Por Diego Antonio Saavedra Celestino
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
El 5 de junio de 2009 fue una fecha que enlutó a nuestro país y nos recuerda que persisten brechas económicas, pero también culturales e históricas, pendientes hasta hoy.
En ese momento, el detonante de lo que conocemos como el Baguazo fue la aprobación de decretos legislativos que simplificaban procedimientos para acceder a la explotación de recursos naturales sobre territorios indígenas, que no habían pasado por procesos de diálogo o consulta previa.
Posteriormente, se formaron mesas de trabajo con participación de sociedad civil y organizaciones indígenas para proponer soluciones a los puntos que habían provocado el conflicto. Uno de ellos fue el derecho a la consulta previa. En paralelo, durante el 2010 el TC emitió una sentencia (ATC 0022-2009-PI/TC) que reconoció la consulta como derecho constitucional y la Defensoría del Pueblo presentó una iniciativa para reglamentarlo. Finalmente, en el 2011 el Estado promulgó la Ley Nº 29785, Ley de consulta previa para los pueblos indígenas u originarios.
No obstante, el derecho a la consulta previa ya estaba reconocido en el Perú con la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT en 1995, pero como tantos otros derechos, 14 años después y en el marco de un conflicto social, el Estado se vio presionado para su implementación “formal”. Así, la reglamentación de la consulta previa es una consecuencia del Baguazo y de su crítica a no consultar las medidas que pueden afectar a los derechos indígenas.
Si bien su implementación es una obligación del Estado, esto no limita la posibilidad de que se adecúe a los nuevos desafíos del contexto actual. En esa medida, su ejercicio pleno implica fortalecer este derecho a partir del conocimiento indígena. Por ello, es clave realizar un balance de lo caminado, recuperando la naturaleza previa, libre e informada del derecho a la consulta y su condición de derecho fundamental de los pueblos indígenas. En esa línea, podríamos plantear algunas cuestiones para una agenda en el corto plazo.
La consulta previa es una expresión del derecho a la libre determinación que tienen los pueblos indígenas, es decir, a poder decidir sobre su futuro en base a su identidad y su cultura. Una expresión de este ejercicio autónomo son las iniciativas de protocolos de consulta previa que vienen emergiendo en diferentes pueblos indígenas a lo largo de la cuenca amazónica, como herramientas que buscan dialogar desde el conocimiento indígena en pro de robustecer la consulta, y recuperar su carácter político e intercultural.
Una oportunidad para ello está en la pregunta cómo y quién garantiza que los acuerdos contenidos en las actas de consulta previa se cumplan? Un diálogo con los pueblos indígenas puede arrojar un protocolo específico para ello.
Asimismo, otra oportunidad va vinculada a la derogación de la normativa que excluía a la consulta previa de los proyectos de servicios públicos, a través de la sentencia 29126, que en un escenario de incremento de proyectos de infraestructura en la Amazonía, nos permitiría definir una ruta para implementar esta sentencia, tema sobre el que diversos actores conversarán mañana a las 5pm en un webinar impulsado por CNA, ORAU, DAR e IDLADS.
Esto debe darse en el marco de una reflexión sobre la relación entre consulta, consentimiento y libre determinación. El Perú y su Amazonía se han convertido en un referente del ejercicio de este derecho, con la creciente visibilización de más de una docena de iniciativas denominadas gobiernos territoriales autónomos, iniciativas que confrontan una estructura jurídica que debe ir adecuándose a los nuevos tiempos.
En algunas ciudades amazónicas han reaparecido mensajes que señalan a los pueblos indígenas como responsables del retraso. Por ello, vale la pena un diálogo sincero sobre las miradas de desarrollo, la implementación de políticas, y las brechas que los gobiernos regionales aún no logran cerrar.
En ese escenario, la consulta previa tiene el rol de recordar al Estado que debe implementar diálogos interculturales, e incluir las expectativas, propuestas y conocimientos locales en las estrategias de desarrollo.
Los pueblos indígenas vienen generando una serie de propuestas para una mejor gestión de los territorios y bosques amazónicos. Esto es clave, al ser el Perú uno de los países más afectados por el cambio climático. El reciente informe de la FAO “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques” señala que son los indígenas quienes mejor los protegen. Esta tarea de defensores ambientales les viene costando la vida a líderes y lideresas, convirtiendo en impostergables las medidas para protegerlos.
13 años después del Baguazo, aún hay retos pendientes para construir un Perú diferente e inclusivo, donde las estrategias de desarrollo se piensen desde lo local, tomando en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas, y no postergándolas, respetando sus voces y sus derechos. El futuro del país es con los pueblos indígenas, sin ellos, el camino aún es sombrío.