- Se cumplen nueve años del asesinato de cuatro líderes de la comunidad Saweto (Ucayali) y aún los familiares siguen sin encontrar justicia, enfrentando nuevas amenazas asociadas con la proliferación de economías ilícitas.
- Reciente decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali declaró nula la Resolución de primera instancia que determinó la pena de 28 años y 3 meses de cárcel efectiva para las cinco personas encontradas como responsables.
Hoy, viernes 1 de septiembre de 2023 se cumplen nueve años del cruel asesinato de cuatro líderes asháninkas de la comunidad Alto Tamaya Saweto, ubicada en la región Ucayali, cerca de la frontera entre Perú y Brasil. Son nueve años en los que familiares de Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez, y Francisco Pinedo Ramírez, siguen sin encontrar justicia.
Hubo atisbos de un avance en la Resolución de la Corte Superior de Justicia de Ucayali (CSJ-Ucayali), que el pasado 27 de febrero determinó en primera instancia la pena de 28 años y 3 meses de cárcel efectiva para Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta en calidad de autores mediatos; y de Eurico Mapes Gomes, Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix en calidad de coautores del delito de homicidio calificado con agravante de alevosía, así como el pago de 200 mil soles por concepto de reparación civil a los deudos de los líderes.
Sin embargo, el pasado 29 de agosto la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali declaró la nulidad de la citada Resolución, devolviendo todo lo actuado hasta el inicio de un nuevo juicio oral, lo que ha desencadenado una serie de reclamos por parte de los familiares de los defensores asesinados, pero también de parte de sus organizaciones representativas. Así, en una reciente conferencia de prensa impulsada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se expresaron reclamos y exigencias desde las organizaciones indígenas y los familiares de los defensores de Saweto.
Los presidentes de AIDESEP y ORAU, Jorge Pérez y Jamer López, respectivamente, hicieron énfasis en la situación de impunidad latente que solo da fuerzas a los actores criminales para que sigan realizando sus actividades. Jamer López enfatizó “¿Hasta cuándo vamos a esperar esta injusticia? La vida de los líderes amazónicos no significa nada para nuestro Estado. Nuevamente la justicia peruana nos demuestra que no existe”.
En la sección de familiares de los defensores de Saweto, se hizo énfasis en la impotencia que viven a lo largo de estos nueve años, que se suman a la que ya vivían desde hace mucho tiempo atrás cuando comenzaron la búsqueda de la titulación de su territorio, y que precisamente las llevó a chocar con los intereses de madereros ilegales que operaban en dicho territorio. Lina Ruíz, hija de Francisco Pinedo señaló “No hay justicia para nuestros padres. Para nosotros, los pobres, los indígenas no hay justicia. 9 años sin justicia. Quiero que ustedes me ayuden a buscar justicia”. En la misma línea, Julia Pérez, viuda de Edwin Chota, señaló “Llevo muchos años esperando justicia. No son 9 meses, son 9 años. O sea, para los que cometen delitos hay justicia, pero para los inocentes no hay justicia. Para los defensores no hay justicia”.
Finalmente, Yusen Caraza, actual abogado de las viudas de los defensores de Saweto señaló que “ha habido diversos errores fiscales que nos lleva a volver al inicio. Existen responsabilidades fiscales y jurisdiccionales. ¿Cuál es el mensaje que deja esta decisión? En medio de esta injusticia quedan las viudas, sus hijos, en desamparo”.
Ciertamente, no es un dato menor que el expediente del caso haya pasado por cinco fiscales distintos. Y por tanto, además del trámite correspondiente, lo actuado deba ser puesto en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia, para las investigaciones correspondientes. Es claro que el mensaje que deja la resolución bajo comentario es de impunidad campante e injusticia, que se suma a una larga historia de invisibilización de los pueblos indígenas. Y que debe ser objeto de interés público en el actual contexto de proliferación de economías ilícitas en el país, que tienen como especial punto de acción la amazonía peruana.
Ver Pronunciamiento de ORAU: