Lima 2 de noviembre de 2020.- Bajo los estándares internacionales vigentes, los Estados son responsables de adoptar e implementar políticas y normativas que garanticen el goce de derechos y pleno desarrollo de la mujer en todas las esferas. El impacto de la industria extractiva en la región, si bien ha sido particularmente negativo para los pueblos indígenas respecto a sus formas de vida y garantía de sus derechos individuales y colectivos, se exacerba cuando se trata de las mujeres rurales, quienes son impactadas de un modo distinto y, muchas veces, más profundo. No obstante ello, es aún poca la atención que el Estado y las empresas vienen prestando a las obligaciones con relación a los derechos de las mismas.
En dicho contexto y con la finalidad de enriquecer el debate sobre los desafíos y oportunidades para promover la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres en contextos extractivos, el pasado 27 de octubre se realizó la presentación del informe regional “Género e industrias extractivas en América Latina: Medidas estatales frente a impactos diferenciados en las mujeres”. Este estudio, elaborado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), presenta dos principales objetivos. Por un lado, busca abordar las principales tendencias regionales en materia de impactos diferenciados de las actividades extractivas en las mujeres. Y, por otro lado, asimismo, busca analizar la inclusión del enfoque de género en los ámbitos normativo y de política pública en cuatro países de la región, particularmente en lo referente a procesos de licenciamiento ambiental, participación ciudadana y consulta previa.
Durante el evento de presentación, Cristina Blanco, investigadora y una de las autoras del informe, señaló que las industrias extractivas vienen impactando en distintos ámbitos de la autonomía de la mujer, y que estos impactos tienen efectos individuales y colectivos. En dicho marco, resaltó, por ejemplo, el incremento de la exposición por parte de las mujeres a situaciones de violencia intrafamiliar y por agentes externos. “Varios de los estudios recogidos coinciden en que las actividades extractivas tienen un importante impacto a la autonomía física de las mujeres: mayor exposición a la violencia, por ejemplo, a nivel intrafamiliar, lo que pude tener factores como libertad de opinión, procesos de desintegración e, incluso, con incremento en consumo de alcohol. Además de ello, no en pocos casos esta violencia se asocia con personas externas que se instalan en las comunidades y con represalias que tienen que ver con procesos de defensas de derechos”, comentó.
Por su lado, Valeria Urbina, especialista del programa Amazonía en DAR, indicó que si bien es positivo que los gobiernos en la región hayan aprobado en las últimas décadas múltiples normativas y políticas generales en favor de los derechos de la mujer, aún son limitados los avances en la inclusión y aplicación efectiva de la perspectiva de género en la gestión ambiental y de los recursos naturales. “Cuando hacemos una mirada más cercana a lo que son los sistemas de evaluación ambiental, lo que se observa es que, en términos generales, la normativa ambiental […] no incorpora el enfoque de género ni visibiliza, de manera adecuada, la necesidad de abordar los impactos diferenciados de las industrias extractivas en los derechos de las mujeres”, precisó.
Soledad García, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mencionó que el citado estudio representa una valiosa herramienta para los Estados en la región, las empresas y el propio sistema interamericano. En ese sentido, destacó que es fundamental seguir visibilizando los impactos críticos de estas industrias en los derechos humanos, aún más en el actual contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19. “El informe es una herramienta valiosa como línea de base sobre el tema, para mirar los impactos agravados que (las industrias) suponen en las mujeres. La pandemia que vivimos ya que pone en un mayor riesgo a las mujeres indígenas y campesinas que viven en la ruralidad. Es importante llevar los hallazgos del informe sobre la nueva realidad que debemos enfrentar”, agregó.
Asimismo, Liliana Ávila, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), resaltó también que el estudio es un gran aporte al movimiento ambiental de América Latina, valorando su énfasis por analizar los actuales déficits que existen en los instrumentos de licenciamiento y explotación de recursos para la garantía de los derechos de las mujeres. “Es muy importante hacer visible que los países no están aplicando, en esos procesos de EIA, una perspectiva de género que garantice identificar, anticipar, evaluar, mitigar, prevenir todos los impactos de una propuesta antes de que se tomen decisiones o que se comprometan los recursos”, refirió. Sobre ello, instó a las instancias competentes a incorporar estudios de género en estos procesos pues, “lo que no se nombra, no existe”.
Soledad García (CIDH/DESCA) 
Liliana Ávila (AIDA) 
Elva Terceros (Bolivia)
Por último y en la misma línea, Elva Terceros, magistrada del Tribunal Agroambiental – Órgano Judicial de Bolivia, indicó que una de las principales limitaciones en el ámbito regional es la falta de desarrollo de los derechos que se encuentran reconocidos en la legislación para actividades, como las extractivas, particularmente cuando se habla de mujeres rurales. “Hay una gran limitación, porque cuando nos adentramos en lo que sería la aplicación de estas disposiciones y cómo podemos exigir a aquel funcionario público, quien va a dar seguimiento o la autorización, que nuestro derecho no se está respetando, nos encontramos con un enorme vacío”. En ese sentido, señaló que es necesario ahondar en mecanismos de regulación, monitoreo y control para la garantía de sus derechos.
Sobre la publicación
El informe presentado busca brindar luces sobre los urgentes retos en la promoción del enfoque de género y los derechos humanos en el sector extractivo. Y, asimismo, cuenta con recomendaciones a los gobiernos, empresas y otros actores de la región, con miras a garantizar los derechos específicos de las mujeres a través de la mejora de los estándares socioambientales en los territorios. De manera particular, insta a los gobiernos a aprobar normas vinculadas a los sectores extractivos que, partiendo de reconocer la existencia de impactos diferentes en las mujeres, garanticen la prevención, mitigación y atención de los mismos de manera efectiva, así como realización de acciones afirmativas de empoderamiento de género. De la misma manera, hace un llamado a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, primer tratado regional en América Latina y el Caribe en materia de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, para su implementación efectiva en los países de la región.
Esta publicación fue posible al apoyo de Oxfam, y se realizó en el marco del trabajo que DAR y DPLF realizan para el Observatorio Regional de Inversiones, Transparencia y Derechos Humanos, así como para el Grupo Regional de Género y Extractivas (GRGE), ambos espacios de sociedad civil que articulan esfuerzos para la incidencia en la problemática presentada.
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