueve el DL 1500) que excluye a comunidades nativas o campesinas y no propicia el diálogo intercultural; la información clara y oportuna es clave para todos y todas, y para ello se debe generar cambios estructurales con una visión intercultural.
Muchas veces hemos sido testigos de las protestas de los pueblos indígenas que luchan por defender sus derechos, sus territorios y sus recursos naturales. Ahora todo el Perú puede comprender que a veces para reivindicar derechos las voces deben sonar fuerte, como las de los defensores ambientales y de derechos humanos.
La vigilancia ciudadana no termina con las nuevas juramentaciones, sino que debe seguir las decisiones que se tomen desde el nuevo Gabinete, sobre todo en este difuso marco de reactivación económica. Sobre ello, en primer lugar, debemos seguir insistiendo en incluir mayores estándares ambientales y sociales, es decir, promover instrumentos de planificación claves que incluyan variables ambientales, y no priorizar proyectos que no tienen ninguna sostenibilidad ambiental ni social, como la hidrovía amazónica.
Asimismo, creemos que el Congreso de la República y otras autoridades deben dejar de promover inversiones a costa de pensar en el desmantelamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA o priorizar actividades de minería artesanal en toda la amazonía, debilitando los mecanismos de evaluación ambiental y técnica, como se intentó con los proyectos de Ley 06641 y 06639, respectivamente, retirados el último fin de semana, o en debilitar la consulta previa.
Tener una mirada integral en la reactivación económica significa fortalecer la participación ciudadana como un derecho transversal a varios procesos, en todos con la misma importancia, ya sea en un plan de desarrollo concertado, en un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en las elecciones presidenciales, etc.
Asimismo, significa que el respeto por la vida y la salud debe integrarse en toda decisión que afecte a la población, por ejemplo, incluyendo la opinión del MINSA en los EIA, o ratificando el Acuerdo de Escazú, que promueve directamente la participación ciudadana, transparencia y justicia ambiental.
Es claro que la participación ciudadana seguirá siendo clave en el Bicentenario, por lo que el Estado debe fortalecerla como parte de su agenda prioritaria.