- El seminario web comparte experiencias de las mujeres frente a las actividades extractivas en tiempos de pandemia.
Lima, 29 de julio de 2020.- En el marco del Día Mundial contra la Mega-minería Tóxica, el pasado martes 21 de julio se realizó el Webinario “Actividades extractivas y derechos de las mujeres rurales. Una pandemia más”. Este evento, organizado por el Grupo Regional de Género y Extractivas (GRGE), tuvo como propósito visibilizar la agudización de la vulneración en el acceso y el ejercicio de los derechos de las mujeres rurales por las actividades extractivas en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Así, este espacio contó con la participación de compañeras defensoras de derechos humanos, quienes expusieron sus experiencias y la problemática actual que viven en sus territorios.
Inicialmente, conversamos cómo durante la pandemia se vienen aprobando medidas relativas a la flexibilización de los estándares socioambientales en la región, así como normas que impactan directamente en el derecho de las personas a la libertad de expresión. Beatriz Olivera del Centro de Análisis e Investigación (Fundar), en México, expuso algunos casos en la región donde los gobiernos han buscado impulsar el uso de medios virtuales en los procesos de consulta previa, libre e informada, sin considerar aspectos interculturales ni las brechas tecnológicas y de comunicación existentes en zonas rurales.
En el mismo sentido, Daysi Flores de JASS Mesoamérica, comentó que en Honduras, durante el Estado de emergencia, el Gobierno aprobó un nuevo código penal que relativiza los crímenes ambientales y que, a su vez, castiga severamente actos de manifestación y protesta. Como ella menciona, “esto nos marca bien las pautas […] de que se quiere condenar a las luchadoras y luchadores sociales”.
Asimismo, en este espacio conversamos de qué manera la emergencia sanitaria viene agudizando el impacto de las industrias extractivas en los derechos de las mujeres. Se visibilizaron problemáticas relativas a la sobrecarga de trabajo en las mujeres en su rol de cuidadoras, el aumento de la violencia de género, la falta del acceso a la justicia, y la exacerbación de la situación de vulnerabilidad de las defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente, quienes no pueden continuar organizándose en sus redes comunitarias a causa de la pandemia.
Aunado a lo anterior, Aracely Carbajal, Coordinadora de la vereda de trabajo de Derechos de las Mujeres Indígenas de Tequio Jurídico en México, alertó cómo el acceso a los sistemas de salud y educación ha sido restringido en su comunidad debido a la pandemia. Así, comentó que los servicios de salud no relacionados a la COVID-19 han sido suspendidos y, que en dicho contexto, las mujeres de su comunidad no están siendo atendidas en los centros de salud, sin posibilidad a reclamo alguno. Además, precisó que el servicio educativo está totalmente paralizado en las comunidades y pueblos indígenas. Como señaló “Las niñas y las adolescentes no están accediendo a ningún tipo de educación. Todo está suspendido, todo está paralizado por el Estado mexicano”, mostrando su preocupación por incremento de la brecha educativa ya existente.
De igual forma, las compañeras defensoras expresaron cómo el actual contexto de pandemia ha creado escenarios de extrema inseguridad en las comunidades, particularmente en las mujeres, debido a un potencial contagio por parte de los operadores de las empresas extractivas. Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas en Perú, expresó “en este tiempo del coronavirus se está viendo el incremento de personas afectadas en la actividad minera, transmitiéndose a nivel de las poblaciones”, visibilizando su sentimiento de inseguridad e impotencia ante la situación actual.
Finalmente, este espacio de diálogo ha servido para que las participantes puedan poner en cuestión la mirada que se tiene del desarrollo. Así mencionan que, a pesar de la actual crisis, siguen poniendo por encima los intereses de las empresas extractivas a costa de la salud y la vida de las comunidades, en particular de las mujeres.
Por ello, frente a este contexto de constante vulneración de derechos de las mujeres que viven en entornos extractivos, y el alto índice de violencia y criminalización que sufren las defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente, agudizado por la ´pandemia, vuelve urgente la firma y ratificación por parte de los países latinoamericanos del Acuerdo de Escazú. Este acuerdo dispone de mecanismos para consolidar la democracia ambiental, fortalecer la participación efectiva de las mujeres en la gestión de los recursos naturales, así como garantizar la protección efectiva de las y los defensores de derechos humanos en la región.
Al final de la sesión, Allison Peralta de CooperAcción en Perú y a cargo de la moderación, informó que este evento inicia una serie de conversatorios que el GRGE implementará en la segunda mitad del año.
El dato
- El Grupo Regional de Género y Extractivas (GRGE) está integrado por organizaciones y mujeres de sociedad civil de América Latina y el Caribe, cuya finalidad es construir una red regional que posicione, desde una perspectiva de género, temas prioritarios para las mujeres en contextos de extractivas, a través del análisis, la difusión, así como la articulación de acciones y con redes y movimientos de mujeres.
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- Si te perdiste del seminario web puedes verlo aquí.