- Desde la sociedad civil, la asociación DAR recomienda al BID asumir su responsabilidad para supervisar, monitorear y fortalecer el cumplimiento de sus salvaguardas.
Viernes, 6 de marzo de 2020.- El borrador del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abre la posibilidad de que el banco disminuya su responsabilidad de participar activamente en el cumplimiento e implementación de sus salvaguardas socioambientales, delegando directa responsabilidad al prestatario, quien actuaría como juez y parte, advirtió la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
“Este rol secundario sobre el cumplimiento de las salvaguardas, es incoherente con la recomendación (y compromiso de la administración) por fortalecer el rol del BID para el cumplimiento de la política, así como de innovar mecanismos y actividades de supervisión ‘en el terreno’”, tal como lo recomendó la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE, por sus siglas en inglés) del BID, afirmó Ricardo Rivera, consultor de DAR.
En diciembre pasado, el BID presentó su documento de borrador de la nueva política de salvaguardas socioambientales para evitar y mitigar los impactos negativos de los proyectos que financia. A la par inició un proceso de consulta pública a las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y personas interesadas, sobre dicha propuesta.
Carolina Juaneda, representante del Bank Information Center (BIC), precisó que las salvaguardas son los requerimientos que los países prestatarios deben cumplir para acceder a préstamos de las instituciones financieras internacionales. “Son los requisitos obligatorios sobre cómo identificar, planificar y gestionar actividades específicas para evitar, minimizar o mitigar riesgos e impactos negativos sociales y ambientales de los proyectos”, comentó.
Condiciones inadecuadas
La asociación DAR resaltó la importancia que el BID mejore su política ambiental y social considerando que, de la evaluación realizada por la OVE, se detectó que de 2011 a 2017 el 77% de los proyectos del BID no cumplían con los requisitos de políticas de salvaguardas, tales como, falta de divulgación de información relevante, evaluaciones ambientales, no se contaba con programas de gestión socioambiental ni con indicios de procesos de consulta.
Según DAR, asociación que participó de las consultas públicas, no se han dado las condiciones adecuadas para la participación efectiva de las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y otros grupos minoritarios en la etapa de consulta. Esto debido a que los de medios usados para la convocatoria, así como la metodología empleada en ambos días de actividades, no permitieron el conocimiento ni la discusión cabal de las salvaguardas para generar y recoger aportes que enriquezcan el borrador consultado.
“Los números de talleres no han sido suficientes en relación con la cantidad de proyectos financiados por el BID y a la presencia que tiene en la región, tampoco hubieron mecanismos de participación diferenciados para pueblos indígenas y población vulnerable.
Aportes al documento
Tras analizar el borrador del Marco de Política Ambiental y Social, la asociación DAR, recomienda al BID que incluyan conceptos y estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros referidos a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.
Por ejemplo, se el borrador incluye criterios no contemplados en los estándares internacionales sobre a quiénes se les considera pueblos indígenas, si bien considera la autoidentificación, también requiere del reconocimiento por parte de terceros y la existencia de apego colectivo; esto quiere decir, que su identidad esté vinculada con hábitats o territorios ancestrales diferenciados. De esta manera se dejaría fuera a muchos pueblos indígenas que han optado por migrar a ciudades por razones vinculadas a la desposesión histórica de sus territorios, desplazamientos forzados y obstáculos para acceder a recursos naturales.
DAR aportó además que se deben “generar y fortalecer los mecanismos de fiscalización y monitoreo de los proyectos, por la propia ciudadanía. Recordemos que en el Perú, estos mecanismos han sido flexibilizados, por lo que la banca, tiene y puede mejorar dichos mecanismos”, aportó DAR.
La asociación civil demandó que la política de salvaguardas del BID garantice el respeto de los derechos humanos fundamentales y sobre el medio ambiente, con el objetivo de “generar desarrollo” y no, como el borrador actualmente plantea, de “no dañar”, lo que debiera incluir un enfoque institucional que privilegie el bienestar y desarrollo sostenible antes que la rápida ejecución de proyectos que asumirían riesgos e impactos negativos.
Consulta previa
Entre los temas que considera relevantes, y de especial interés para los pueblos indígenas, se encuentra lo referido a sus derechos colectivos. En relación a la consulta previa, DAR considera que el borrador del BID le resta importancia a su carácter obligatorio y, además, genera confusiones mediante el uso de términos como la “consulta significativa”. “No podríamos hablar de mejores estándares, sino de debilitamiento”, indicó la asociación civil.
En el caso del consentimiento libre, previo e informado, es necesaria su aplicación sobre todo cuando se trata de desplazamientos físicos o económicos de los pueblos indígenas. Según DAR, “el BID entiende como consentimiento, aquel que puede darse de manera fragmentada y que no se ajusta al espíritu unánime de representación de los pueblos indígenas”. Preocupación que fue alcanzada en las consultas públicas realizadas por el BID, el 3 y 4 de marzo, en Lima.
“Solicitamos expresamente que se respeten nuestros derechos colectivos de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas y otra jurisprudencia internacional”, señaló Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Asimismo, lamentó que las salvaguardas no garanticen el derecho al territorio indígena en áreas sobre las cuales existen procesos de titulación aún pendientes, ni que contengan medidas que respondan al respeto irrestricto de la intangibilidad de los territorios habitados por pueblos en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial. “Solo se hayan declaraciones ambiguas con miras a evitar entrar en contacto”, finalizó.
Por su parte, Leonardo Crippa de Indian Law Resource Center rescató que mucho de las propuestas de los pueblos indígenas son aspectos anteriormente reconocidos no solo por el Banco Mundial, sino por el mismo BID, en su política de 2016, por lo que hizo un llamado para no flexibilizar las salvaguardas.
David Cruz de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia mencionó que muchas de las problemáticas del caso Hidroituango (hidroeléctrica financiada por el Grupo BID) siguen siendo debilidades que no se abordan correctamente en el borrador del BID, referidas al a la vulneración de los derechos humanos y el monitoreo de salvaguardas. Asimismo, recomendó que se incluyan los principios de transparencia y acceso a la información contenidos del Acuerdo de Escazú.
Estas y más observaciones, con propuestas, de las organizaciones indígenas y sociedad civil han sido difundidas en dos pronunciamientos públicos entregados durante los días de consulta del BID en Lima.
EL DATO
El BID es un brazo financiero importante para el Perú. Actualmente, tiene 34 proyectos con créditos aprobados en Perú por US$ 2 198 040 000. Según información del BID, el financiamiento que ha dado al Perú se ha dirigido, principalmente, a los sectores de Transporte (US$ 560 millones), para impulsar o promover procesos de reforma y modernización del Estado (US $ 436.6 millones) y salud (US $ 425 millones).
Tras el término de las consultas pública, el 4 de marzo, se realizó un balance del proceso en el foro “Hacia dónde queremos ir con el nuevo marco de Políticas Ambiental y Social del BID: Propuestas de los pueblos indígenas y sociedad civil” organizado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia, la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación (integrada por CEDLA de Bolivia, AAS de Colombia, Conectas de Brasil y DAR de Perú), el Bank Information Center (BIC) y USAID-WWF.