Lima, 11 de junio de 2019.- Durante el Foro Público “Promoviendo la protección y los avances en la defensa de los defensores y defensoras indígenas a 10 años de Bagua”, el pasado 4 junio de 2019, organizado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) se conmemoraron los sucesos en Bagua. A través de las lecciones aprendidas de estos trágicos sucesos, se dialogó sobre la efectiva aplicación de la consulta previa en el país y se mostraron los avances para la protección de las y los defensores indígenas en los ámbitos nacional e internacional.
Actualmente, existen una serie de grandes proyectos extractivos y de infraestructura que necesitan ser consultados y que sus acuerdos sean realmente cumplidos. Lizardo Cauper, presidente de Aidesep señaló que Bagua “se visibilizó porque el Gobierno peruano reconoció la problemática. El Gobierno tiene que garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Tiene que considerar los pueblos que existen en la Amazonía peruana”. En ese sentido, Vanessa Cueto, presidenta de DAR agregó que “por ello, es importante se realice la consulta: previo al otorgamiento del derecho, durante la evaluación de impacto ambiental y al cierre de un proyecto”, siendo importante la recomendación de la Defensoría del Pueblo de efectuar la consulta previa en los estudios de impacto ambiental (EIA).
A pesar de estos sucesos, la consulta sigue siendo un derecho que no se aplica efectivamente, Diego Saavedra de DAR, recordó que para el caso de la Hidrovía Amazónica las organizaciones indígenas lograron la consulta previa del proyecto (TdR y contrato) a través de una acción judicial, y actualmente, exigen se consulte el estudio de impacto ambiental (EIA). Indicó que para la elaboración del EIA no se contó con información clara sobre los puntos de dragado y hasta ahora no se ha cumplido con la totalidad de los acuerdos tras consulta al TdR y contrato del proyecto.
Bagua representó un hito importante para la lucha indígena, Teresita Antazú de la Unión de Nacionalidades Asháninka-Yanesha (UNAY), base de Aidesep, manifestó que después del Bagua los pueblos indígenas se visibilizaron, una muestra de ello fue precisamente el reconocimiento mediante Ley del derecho a Consulta. Luego de ser perseguida y sometida en un proceso judicial de seis años, Teresita pudo ser absuelta de cualquier responsabilidad en 2018. Ella saludó los avances por parte del Estado, pero resaltó que aún hay pendientes “Nosotros sacamos una lección. Se derogaron los decretos legislativos. Estos 10 años no se deben de olvidar. Que nos sirva de lección ¿El Estado peruano que está haciendo después de esta experiencia?”.
#DefenderAlosDefensorxs
Rememorar los sucesos acontecidos en Bagua aquel 5 de junio, llevaron a reflexionar sobre cuál ha sido el manejo de estas personas que están defendiendo sus tierras, territorios y medio ambiente. Así, Tuntiak Katan, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) presentó la mirada indígena para la defensa de defensores y defensoras, a través del programa que vienen impulsando entre sus nueve bases nacionales. Este programa busca articular acciones bajo tres objetivos: apoyo legal, documentación y comunicación e incidencia. Actualmente, se encuentra en una fase de elaboración de protocolos de acción y recogerá los avances internacionales y regionales sobre este tema.
“A los defensores de medio ambiente se los juzga por crimen organizado», sentenció Duberlí Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial. Por ello, calificó valiosa la implementación del Acuerdo de Escazú, pues brindará garantías para la justicia, protección y reconocimiento de las y los defensores indígenas. De igual modo, reconoció la aprobación del Protocolo de Defensores aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hace unos meses.
Gabriela Paliza, Directora de Información e Investigación Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), precisó que los ministerios involucrados en la ratificación del Acuerdo de Escazú han señalado que “no es necesario la modificación de alguna norma con rango de ley» para su implementación. Informó, además, que pare dicho proceso el Ministerio de Relaciones Exteriores está elaborando el expediente con las opiniones de los diferentes sectores a elevarse al Congreso de la República.
Paliza reiteró el compromiso del Minam por ratificar y promover el Acuerdo. Asimismo, de visibilizar los algunos de avances del Estado en información y participación ambiental, de tal manera motive a otros sectores seguir la misma línea. También explicó que el Minam viene adoptando algunas de las disposiciones que establece Escazú: se cuenta con una directiva para elaborar los informes del estado del ambiente (mínimo c/5 años) y el “proceso de reglamentación del Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia) está adoptando algunos de sus conceptos”. Por su parte, Carlos de Miguel de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entidad encargada del proceso de negociación de este tratado convocó a los Estados de América Latina y el Caribe a ser pioneros como Guyana y ratificar el Acuerdo.
El reconocimiento de la lucha indígena en diferentes esferas, para el respeto efectivo de sus derechos a laparticipación, consulta, acceso a la información, salud, acceso a la justicia y la defensa de las y los defensores de tierra, territorio y medio ambiente , es una preocupación latente, pero posible. Las acciones presentadas en el Foro son una muestra de ello, la defensa de defensores indígenas requiere sumar esfuerzos de sociedad civil, Estado y organizaciones indígenas.
El evento fue posible gracias al apoyo de Charles Stewart Mott Foundation, la Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur 11.11.11, Open Society Foundations, Oxfam, Rainforest Foundation Norway, la Coalición Regional por la Transparencia y Participación y Promoviendo Principios Rectores desde los Pueblos Indígenas.
Nota al Editor:
- Durante la semana del 3 al 7 de junio, Aidesep realizó diferentes actividades en conmemoración de los 10 años de Bagua; entre ellos la jornada de trabajo del Programa de Defensa para Defensores Indígenas de la COICA con participación de dirigentes y dirigentes de las bases nacionales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador.
- Acuerdo de Escazú es el primer instrumento regional para la protección de las y los defensores ambientales, que establece estándares para institucionalizar derechos humanos ambientales como el acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. El Acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 por 24 países de América Latina y el Caribe. Se necesita que 11 países firmen y ratifiquen el Acuerdo para que entre en vigor hasta setiembre de 2020. A la fecha 16 países lo han firmado, pero solo uno, Guyana, lo ha ratificado.