Lima, 27 de julio de 2020.- El 6 de julio el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el segundo borrador de su política de salvaguardas. Del análisis realizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) se ha identificado que aún no se resuelven varias de las críticas planteadas en el primer proceso de consulta. “A pesar de presentarse ciertas modificaciones a la anterior propuesta, estas no son sustanciales y no incorporan, de manera adecuada, las observaciones realizadas desde sociedad civil y organizaciones indígenas” indicó Aída Gamboa, coordinadora del programa Amazonía de DAR.
El análisis tiene especial énfasis en los riesgos e impactos sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci), afrodescendientes y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
BID Y LOS DERECHOS HUMANOS
El segundo borrador no cuenta con contenidos claros sobre sus compromisos en materia de derechos humanos. El BID aún mantiene un tratamiento inadecuado y no acorde a estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas. No establece de manera expresa el derecho a otorgar o no el consentimiento previo, libre e informado; ni adecúa su regulación a los criterios más protectores sobre determinación de pueblos indígenas.
Aunado a ello, el BID persiste en su intento por describir qué entiende por pueblos indígenas obviando los estándares internacionales establecidos en el artículo 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además se sigue insistiendo en cláusulas facultativas hacia los prestatarios que no garantizan el principio de “no contacto” y la intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci).
AMBIGÜEDAD Y GOBERNANZA AMBIENTAL
El segundo borrador de salvaguardas del BID aún utiliza lenguaje ambiguo, principalmente, en mecanismos de monitoreo y fiscalización ambiental. Esto preocupa, pues no permite imponer medidas que establezcan sanciones claras. El nuevo texto tampoco toma en cuenta nuestra recomendación de dotar al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) de herramientas adecuadas para imponer medidas sancionadoras y que se remedien los daños que se puedan producir.
De otro lado, aún está pendiente que el BID plantee acciones específicas sobre mecanismos de transparencia, anticorrupción y acceso a la información con enfoques inclusivo e intercultural, lo cual, además, debe incluir cláusulas anticorrupción, así como mecanismos para prevenir y sancionar dichos actos.
SALVAGUARDAS Y COVID-19
Las salvaguardas que ha incorporado el BID en caso de pandemias están referidas a temas laborales, y sobre la evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y lo ha hecho sin establecer el tratamiento específico por la COVID-19.
Tanto en el primer como en el segundo borrador, solo se menciona ese tratamiento, en el caso de pueblos indígenas, para enfermedades endémicas y señala como obligación del prestatario evitar o reducir al mínimo la posible exposición de la comunidad a estas enfermedades o tratar las posibilidades de mejora. Hace falta que se incluya un tratamiento con enfoque intercultural, de género y derechos humanos que respondan de manera efectiva a los impactos diferenciados que sufren estos pueblos en situación de pandemia como la COVID-19.
Y EL PROCESO PROSIGUE
Desde la segunda mitad de diciembre pasado, el BID ha iniciado un proceso de actualización del Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS) para los proyectos o políticas públicas que financia en favor de los gobiernos de América Latina y el Caribe. Un proceso que se desarrolla en un contexto de cambio de su presidencia, lo que ha causado disconformidad en la región. Por tanto, la nueva presidencia se ve en la responsabilidad de demostrar su compromiso concreto con los derechos humanos. Con tan solo 30 días para recojo de recomendaciones en el marco de la segunda fase de consulta, que termina el 5 de agosto de 2020, hacemos un llamado al BID para apostar por un financiamiento sostenible.
Nuestra región requiere de un verdadero compromiso del BID en materia de derechos humanos y en la lucha contra la corrupción. Para ello, el BID debe resolver las incongruencias dentro del MPAS: establecer obligaciones y sanciones claras, y no permitir el financiamiento de proyectos que no cumplan con dichos estándares. Ello reviste de vital importancia, dada la presencia del BID en muchos Estados latinoamericanos, quienes en el contexto de reactivación económica pospandemia empieza a vislumbrar el relajamiento de reglas en las inversiones.