Lima, 6 de junio de 2018.- Del balance al monitoreo que Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) realizó entre 2013-2017, se identifican mejoras en los mecanismos formales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (portales de transparencia estándar – PTE y respuestas a las solicitudes de acceso a la información) en diversas entidades públicas de las 28 monitoreadas del sector minero-energético y relacionadas con el cambio climático.
Pero estos aún no forman parte de una visión integral de transparencia y lucha contra la corrupción por parte del Estado peruano que a su vez evidencien resultados efectivos de buen gobierno, ello es clave sobre todo en el actual contexto de corrupción que vive el país (al igual que más de una decena de países en la región).
Es decir, aún es una tarea pendiente contar con una política estructural de transparencia, acceso a la información y anticorrupción que se concatene con otros instrumentos nacionales (plan anticorrupción, códigos de ética, etc.), y espacios de diálogo (Contraloría, EITI, Gobierno Abierto, Acuerdo de Escazú, sociedad civil, pueblos indígenas, etc.). Y también con un sistema de monitoreo continuo de información socio-ambiental, contratos y proyectos de inversión en infraestructura y extractivos.
Estas son algunas de las reflexiones que presenta la publicación “Portales de transparencia y solicitudes de acceso a la información: Balance 2013-2017 (minería, energía y cambio climático)” (cuyos hallazgos puedes revisarlos de forma interactiva). Con el apoyo de Open Society Foundations (OSF) del 2013-2017, DAR ha promovido mejores prácticas en transparencia en el sector minero-energético y, posteriormente, en organismos vinculados con el cambio climático.
En el caso de la actualización trimestral de los PTE (sector minero-energético), existe una mejoría en el promedio de cumplimiento de la información mínima obligatoria de 22.5% entre 2013 (60.5) y 2017 (83%). Este es un ejemplo de avance, pero demuestra que aún no se cumple con el 100% de actualización de información según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ello, una iniciativa que debería replicarse en el Estado es la publicación de información más allá de la norma.
Además, se ha producido una mejora respecto al tiempo de respuesta de las solicitudes de acceso a la información desde 2013, pues la mayoría de las instituciones respondieron dentro del plazo de siete días. En el caso de las instituciones del sector minero-energético, el promedio fue de cinco días en el primer semestre de 2016, mientras que en 2013 fue de 13 días. Esto podría ser un ejemplo, de la incongruencia sobre la modificación de la Ley de Transparencia a través del DL N° 1353, que extiende los plazos a 10 días.
La publicación, de igual modo, presenta recomendaciones en los siguientes aspectos: (i) compromisos internacionales en transparencia, (ii) portales de transparencia, (iii) solicitudes de acceso a la información, y (iv) transparencia en licitaciones de proyectos en extractivas e infraestructura. Promover la gobernanza de nuestros recursos naturales es uno de los objetivos de DAR, tarea que viene haciendo desde el 2006.
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